Pilas de expedientes, de a miles, arrumbadas en los escritorios de los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal lomense. Fiscalías que, de un día para otro, dejan de existir. Creación de otras nuevas. Mudanzas de a decenas. Invención permanente de “fiscalías temáticas”, fiscalías descentralizadas, como supuesta herramienta para la solución a un sinfín de problemas que las modificaciones implementadas, paradójicamente, no hacen sino agravarlos día a día.

Así, la Fiscalía General de Lomas de Zamora instrumenta, de un modo improvisado, arbitrario y caótico, una serie de reformas en la estructura funcional de las Fiscalías, siguiendo la línea que baja la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

Una muestra elocuente de ello se puede encontrar en la existencia de más de 50 resoluciones que desde principios de octubre de 2017 hasta abril del corriente año fueron dictadas por la Fiscalía General de Lomas de Zamora para el “armado” de la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal local. No bastó con una o dos resoluciones, que podrían denotar un sistema convenientemente elaborado. Por el contrario, fueron decenas de decisiones administrativas, que -aclaran- dejan sin efecto y amplían constantemente las anteriores resoluciones que el mismo organismo dictó tan sólo unos meses atrás. La sucesión de modificaciones del diagrama de las fiscalías ha sido, desde octubre hasta el presente, una constante.

Sin embargo, todo eso se hace sin crear un solo cargo nuevo. Los operadores del sistema siguen siendo los mismos, y lo que es peor, sienten cada vez más inestabilidad y desazón. Las “carpetas” psiquiátricas -como suele denominarse al procedimiento por el cual los empleados y funcionarios se encuentran con licencia de esa índole- están a la orden del día.

Fuentes tribunalicias consultadas por este medio, en off de record, dan cuenta que la tensión que reina entre quienes trabajan en las fiscalías no registra precedentes.

No es necesario ser psicólogo ni experto en recursos humanos para saber que las recurrentes mudanzas y mutación de funciones constituyen unas de las causas principales del estrés laboral.

Las caras largas por los pasillos internos del “Edificio” (como le llaman puertas adentro al inmueble en que desarrollan sus funciones los fiscales de Lomas de Zamora, emplazado en Camino Negro y Larroque, en Banfield) se multiplican por doquier y redundan, a la postre, en una pésima administración del ¿servicio de justicia?, del que las fiscalías son una pata fundamental, pues deben probar los hechos delictivos llevados a su conocimiento.

El edificio central de los tribunales lomenses se ha transformado desde hace ya muchos años en un lugar indigno para cumplir tareas laborales como las que se les confía a las fiscalías. Falta de mantenimiento adecuado, suciedad que denota una prolongada dejadez (por ejemplo, los vidrios internos presentan un desaseo tal que, a simple vista, es posible advertir en ellos la acumulación de heces de aves que revoletean por la zona, sin que el Estado provincial evite semejante indignidad), escasa presencia policial para dotarlo de la seguridad esperada, son algunas de las notas que caracterizan a la desidia de quienes comandan la Fiscalía General.

Al menos cinco de los funcionarios consultados, por lo bajo admitieron que existe un sector de la Fiscalía General que pone empeño para encarar los múltiples problemas, pero que, finalmente, todo termina por diluirse sólo en buenas intenciones que nunca se cristalizan.

Qué decir, entonces, de los edificios anexos donde “fiscalías temáticas” como las de violencia de género y de delitos culposos desarrollan sus tareas. Una de ellas, ubicada a escasos metros de la estación de servicio de Camino Negro y Larroque conocida como “La Casita” (antiguo reducto en el que -se dice- supo funcionar un burdel), con acceso sobre una calle de tierra que presenta descomunales baches que la Municipalidad se resiste a asfaltar. El lugar se encuentra ubicado sobre una precaria construcción cuyos interiores de oficinas se encuentran separados por desprolijos paneles de cartón y en el que los funcionarios se ven a obligados a anidar felinos para neutralizar el permanente acecho de los roedores.

El otro, tristemente conocido como “Cromagnon”, por el ostensible riesgo que entraña para la integridad física de sus usuarios, se trata de una construcción que perteneció a un corralón de materiales, en el cual es común ver la libre circulación de canes, sin que quienes allí trabajan siquiera se inmuten ante tal circunstancia.

“Empleados” que atienden las mesas de entradas de las fiscalías -por lo general, sacrificados estudiantes de abogacía-, que carecen de al menos un contrato laboral precario, a quienes sólo la Procuración General de la Provincia les provee de un seguro contratado por una ART. No perciben oficialmente un solo centavo por sus tareas, sino apenas un ingreso informal a través de colectas (“vaquitas”) que efectúan los funcionarios de mayor rango de cada fiscalía con fondos que salen de sus propios bolsillos como una magra retribución que, obviamente, depende de su buena voluntad. Pero además, el organismo rector del Ministerio Público Fiscal, mirando esa penosa realidad para un costado, sí dispone de erogaciones, pero para “cubrirse” ante cualquier accidente laboral que pudieran sufrir.

La naturalización pura y dura de lo anómalo. Una verdadera patología estatal que golpea duramente a los funcionarios y empleados, pero también, en definitiva, a los justiciables.

Los funcionarios y empleados de las fiscalías se encuentran sumidos en un desconcierto inédito en la historia del Ministerio Público local. Fruto de la constante rotación de fiscalías y recursos humanos, no pueden saber a ciencia cierta si las investigaciones que hoy encaran podrán ser tramitadas por ellos mismos hasta su terminación (cuentan con cuatro meses prorrogables por otros seis más, desde que reciben declaración a los imputados). Se torna imposible, en tales condiciones, que el sistema funcione con un mínimo de previsibilidad y mesura.

En ese mismo orden, es conocido que los fiscales y sus colaboradores se ven permanentemente obligados a desempeñar sus tareas muy por fuera del horario reglamentario (de 8 a 14 horas), extendiendo sus jornadas generalmente hasta no menos de las 17. Y si sus fiscalías se hallan de turno, el horario de trabajo es incierto, incluida la concurrencia durante los fines de semana y la evacuación de consultas e impartida de directivas a la Policía las 24 horas del día. Para ello, en muchos casos, los funcionarios se ven obligados a utilizar sus propios teléfonos (no rentados por la Procuración General).

Para el desempeño de sus tareas no cuentan siquiera con un uso adecuado del servicio de la red de Internet, debiendo acudir, en sustitución de tan elemental falencia para los tiempos que corren, a una frondosa imaginación que redunda en la pérdida de tiempo y en la obvia imposibilidad de llevar delante de manera eficiente sus pesquisas. “Lo atamos con alambre”: un recurso bien argento, que en las fiscalías conocen muy bien.

El organismo pericial dependiente del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora (Instituto de Ciencias Forenses) carece de elementales recursos técnicos y humanos para asistir la labor de las fiscalías, que, en tales condiciones, deben permanentemente echar mano a las oficinas periciales del ámbito policial.

La morgue, que funciona en el mismo predio (por detrás del estacionamiento del edificio central de Larroque y Camino Negro), no da abasto, y es, además, permanente blanco de sospechas de maniobras irregulares que motivaron distintas investigaciones por la comisión de delitos en su propio ámbito.

Una verdadera lucha desigual frente al delito; en particular, cuando los delincuentes tienen cierto nivel de organización o revisten un poderío económico que les permite recurrir a buffets de abogados de gran envergadura.

El sistema es deplorable, sí, pero son sus maltratados operadores -sobre todo, los fiscales- quienes quedan permanentemente sometidos al escarnio público cuando no se logra dar una mínima respuesta a quien se considera víctima de un delito, y tanto más, cuando un crimen o cualquier otro ilícito de gravedad queda impune.

Matar al mensajero…

Por otra parte, y como conformando un combo perfectamente perverso, el atraso salarial es tan evidente que un fiscal, según su antigüedad, puede percibir como ingreso “de bolsillo” alrededor de un 40 por ciento menos que uno de igual categoría funcional en la Justicia Federal o en la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mucho decir ya.

Tampoco existe para los funcionarios y empleados de las fiscalías un reconocimiento salarial acorde con la fenomenal extensión de las tareas que les toca afrontar. Su sueldo es exactamente el mismo que el de cualquier otro fuero (laboral, civil y comercial, contencioso administrativo, etcétera), en los cuales el horario reglamentario se cumple a rajatabla.

Una iniquidad insólita, si nos estamos refiriendo nada menos que a la labor vinculada a la administración de justicia, pero particularmente, a la del esclarecimiento del delito en la región.

La grandilocuente “reforma judicial”

El pasmoso panorama expuesto no parece ser advertido por el gobierno provincial, a pesar de que días atrás anunció de manera rimbombante un paquete de reformas al sistema judicial en el que él mismo destacó diez proyectos de ley que enviará al Congreso, publicado en los más importantes medios nacionales de comunicación social. Es que, sorprendentemente, ninguno de esos puntos contempla uno solo de los acuciantes inconvenientes que afrontan las fiscalías del Conurbano, ni particularmente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que debe lidiar con la zona más “caliente” del delito.

Las reformas impulsadas por la Gobernación bonaerense ponen sólo el foco en el modo de selección de los jueces y fiscales para dotarlo de mayor transparencia en el funcionamiento de una escuela judicial y en la modificación de leyes procesales. Todo pareciera ser muy plausible. El problema -se quejan en los corrillos de las olvidadas fiscalías- es de qué manera ello mejorará en los hechos el funcionamiento del sistema, si se le sigue dando la espalda a los operadores del mismo, y el alicaído equipamiento del Ministerio Público Fiscal continúa exactamente igual.

En definitiva, el aire esperanzador que, al inicio de su gestión, el gobierno provincial pareció insuflar en el ánimo de los funcionarios y empleados de las fiscalías, principalmente en el supuesto embate a las prácticas corruptas, empieza hoy a desmoronarse a pedazos frente a las execrables condiciones laborales y de infraestructura y tras asistir atónitos al paquete de reformas al sistema judicial, que parece ignorarlos por completo.

RECUADRO

ENRIQUE FERRARI - FISCAL GENERAL

“Magia no puedo hacer”

Ante las denuncias de las malas condiciones de los Tribunales de Lomas de Zamora, el fiscal general Enrique Ferrari habló con Política del Sur respecto de la situación del departamento y admitió algunos de los problemas surgidos de la presente investigación.

¿Cuál es la situación del Departamento Judicial de Lomas de Zamora?

-En diciembre de 2013, cuando me hago cargo de la Fiscalía General, la doctora (María del Carmen) Falbo (por entonces, Procuradora General de la provincia de Buenos Aires), me encomendó que el Departamento Judicial de Lomas de Zamora sea la excepción, que no toque nada, que mantenga las fiscalías de Instrucción y las de Juicio en forma separada. Luego, para ponerme a tono con la ley vigente, tuve que realizar una serie de cambios: ahora son fiscalías de Instrucción y Juicio, tuve que efectuar las reformas para no estar fuera de la ley. Previamente, antes de rectificar, mantuve tres reuniones con todos los fiscales del departamento judicial y con la mayoría de personal jerárquico de las fiscalías. Éramos más de ochenta personas en las mismas, y al finalizar los encuentros, los invitaba a todos a que, si tenían una idea superadora, me la comuniquen, inclusive de manera privada. Tenga en cuenta que estoy al mando de más de 700 personas.

¿Cómo llegó a Lomas de Zamora?

-Antes de venir a trabajar como fiscal en Lomas de Zamora, lo hacía en San Isidro, donde lo tuve que sufrir y padecer al (ex) fiscal general doctor Julio Novo. El sí que no atendía a nadie. En cambio, justamente por aquella pésima experiencia, las puertas de mi despacho están abiertas para todo el mundo en esta fiscalía, hasta vienen a contarme sus problemas personales. Solamente a modo de ejemplo le digo, hace muy poco le autoricé el traslado a Azul de una empleada que trabajaba aquí y me solicitó el cambio por que se había divorciado. Lo que quiero que sepa es que alguna sensibilidad tengo.

¿Cómo tomó las críticas realizadas a la situación del departamento?

-Me gustaría que esa gente que le manifestó su descontento (a Política del Sur), me vengan a ver a mí y no al periodismo. Es de destacar que tengo más de veinte vacantes que no se cubren hace más de un año, el trámite es complejo. En primer lugar, los tengo que proponer a la Procuración General y luego culmina en la Suprema Corte de provincia de Buenos Aires. Con esa falencia, el trabajo se resiente.

¿Cambió algo la situación con la llegada de Conte Grand?

-A poco de asumir, el doctor Julio Conte Grand vino a visitarnos y se agarraba la cabeza por el mal estado de las instalaciones, que una prioridad de gestión iba a ser las condiciones de trabajo de la gente. Además, ahí me comentó su idea de que los inmuebles deberían ser propiedad de la Provincia para poder realizar las modificaciones que hagan falta. No hay meritorios, ahora ingresan como pasantes, firmamos convenios con la Universidad de Lomas de Zamora y con el Municipio. Cuando ingresé a Justicia, en mis primeros tiempos fui meritorio. Magia no puedo hacer. El presupuesto del que dispongo no es propio, una parte importante es de la Procuración General de la Provincia y otro poco es del Municipio. Por lo tanto, magia no puedo hacer.