El Grupo Provincia presentó en 2017 a la Justicia el pedido de liquidación del megaproyecto inmobiliario de Avellaneda Estrella del Sur. Las familias inversoras tomaron medidas para frenar la solicitud y continuar con lo pactado.

La obra comenzó en 2009 con la proyección de un complejo inmobiliario de cuatro torres compuestas por un total de 924 departamentos en 26 pisos, que está avanzado sólo en un 40 por ciento. Es un gran edificio de hormigón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 500, a dos cuadras de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, partido de Avellaneda.

La primera fecha estimada para la finalización era 2014 pero luego se postergó hasta el 2019. La obra progresó hasta fines del 2017, cuando se presentó la liquidación, y a la fecha, la edificación está parada.

En octubre último, durante una Asamblea con los propietarios, Bapro Negocios expuso la posibilidad de la liquidación. La propuesta fue rechazada por unanimidad; sin embargo, la entidad financiera presentó al mes siguiente la liquidación ante la Justicia. “Considero que fue un procedimiento incorrecto que Bapro empleó y que no tenía atribuciones, puesto que no fue respetada la voluntad de la Asamblea como órgano máximo del fideicomiso”, aseguró Haydeé, una de las damnificadas.

Los años de inversión sobre la propiedad de las 900 familias que se apuntaron en el proyecto se vieron truncados. Al aire del programa radial Política del Sur, la expectante propietaria consideró que elevar la liquidación es “el equivalente de presentarse en quiebra”, y estimó: “Si la Justicia no lo revierte, vamos a ir a un remate donde nos van a pagar dos pesos con cincuenta.”

“Desconocemos por qué Bapro quiso producirnos este daño. El dinero que tiene es plata nuestra”, confirmó. La obra está administrada desde el Grupo Provincia, pero la financiación se sustenta con la venta de las unidades: de los 924 departamentos disponibles, el máximo de venta fue 900, de los cuales 480 continúan con el aporte. Los contratos del resto se cayeron.

Desde los adherentes propusieron un proyecto que implica la reanudación global de la obra solventada desde los aportes de quienes continúan con la compra de la pieza y la venta de los departamentos vacantes. Hasta el momento, la construcción está detenida y aguardan la definición de la Justicia.