El Ministerio de Justicia destituyó a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora, Marta Elena Castañón, al concluir que no transfirió al Estado los remanentes de recaudación que le correspondían: un total $117.246.510,53.
El Ministerio de Justicia destituyó a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora, Marta Elena Castañón, al concluir que no transfirió al Estado los remanentes de recaudación que le correspondían: un total $117.246.510,53.
Castañón era titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.
La Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial, indica que "a la sumariada se le reprochó el incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos".
Se trata de la parte de los aranceles que cobran los registros por cada trámite y que, por norma, pertenece al Estado Nacional desde el momento mismo del cobro.
En julio de 2024, lo adeudado era de $ 10.365.253,33; en agosto fue $ 18.994.258,14), en septiembre fue de $ 10.000.000 y en octubre, $ 7.539.315,27. Al mes de noviembre la suma era de $ 7.349.674,10 y en diciembre de $ 8.459.372,65. en enero de 20205 la suma fue de $ 10.000.000,00) y al período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero fue de $ 858.587,17.
Según Ámbito, la instrucción sumarial había calculado el daño patrimonial en $73.566.460,66 de capital, pero la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó luego esa cifra al 15 de septiembre de 2026 y, con los intereses y otros componentes de la deuda, la elevó a más de $117 millones.
La mujer atribuyó la falta de depósitos a un desfinanciamiento de los registros a su cargo, se quejó de que las autoridades nunca respondieron sus reclamos -entre ellos, un pedido para saldar la deuda en cuotas- y planteó que otras seccionales atravesaban problemas similares o gozaban de mejores condiciones, como aumentos arancelarios o beneficios impositivos.
El Gobierno aclaró que las dificultades económicas de una oficina no habilitan a usar fondos públicos para tapar sus desequilibrios, que recordó que esos costos forman parte del riesgo que asume cada titular.
Además, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, sobre unas 1.400 seccionales en todo el país, solo 14 registran deudas, y 10 de ellas ya están bajo sumario.
La remoción se fundamentó en el incumplimiento de la obligación de depositar los remanentes dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. La resolución instruyó a las áreas competentes a impulsar las acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, con los intereses calculados al momento del cobro. Castañón podrá presentar un recurso de reconsideración.