La oposición pide interpelar a funcionarios municipales por cuestionar cámaras de seguridad instaladas por vecinos

Concejales de la oposición de Avellaneda presentaron un proyecto de decreto para solicitar explicaciones a funcionarios municipales por el episodio ocurrido en Wilde, donde vecinos denunciaron que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les exigió retirar las cámaras de videovigilancia que habían instalado para reforzar la prevención del delito en la zona.

La iniciativa lleva las firmas de los concejales del bloque PRO Lucas Yacob y Yésica Argañaraz, y del edil del bloque Avellaneda primero, Damián Paz. El pedido apunta a que comparezcan ante el Honorable Concejo Deliberante el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, y Sabrina Soledad González, directora de Participación Ciudadana y Asistencia a la Víctima, señalada en el expediente como la funcionaria que habría intervenido directamente en el procedimiento.

El conflicto se originó en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Yapeyú, en Wilde, donde un grupo de residentes había colocado cámaras de seguridad para registrar hechos delictivos y contribuir a la protección del barrio. Según trascendió a partir de la publicación de un vecino en redes sociales, personas que se presentaron como integrantes del área de Seguridad municipal se acercaron al lugar y les exigieron que retiraran los dispositivos.

El episodio tomó estado público a partir de un registro audiovisual en el que se observa un intercambio entre una mujer que se presenta como funcionaria municipal y los vecinos. En ese diálogo, la representante del Municipio cuestionó la instalación de las cámaras y planteó interrogantes sobre la difusión de las imágenes de los delitos. Entre las expresiones que se le atribuyen aparecen: “¿De qué sirve subir un video?” y “¿Con eso se conforman los vecinos? ¿Tener un video particular y subirlo?”.

A partir de esa situación, los concejales opositores plantearon una serie de interrogantes sobre los fundamentos de la intervención municipal y las facultades de los funcionarios para exigir el retiro de dispositivos particulares. En el proyecto también señalaron que, hasta el momento, no se conocen públicamente los argumentos normativos y administrativos que respaldaron esa actuación.

Entre los puntos que buscan esclarecer, solicitaron conocer si González actuó por iniciativa propia, por instrucciones de sus superiores jerárquicos o en cumplimiento de alguna disposición administrativa. También reclamaron que se informe cuál es la normativa municipal, provincial o nacional que eventualmente habilitaría a los funcionarios de Seguridad a exigir el retiro de cámaras instaladas por los vecinos.

El proyecto contempla, además, que el Ejecutivo remita al Concejo las actuaciones administrativas, órdenes de servicio, actas o informes vinculados con el procedimiento; la identificación de los agentes municipales que participaron, con sus respectivos cargos y dependencias; quién dispuso la intervención y qué instrucciones impartió, y si existían denuncias o reclamos previos que motivaran la presencia de los funcionarios en el lugar.

Los ediles fundamentaron el pedido en las atribuciones de control institucional del cuerpo legislativo y en la necesidad de esclarecer lo ocurrido, en un contexto de preocupación vecinal por los robos y las entraderas. En ese sentido, sostuvieron que la iniciativa de los residentes debe analizarse considerando su derecho a procurar medidas de protección, dentro del marco de la legislación vigente.

El expediente, ingresado el 10 de noviembre, invoca el artículo 108, inciso 7, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que contempla la convocatoria del intendente o de los secretarios municipales a sesiones del Concejo Deliberante para brindar informes. La propuesta establece que la citación deberá notificarse con una anticipación mínima de cinco días.