Un joven de 24 años de Lomas de Zamora recibió llamadas en las que lo amenazaban con divulgar supuestas consultas realizadas en una página de servicios sexuales, los interlocutores conocían sus datos personales y los de su familia, y utilizaban esa información para exigirle dinero.
Ante el temor de que cumplieran las amenazas, la víctima transfirió $200.000 y luego decidió denunciar el hecho en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora, el 11 de julio. Finalmente, la investigación terminó con la desarticulación con una banda de presos a cargo de un "call center tumbero".
Según indicaron a Política del Sur, la causa permitió descubrir una presunta organización que utilizaba perfiles falsos para captar usuarios y después se hacía pasar por administradores del sitio “Gemidos” para extorsionarlos.
Uno de los mensajes empleados simulaba una notificación formal de la página e informaba sobre una supuesta multa de $500.000 por “uso indebido del sistema”, además de incluir un código QR y solicitar que el destinatario se comunicara para resolver el inconveniente
Según la investigación, los extorsionadores también enviaban audios y realizaban llamadas en las que mencionaban a familiares y domicilios de las víctimas, con advertencias para presionarlas a realizar los pagos
Los detectives de la DDI de Lomas de Zamora analizaron comunicaciones, líneas telefónicas y movimientos de dinero, y establecieron que cada integrante habría tenido una función dentro de la maniobra: captar usuarios, realizar las amenazas y recibir o redistribuir las transferencias
La pesquisa identificó a tres hombres alojados en distintas cárceles bonaerenses y a dos mujeres que habrían intervenido en el manejo del dinero.
Con intervención de la UFI 19 y autorización del Juzgado de Garantías 6, se realizaron seis allanamientos en Billinghurst, Isidro Casanova y tres unidades penitenciarias de General Alvear, Florencio Varela y González Catán.
Los procedimientos terminaron con cuatro detenidos: Marina Soledad Cheveste, Alen Lucas Aguirre Pérez, Mauro Leonel Fretes Martínez y Rolando Robustiano Lescano, mientras que otra fue aprehendida y luego recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.
Durante los operativos secuestraron cinco teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación, que continúa por los delitos de extorsión en concurso real con encubrimiento agravado y amenazas.