Unos 50 gremios demandan a Caputo y Lugones por los fondos de las obras sociales

Una coalición de alrededor de 50 organizaciones sindicales prepara una presentación judicial contra el Gobierno nacional para exigir la liberación de 688 mil millones de pesos que, según sostienen, pertenecen al sistema de obras sociales y permanecen bajo administración estatal. La iniciativa es impulsada por el titular de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, y cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, y de la UOM Capital. La presentación incluirá una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que el Estado mantiene retenidos recursos destinados al financiamiento de la salud de los trabajadores.

El reclamo comprende dos partidas. Por un lado, unos 288 mil millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), depositados en un plazo fijo del Banco Nación. Se trata de recursos destinados a financiar reintegros a las obras sociales por prestaciones médicas de alta complejidad y tratamientos vinculados con discapacidad.

Los otros  mil millones de pesos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud. Estos recursos están relacionados con el acuerdo de pago que realizó la prepaga OSDE en 2017, luego de una controversia por aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios.

La decisión de avanzar por la vía judicial se tomó durante un encuentro encabezado por Barrionuevo en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), del que también participaron representantes de distintos gremios. La iniciativa sumó el respaldo de la UOM Capital, conducida por Roberto Bonetti, y del Sindicato de Comercio, que administra OSECAC, una de las obras sociales con mayor cantidad de beneficiarios del país, con aproximadamente 1,2 millones de afiliados.

Además de exigir la restitución de los fondos, las organizaciones sindicales reclamarán una actualización del nomenclador que utiliza el Estado para reconocer los gastos en medicamentos de las obras sociales. Según el planteo gremial, los valores permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años y actualmente permiten recuperar apenas el 10% de los costos que afrontan las entidades por esos tratamientos.

La situación financiera de las obras sociales se convirtió en uno de los principales focos de preocupación de las organizaciones sindicales, que advierten sobre las dificultades para sostener las prestaciones médicas, afrontar los tratamientos de alto costo y cumplir con los pagos a prestadores.

La iniciativa también expone diferencias dentro del movimiento obrero respecto de la estrategia para enfrentar la crisis del sistema de salud sindical. Mientras el sector que responde a Barrionuevo impulsa una ofensiva judicial y reclama medidas de mayor alcance contra el Gobierno, la conducción de la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, aunque hasta el momento no se alcanzó un acuerdo.

Desde el espacio del dirigente gastronómico cuestionaron la falta de resultados de esas negociaciones y reclamaron una respuesta más contundente de la central obrera. En paralelo, Barrionuevo anticipó su rechazo a la posibilidad de realizar un paro parcial de dos o cuatro horas y volvió a plantear la necesidad de convocar a una huelga general de 36 horas con movilización contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, UTHGRA anunció una jornada nacional de paro y movilización para el 16 de noviembre, frente al Ministerio de Capital Humano. Entre sus reclamos figuran la entrega de las certificaciones de autoridades sindicales correspondientes a las elecciones de diciembre pasado y la homologación del último aumento salarial.

La disputa por los fondos se produce en un contexto de creciente presión financiera sobre las obras sociales. Según fuentes de la CGT citadas en la información, cerca del 90 por ciento de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a cubrir prestaciones por discapacidad, lo que reduce la disponibilidad para reintegros por medicamentos y tratamientos de alta complejidad.

El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y asesor de la CGT, advirtió sobre el impacto de la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los costos médicos sobre el sistema. La presentación judicial que preparan los sindicatos busca recuperar recursos que consideran fundamentales para sostener la atención sanitaria de millones de trabajadores y sus familias, en medio de un conflicto que suma un nuevo capítulo a la disputa entre el sindicalismo y el Gobierno nacional.