PROVINCIA | 28 OCT 2026
FUERTE ACUSACIóN
Denunciaron penalmente a Lucas Ghi por el cobro de la tasa COVID y piden derogar la ordenanza en Morón
El concejal de La Libertad Avanza Pablo Ezequiel Tozzi presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Morón para que se investigue la continuidad de la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica (TEPE), creada durante la pandemia. También impulsó un pedido en el Concejo Deliberante para derogar la normativa.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, quedó bajo cuestionamiento judicial a partir de una denuncia penal presentada por el concejal de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Ezequiel Tozzi, quien solicitó que se investigue el cobro de la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica (TEPE), conocida públicamente como la “tasa COVID”, pese al fin de la emergencia sanitaria que motivó su creación.
La presentación fue dirigida al agente fiscal en turno de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón y apunta al jefe comunal y a los funcionarios del Departamento Ejecutivo que hayan intervenido en la reglamentación, liquidación, percepción y administración del tributo.
En el escrito, Tozzi pidió investigar una eventual comisión de delitos contra la administración pública. Sin embargo, la denuncia no implica que exista una determinación judicial sobre la comisión de irregularidades, sino que busca que la Justicia analice los hechos planteados y establezca si corresponde atribuir responsabilidades.
El concejal fundamentó su presentación en tres aspectos centrales. En primer lugar, cuestionó que la tasa continúe exigiéndose después de haber finalizado la emergencia sanitaria que le dio origen, sin que —según sostuvo— se advierta la prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado que justifique el cobro.
En segundo término, solicitó que se examine la correspondencia entre los montos efectivamente exigidos a los contribuyentes y aquellos autorizados por la ordenanza tributaria. Por último, reclamó que se investigue el destino de los fondos recaudados a través de ese concepto.
La denuncia aclara que no pretende que el Ministerio Público Fiscal resuelva en abstracto la validez de una ordenanza, sino que investigue hechos concretos vinculados con la exigencia y administración del tributo. En ese marco, solicita determinar si las conductas denunciadas encuadran en alguna de las figuras previstas en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal.
Un tributo creado durante la pandemia
La Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica fue aprobada por el Concejo Deliberante de Morón en julio de 2020, en plena emergencia por el coronavirus. Según se informó entonces, el gravamen estaba destinado a afrontar gastos vinculados con la crisis sanitaria y económica, y alcanzaba a determinados establecimientos de grandes superficies que habían permanecido abiertos durante la cuarentena.
La continuidad del tributo ya había generado cuestionamientos públicos. En febrero de 2025, el diputado nacional del PRO Martín Yeza denunció que el Municipio de Morón seguía cobrando una tasa vinculada con el COVID-19.
Ahora, la presentación de Tozzi lleva la controversia al terreno judicial y pone el foco no solamente en la vigencia del gravamen, sino también en la legalidad de su aplicación, los importes cobrados y la utilización de los recursos.
También pidió derogar la ordenanza
En paralelo con la denuncia penal, Tozzi presentó un pedido en el Concejo Deliberante para que se derogue la ordenanza que establece la tasa. La iniciativa apunta a que el cuerpo legislativo local debata la continuidad de un tributo creado en un contexto sanitario excepcional.
De esta manera, el concejal libertario busca avanzar por dos vías: por un lado, que la Justicia investigue las circunstancias en las que se mantiene y administra el cobro; por otro, que el propio Concejo Deliberante revise la normativa que le da sustento.
El planteo abre una nueva discusión sobre la política tributaria del gobierno municipal de Lucas Ghi y sobre la continuidad de gravámenes surgidos durante la pandemia. El alcance de las responsabilidades que pudieran corresponder dependerá de lo que determine la investigación judicial.
