Las “paritarias libertarias” siguen pisadas y promueven la pérdida salarial

El alivio experimentado por el gobernador Axel Kicillof al lograr firmar las principales paritarias del Estado –trabajadores públicos y docentes –duró apenas unos días. Esta semana, un congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) confirmó el casi unánime rechazo a la propuesta firmada por el resto de los integrantes del Frente de Unidad Docentes Bonaerense (FUDB) y rompió la pax establecida.

La suba del 6 por ciento en dos cuotas para los próximos dos meses fue considerado “insuficiente”, y además de pedir que se vuelva a discutir el incremento, lanzó un paro de 48 horas, a cumplirse en dos días.

El caso muestra como muchos de los convenios que se anuncian no siempre convencen a todos, en el marco de una baja en los ingresos que no puede ocultarse. Los datos muestran que los salarios en casi tres años de gestión libertarias sigue muy retrasados, u la estrategia de “pisar” las negociaciones, contradice las funciones básica de la mesa de negociación.

Así, en el gobierno de Javier Milei, se firman paritarias peros e sigue perdiendo poder de compra. En este contexto, cada vez más sectores se rebelan incluso a sus conducciones y desafían los acuerdos vigentes. Esto, si bien los expone a sanciones –como pasa con los docentes de la provincia de Buenos Aires –mueve la modorra de los sindicatos, que en muchos casos bajo el argumento de “lo posible” firmar convenios muy por debajo de las necesidades. El Frente de Sindicatos Unidores (FreSU) estableció cuál debería ser el salario mínimo requerido para cumplir sus funciones según la ley.

La pérdida de los ingresos respecto a la inflación vuelve a ser un tema central, sobre todo luego que el propio presidente Milei negara que la gente “no llegue a fin de mes”. Los polémicos dichos se contraponen con los datos, tanto oficiales como los que manejan los gremios, que aseguran que la política de congelar las paritarias generó una pérdida de los ingresos.

En estos días, se conoció un informe elaborado por el Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores, que pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo, que desde el inicio de la gestión libertaria retrocedió más de 12 puntos, en un proceso de deterioro de los ingresos que lleva más de una década.

El reporte del Centro CIFRA pone de manifiesto cómo el modelo libertario erosiona los ingresos y deteriora el poder de compra de los trabajadores. En el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, se estableció que el salario real, “deflactado por el IPC reponderado, exhibió un descenso de 12,6 por ciento entre noviembre de 2023 y julio de 2026”. Además de la caída provocada por la devaluación inicial, recordó el centro de estudios, “se constató un fuerte descenso desde agosto de 2025”, con una baja promedio del 4,4 por ciento. “La mayor caída del poder adquisitivo de los precios vinculados a los servicios (-32,8 por ciento) respecto a los asociados a los bienes (+5,3 por ciento) pone de relieve que una porción superior de los salarios se destina al pago de servicios y una menor al de los bienes”, explicó el análisis, firmado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti.

Esta caída contradice los dichos del presidente y pone de manifiesto que, pese a anunciar un triunfo “en la batalla contra la inflación”, la suba de precios sigue afectando el poder de compra de los asalariados.

Estos datos son el sustento con el que ciertos sectores están saliendo a “rebelarse” contra los acuerdos oficiales, como sucede en la docencia de la provincia de Buenos Aires con la FEB, que desconoce el acuerdo firmado por el resto de las organizaciones. Incluso algunas paritarias firmadas y cerradas están generando protestas.

La más importante es la de la UOM, que la actual intervención judicial confirmó en el mes de agosto los aumentos salariales hasta el 2027 para las dos grandes ramas de la actividad metalúrgica, que contempla un aumento acumulativo del 23,5 por ciento para la rama metalmecánica (Rama 17) y un incremento del 12 por ciento para la rama siderúrgica (Rama 21), homologados poco después por la Secretaría de Trabajo nacional.

Más allá de los números, el rápido entendimiento con las patronales llamó la atención, ya que la segunda rama de actividad llevaba dos años sin acordar aumentos. Ante la falta de una mejora concreta, la UOM Córdoba ya se movilizó contra el convenio y las autoridades judiciales, y volvió a hacerlo esta semana, cuando sus integrantes se concentren desde la mañana frente a la Casa de Gobierno, en la capital provincial. "La movilización que realizamos el martes es parte de un plan de lucha que venimos realizando desde la regional Córdoba de la UOM. Lo hemos hecho en soledad, porque somos la única seccional que se opone a la intervención, como lógicamente tenemos que hacer", destacó Rubén Urbano, secretario general de la regional, en diálogo con Política del Sur.

Urbano recordó que el plan de lucha se inició "en contra de las paritarias que firmó la intervención. Nosotros, en su momento, pedimos una reunión con las cámaras empresariales para pedirles que reabrieran la discusión". "Sabíamos que la respuesta era que no podían hacerlo, que iban a regirse por lo firmado a nivel nacional, pero por lo menos logramos que algunas fábricas, no muchas pero sí importantes, dieran un aumento más, incrementando los montos fijos que se acordaron en la paritaria", agregó Urbano, quien destacó esta mejora: "Así logramos ponerles unos pesos más en el bolsillo a los trabajadores".

En cuanto a la jornada, el reclamo de la UOM de Córdoba es claro: que se reactive la industria, que cesen los despidos y que se implementen políticas para proteger la producción nacional. Desde la conducción cordobesa consideran que el acuerdo “es insuficiente frente a la evolución de los precios y la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores”.

La baja de los ingresos es parte central de la agenda del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que desde sus comienzos planteó un temario alternativo a las de las tres centrales obreras, concentrando los sectores más combativos del movimiento obrero. Uno de los reclamos primarios fue un aumento generalizado de salarios, en especial el mínimo, para que cubra las necesidades de los trabajadores.

Para esto, elaboró un cálculo de cuál debería ser su valor para alcanzar  las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Esta semana, actualizó ese número, y lo ubicó en los 3.178.287 de pesos mensuales. La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.

El relevamiento del FreSU toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento. La estimación del FreSU establece que una familia necesita 677.755 pesos para alimentación adecuada y otros$640.994 pesos para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman 389.223 pesos para salud, 278.679 pesos para educación y cultura y 147.695 pesos para vestimenta.

El cálculo también contempla 685.329 pesos para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna 349.612 pesos a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.