Correa le “tira la pelota” a los intendentes por el Consejo del empleo Municipal

El gobierno de Axel Kicillof anunció que “dio un nuevo paso” para conformar el Consejo del Empleo Municipal, una instancia reclamada desde hace más de una década para discutir las condiciones laborales en los distritos bonaerenses. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, envió el 17 de octubre comunicaciones a las 135 intendencias para reunir información sobre la representación sindical. La novedad, difundida oficialmente el miércoles 21, llegó en medio de protestas por salarios y cuestionamientos cruzados entre gremios, jefes comunales y funcionarios provinciales. Sin embargo, la medida parece una nueva dilación, ya que se debe esperar la respuesta de estos jefes comunales para avanzar en la iniciativa.

 

La cartera laboral solicitó que los municipios aporten, antes del 31 de diciembre de 2026, datos sobre trabajadores afiliados y asociaciones sindicales que actúan en cada jurisdicción. Esa documentación permitirá avanzar en la integración de la representación gremial dentro del organismo. El requerimiento abre una etapa administrativa concreta, aunque todavía no equivale a la constitución del Consejo ni a una convocatoria para debatir salarios.

La medida se apoya en los artículos 49 y 51 de la Ley 14.656, sancionada en 2014, y en la Resolución 183/2026, firmada por Correa el 10 de agosto. La disposición estableció pautas para organizar la convocatoria, integración y funcionamiento de un ámbito que nunca llegó a ponerse en marcha de manera efectiva. La expectativa es que pueda comenzar a funcionar durante 2027.

 

El Consejo está pensado como un espacio de consulta y asesoramiento sobre el empleo municipal. Puede formular recomendaciones para unificar criterios laborales, producir información sobre el sector y promover propuestas sobre condiciones de trabajo. Sus decisiones no son vinculantes: por eso, aun constituido, no reemplazará automáticamente las negociaciones paritarias de cada municipio ni fijará por sí solo un salario único para toda la Provincia.

 

La legislación establece 11 representantes por el sector empleador, designados por los intendentes y distribuidos entre las ocho secciones electorales. Del lado de los trabajadores deben participar organizaciones sindicales con representación en la actividad, con un número de integrantes no inferior a once. Aunque las comunicaciones alcanzaron a los 135 ejecutivos municipales, la propia norma establece que la incorporación de cada comuna al Consejo es facultativa.

 

El punto más controvertido está del lado sindical. El artículo 53 exige a las entidades participantes un mínimo del 10pormciento de afiliados del total de trabajadores del ámbito a representar. La discusión se agravó con los criterios definidos por la Provincia para medir esa representación, especialmente por el alcance del concepto de afiliados cotizantes. Según qué universo se tome para calcular los porcentajes, cambia qué entidades pueden obtener un lugar en la mesa.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), conducida por Hernán Doval, sostiene que el esquema impulsado por Correa altera las reglas de la ley y habilita a organizaciones que, según su postura, no reúnen el respaldo exigido. El dirigente, que promovió la normativa durante su etapa como diputado provincial, rechazó los criterios para distribuir la representación y planteó llevar la controversia a la Justicia.

 

Del otro lado, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) respaldó el avance hacia la conformación del organismo. También intervienen en la discusión la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), cuya eventual participación es cuestionada por FESIMUBO. Así, el instrumento que debería reunir a empleadores y trabajadores quedó atravesado por una disputa previa: quiénes estarán habilitados a representar a los municipales.

 

La definición del Consejo llega después de semanas de movilizaciones que llevaron los reclamos fuera de los edificios municipales. A comienzos de octubre, sindicatos de nueve distritos cortaron la colectora de la Panamericana, a la altura de la ruta 197, en Tigre. Fue una de las expresiones más visibles de un conflicto que combina reclamos salariales, precarización e interna sindical y que FESIMUBO presentó como un plan de lucha prolongado.

 

La protesta también alcanzó el sur bonaerense. En Bahía Blanca, manifestantes bloquearon la ruta 51, uno de los accesos al puerto, en una medida encabezada por Miguel Agüero, dirigente de la federación. Antes se habían registrado cortes en las rutas 6 y 205, en la zona de Cañuelas. Las acciones expusieron reclamos por recomposición de ingresos, estabilidad laboral, jubilaciones municipales y convocatoria efectiva del Consejo.

 

El reclamo tiene además un componente territorial. Los ingresos y las formas de contratación varían considerablemente entre distritos, y las organizaciones sindicales buscan instalar una discusión provincial para reducir esas diferencias. Nélida Haye, dirigente municipal de Esteban Echeverría, señaló que en numerosos casos los salarios básicos se ubican entre 300 mil y 400 mil pesos. FESIMUBO advierte, a su vez, que hay trabajadores cuyos ingresos no alcanzan la línea de indigencia.

 

La presión no provino únicamente de los gremios. Intendentes de la primera y la tercera sección electoral expresaron malestar por las demoras en conformar el organismo y apuntaron contra la conducción de Trabajo. La expectativa de esos jefes comunales es que una mesa provincial ayude a encauzar reclamos que hoy deben afrontar distrito por distrito, mientras aseguran tener dificultades para responder a las demandas salariales.

 

Esa posición tampoco implica un acuerdo sobre cuánto deberían aumentar los sueldos. Las administraciones locales continúan a cargo de sus negociaciones y presupuestos, mientras los sindicatos reclaman criterios comunes y mejoras que superen las posibilidades de cada paritaria aislada. La tensión deja a los intendentes en una doble posición: empleadores frente a sus trabajadores e interlocutores de la Provincia para poner en marcha la nueva instancia.