Se oficializó el nuevo plan de retiros voluntarios del Estado: Apuntan a 20 mil cesantías

El gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para ajustar nuevamente el número de empleados estatales. En lo que va de su gestión, Javier Milei ya eliminó más de 72 mil puestos de trabajo en la administración pública; la intención de este plan de retiros es reducir la planta del Estado en otros 20 mil trabajadores. Los retiros fueron abiertos mientras gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el Ejecutivo está amenazando e intimidando a los empleados públicos, para forzarlos a aceptar los retiros.

 

El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, su principal impulsor y quien será la autoridad de aplicación del programa.

Establece que quienes pidan el retiro cobrarán una gratificación extraordinaria, junto a la liquidación final que corresponda por el cese de la actividad laboral. El monto dependerá del sueldo, la antigüedad y los aportes jubilatorios que tenga el solicitante y podrá ser cobrado en una sola cuota (con un tope) o en pagos mensuales hasta cumplir la edad jubilatoria. Por ejemplo, quienes no reúnan los aportes para jubilarse y pidan el retiro, cobrarán mensualmente el 60 por ciento de su sueldo, por un período máximo de tres años.

 

Sin embargo, los cálculos no tomarán la antigüedad real del trabajador en su puesto, sino los años que lleva siendo parte de la planta permanente. Como en las últimas décadas la precarización laboral dentro del Estado fue generalizada, la regla es que la mayoría de los estatales cuentan con menos años en planta permanente que los realmente desempeñados.

 

El decreto establece que el trabajador que se retire no podrá volver a la Administración Pública Nacional por un plazo de ocho años. Además, Sturzenegger anticipó —y el decreto lo dice— que “los cargos” en los que prestan servicios quienes adhieran al retiro serán suprimidos, una medida extrema y desopilante, que solo puede justificar la intención de cumplir con la promesa de Milei de destruir el Estado.

 

Los retiros están destinados a quienes son parte de la planta permanente o tienen contratos por tiempo indeterminado. No incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, la Secretaría de Inteligencia, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas y ballets nacionales ni a quienes presten servicios en el exterior. Tampoco podrán acceder los trabajadores que hayan sido puestos en disponibilidad, una medida que el gobierno utilizó de manera masiva para despedir tras la disolución de ministerios, secretarías y dependencias o el abandono de políticas públicas.

 

Por otra parte, el decreto establece que los trabajadores que hayan iniciado juicios contra el Estado o reclamos administrativos y quieran pedir el retiro deberán desistir de esas demandas, y que los delegados gremiales deberán renunciar a su sindicato. La inscripción a los retiros voluntarios estará abierta durante el mes de noviembre, con la posibilidad de ser extendida por 30 días más.

La Asociación de Trabajadores del Estado desmintió que, como sugiere el gobierno, los retiros voluntarios sean una oportunidad y recordó cómo terminaron los retiros del menemismo y del gobierno de Fernando De la Rúa: los que los aceptaron “terminaron haciendo cola en el trueque”, planteó el gremio. ATE denunció además que los trabajadores del Estado están siendo hostigados por la gestión libertaria para que renuncien, y convocó a una marcha para este miércoles, a las 17 horas, frente a la Quinta de Olivos, con la consigna “No se aguanta más”.

 

Un caso que ilustra su denuncia es el de los trabajadores del Ministerio de Capital Humano, donde la ministra Sandra Pettovello eliminó los principales programas de asistencia social y echó a más de 3.600 empleados estatales. Para eso implementó olas de despidos, que comenzaron con la no renovación de contratos (por la precarización de los trabajadores estatales, había personas con más de 20 años de servicio, pero que seguían con contratos temporarios) y luego implementó un pase a disponibilidad masivo de quienes estaban en la planta permanente. Este proceso fue acompañado por la licuación de sus sueldos y el quite de tareas.

 

El mes pasado, los trabajadores que participan de protestas y reclamos tuvieron descuentos en sus salarios de hasta el 60 por ciento, ya que les quitaron sumas de compensación que eran parte de sus ingresos regulares, y a que los anteriores gobiernos les habían ido otorgando para mejorar los sueldos bajos. Al mismo tiempo, Pettovello mantiene paralizada la carrera administrativa.

 

“En nuestro organismo vivimos momentos donde el hostigamiento, el ninguneo y la persecución son una práctica permanente, porque nos quieren callados y disciplinados”, revelaron los delegados de ATE en Desarrollo Social. Este lunes, junto a los trabajadores del área, hicieron una olla popular en la plazoleta de Belgrano y Lima, frente a la histórica sede del ministerio.

 

Allí no solo hablaron de la situación de los trabajadores, sino también de la destrucción de las políticas públicas que asistían a los más pobres. El caso emblemático es el de los comedores populares: mientras que a la red de comedores de las organizaciones sociales dejaron de enviarle alimentos, los pocos comedores que siguieron recibiendo subsidios tienen que cocinar con la ínfima suma de 763 pesos por plato de comida.

 

En la Argentina, los retiros voluntarios en el Estado no son una novedad. Raúl Alfonsín los ofreció casi sin conseguir adhesiones (la inflación licuaba las indemnizaciones), De la Rúa tampoco tuvo gran éxito porque la desocupación galopante de fines de los ‘90 era un disuasorio suficiente. Carlos Menem, en cambio, consiguió implementarlos de manera masiva, en el marco de las privatizaciones de las empresas públicas y con el telón de fondo de la estabilidad que daba la convertibilidad. Decenas de miles de estatales se adhirieron al régimen. La mayoría utilizó el dinero de los retiros para autoemplearse, abriendo parripollos, maxikioscos o remiserías. Convencidos de salvarse como cuentapropistas, la ilusión les duró poco: pronto sería barrida por la recesión económica.