Nuevas pruebas sustentan la idea de ex empleados de Garbarino que “fue vaciada”

Desde que comenzó la crisis que derivó en su quiebra, los trabajadores de la cadena Garbarino alertaron que se trataba de un “vaciamiento”. El largo proceso de terminó con el cierre definitivo en marzo de este año tuvo en el medio la venta de la empresa, que pasó a ser controlada por Carlos Rosales.

Con la promesa de recuperar la que fue la mayor firma de electrodomésticos, el empresario se hizo cargo del desafío de llevar adelante la compleja situación, pero finalmente no logró hacerlo. En momentos que se comenzó el proceso de venta de los últimos bienes, se conoció que la sindicatura sospecha que incluso después de vender la empresa, los hermanos Garbarino tomaron decisiones que perjudicaron a su ex firma, por lo cual se pidió que se amplíe la quiebra a ellos y una sociedad vinculada a ellos.

La semana se entregó un informe que parece confirmar la presunción de la Sindicatura y de los cesanteados, quienes denunciaron desde un primer momento el peligro de un vaciamiento. Este reporte confirma que los bienes actuales de Garbarino no logran cubrir más allá del 2,5 por ciento de la deuda total, lo que deja afuera a la gran mayoría de los ex trabajadores. “Se abre una puerta”, volvieron a insistir desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha.

Luego del pedido de extensión de quiebra realizado por la Sindicatura que entiende en la causa de Garbarino, se entregó al juez Fernando D’Alessandro un informe en el que se detalla el recorrido de las empresas que formaron el grupo y que derivó en el cierre de la firma. El pedido se realizó hace unas semanas y apunta al rol de Daniel y Omar Garbarino, ex dueños de la empresa, y de la sociedad Linnipeg, por maniobras que indicarían que siguieron tomando decisiones que perjudicaron a la empresa.

La presentación se sustenta en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), que presupone “un abuso fraudulento en la administración de la quebrada, y que ese abuso fue en interés propio y contra la masa; haber desviado el beneficio social en el propio y/o haber confundido activos y pasivos; que haya actuado en fraude contra los acreedores”.

Para fundamentar el pedido, se presentó un informe que detalló los datos que muestran este mecanismo. El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, “evidencia un desequilibrio patrimonial colosal: los activos realizables de la quiebra valen aproximadamente 2.938 millones de pesos, mientras que las deudas acumuladas superan los 123.149 millones de pesos”. Esto significa que “la masa de bienes alcanza para cubrir menos del 2,4 por ciento de los pasivos totales”.

En tanto, el informe adelanta que, en la práctica, “los acreedores quirografarios (proveedores, clientes estafados) difícilmente cobrarán sus acreencias, y los fondos obtenidos apenas alcanzarán para cubrir una fracción de los créditos laborales y privilegios especiales”. El reporte actúa como “la plataforma legal sobre la cual el juez comercial dictará la fecha definitiva de cesación de pagos (febrero de 2020) y autorizará las demandas de extensión de quiebra y responsabilidad personal”.

Esto habilita a la Sindicatura a “romper el velo societario para perseguir los patrimonios personales de los hermanos Garbarino, de Carlos Rosales y de la sociedad Linnipeg, buscando recuperar los bienes desviados para responder ante los ex empleados y acreedores perjudicados”. A esto se le suma el insólito pedido de Carlos Rosales, el último dueño de Garbarino, quien pidió también el pago de supuestos salarios caídos. El reclamo del empresario no pasó desapercibido, ya que supera los 200 millones de pesos.

Ante esta nueva evidencia, desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha volvieron a reclamar por sus sueldos e indemnizaciones e insistieron en denunciar “maniobras de vaciamiento”, como las que fueron exponiendo los distintos reportes de la Sindicatura incluidos en la causa. “Si la Justicia otorga la extensión de quiebra y logra rematar los inmuebles rescatados de Linnipeg (como el depósito de La Tablada) e incautar los activos que los hermanos Garbarino conservan a título personal en la Argentina y el exterior, el porcentaje de cobro para los ex trabajadores y acreedores aumentará drásticamente, pasando del paupérrimo 2,4 por ciento actual a una cifra sustancialmente mayor o incluso total para los créditos privilegiados”, explicó el grupo mediante un comunicado, una vez conocido el informe.

Sin embargo, aclararon, “el éxito del cobro final dependerá de cuánto dinero líquido o bienes tangibles pueda recuperar efectivamente la Justicia de la red offshore y los fideicomisos armados antes de la caída”. En este sentido, en el informe de la Sindicatura se recordó que, en el año 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “radicó la causa por lavado de dinero en el juzgado federal 10 del señor juez Julián Ercolini, que involucra a los hermanos Daniel y Omar Garbarino, por 19 reportes de operaciones sospechosas de giro de fondos de unos 30.000.000 de dólares”.

La causa es parte del escándalo de los llamados Panamá Papers. “El informe de auditoría de la Sindicatura advierte algo que nosotros ya veníamos hablando: el vaciamiento de Garbarino”, dijo Gabriel Yapura, referente del grupo de cesanteados. Además, agregó en diálogo con Política del Sur: “Se ratifica que Omar y Daniel Garbarino, además del CEO Carlos García, realizaron maniobras para dejarle todas las deudas a la empresa y, a través de una sociedad, quedarse con el capital activo”.

Respecto de lo que puede pasar con este informe, las expectativas son pocas. “En estos casos, casi siempre el trabajador es el más perjudicado. Nosotros fuimos a nuestros puestos de trabajo, cumplimos nuestra tarea y nunca cobramos”, marcó Yapura. En este sentido, recordó que Compumundo fue “una gran estafa”, lo mismo que pasó en Garbarino Viajes, donde “se sabía que no podían viajar; los empleados cortaron la venta porque era muy complicado para ellos mismos”.