Envían a Juicio a 24 trabajadores y sindicalistas por la toma de FATE

Casi ocho meses después del cierre de la planta de neumáticos FATE, se decidió que 24 empleados y sindicalistas sean llevados a juicio por mantener ocupadas las instalaciones de la fábrica. Desde el cese de actividades de la compañía, un grupo de trabajadores y miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ha permanecido en el lugar, realizando una rotación constante. La fábrica estuvo a punto de ser desalojo por una orden judicial que, posteriormente, fue suspendida. El juez de garantías de San Isidro, Esteban Rossignoli, elevó a juicio a 24 personas vinculadas a la ocupación de la planta en Virreyes (San Fernando), quienes son parte de la conducción del SUTNA. Alejandro Crespo, secretario general del gremio, figura entre los imputados.

“Pretenden, por medio de la persecución y el hostigamiento judicial poner fin a una lucha justa contra un ilegal lockout patronal. No comprenden que los trabajadores no vamos a bajar la cabeza ante semejante injusticia. Madanes tendrá mucho dinero y poder, pero los trabajadores tenemos la razón y toda la opinión pública lo sabe. Este conflicto ha alcanzado la atención y el apoyo de todo el pueblo trabajador argentino”, afirmó Crespo en respuesta a la decisión del juez Rossignoli.

La planta de FATE cerró el 18 de febrero, cuando los 920 empleados encontraron un aviso en el ingreso que explicaba que el cese de actividades se debía a que “los cambios en las condiciones de mercado” obligaban a una nueva estrategia para encarar los desafíos futuros.

Tras el cierre, el SUTNA estableció la ocupación de la fábrica, con parte de los empleados despedidos que se relevan para mantener la presencia en el lugar. El magistrado había dispuesto el desalojo el mismo día del cierre, a raíz de un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, debido a que los sindicalistas y trabajadores ingresaron a la planta, a las 6.30, causando daños al alambrado perimetral y forzando una puerta que abrieron a patadas.

La orden de desalojo fue apelada y quedó suspendida. Sin embargo, el 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro (con Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela) ordenó el desalojo de la fábrica de neumáticos. Esta orden no se ejecutó de inmediato, y el SUTNA logró un nuevo fallo que detuvo el procedimiento: la misma sala suspendió el desalojo al aceptar un recurso de casación, lo que llevará a resolver la situación en una instancia superior.

Paralelamente a la ocupación, el SUTNA está exigiendo a la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, que se liberen los pagos de quincenas adeudadas correspondientes a los meses que ha permanecido cerrada la planta.

Los 24 trabajadores y gremialistas están acusados de “turbación de la posesión” y “daño”, y uno de ellos, además fue acusado de “robo en grado de tentativa”, por el intento de robo de un celular. “No desconozco que el llamado ‘cierre patronal’ o ‘lock out’ puede y debe tener consecuencias ante el fuero correspondiente y que incluso puede habilitar la adopción de medidas sindicales, aunque no creo que en esta ocasión nos encontremos simplemente frente a una medida legítima de acción sindical por parte de los imputados”, afirmó el juez en su resolución.

Rossignoli sintetizó que se produjo un “ingreso violento a la planta”, mediante “la rotura de un alambrado” y que se concretó una “permanencia por medios violentos en esa sede”. Subrayó, además, que “se ha perpetuado la permanencia de individuos en la fábrica y se ha impedido el normal ejercicio de diversas tareas de seguridad y mantenimiento que debían allí efectuarse”.

El juez indicó que, aproximadamente a las 6.40 del día del cierre de la planta, un grupo de empleados, “dirigidos” por Crespo, ingresaron y, “una vez en el interior, corrieron en dirección a uno de los edificios de la planta, donde violentaron mediante golpes de pie la puerta de acceso al depósito de recepción de materias primas, logrando su apertura e ingreso al sector”. Horas más tarde, consta en la resolución judicial, se produjo “una segunda intrusión”.