Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires habló en Política del Sur sobre la situación actual de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a partir de la privatización de la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
El Ombudsman comentó que la empresa fue entregada por un valor mucho menor de lo que estimaba el mismo Gobierno nacional y señaló que quienes se quedarán con el 90% de las acciones ofrecieron un valor de 340.000. millones de dólares y hacerse cargo de una deuda de 70.000 millones.
“Todo el proceso de AySA fue bastante oscuro en términos de que ninguno de nosotros ni como usuarios, ni como periodistas, ni como organizaciones no gubernamentales, pudimos acceder, a partir del sistema que se implementó, donde solo la información estaba disponible para los oferentes, a las especificaciones de esta privatización”, denunció Martello.
En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, realizaron un pedido de información pública que “nunca fue contestado”, también pidieron una medida cautelar para suspender la privatización en los Tribunales de Lomas de Zamora y no fueron escuchados.
Martello precisó que según la información oficial, la empresa iba a una situación de déficit que hacía “casi indispensable” la operación, sin embargo “hace ya dos años que tiene superávit”. “¿Por qué entregar a un precio exiguo una empresa que tiene un flujo de caja que ya le garantiza a quien la va a comprar que no va a tener ningún tipo de inconveniente?”, cuestionó.
El funcionario comentó que “el proceso, desde donde lo mires, tiene cierto manto de oscuridad” ya que, de adjudicarse el 90% de las acciones, entre los socios hay empresarios vinculados al servicio de prestación de agua, al servicio de prestación de gas y al servicio de prestación de energía eléctrica en la zona norte, siendo así el mismo grupo el que brinda los servicios públicos a millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.
“Cualquiera sea el gobierno de turno, que en el futuro deba sentarse a una mesa para discutir cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, a las tarifas o a lo que fuera, se está sentando con prácticamente la misma persona y con el poder que eso le da a ese grupo de empresarios en esa negociación”, advirtió finalmente.