Una hora antes de dejar su cargo el viernes pasado, la ahora ex subsecretaria de Relaciones Laborales Claudia Testa estuvo reunida con trabajadores de Flybondi, la empresa aérea que hace dos meses no vuelva. La crisis de la firma incluye el despido masivo de personal, que denunció ante la secretaría de Trabajo que no cobran sus indemnizaciones, lo que genera alarma.
Es caso se suma a una larga lista de empresas en grave situación, que está empujando la desocupación, hoy una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según el INDEC, la tasa de desempleo está rozando los 8 puntos, y se mantiene relativamente estable desde el inicio de la libertaria.
Pero existe una “desocupación oculta”, que suma personas que quieren cambiar de trabajo y no pueden o quienes quieren trabajar más horas y no lo consiguen. Sumados, todos estos trabajadores alcanzan el 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que triplica el índice general.
La crisis industrial empuja esta realidad, como pasa en Rosario, donde casos como el de Electrolux está poniendo en jaque el entramado en el gran Rosario, uno de los conglomerados urbanos más importantes del país, y empuja a la regional local de la CGT a una medida de fuerza, independiente de lo que decida la dirigencia nacional.
El problema del empleo no se limita a los despidos, que se vienen acelerando y elevaron la tasa de desempleo en el segundo trimestre del año, sino que además alcanza otras variantes, como la cantidad de trabajadores que quieren cambiar de empleo pero no pueden, o quienes quieren sumar más horas y no lo logran.
Así lo alerta un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que busca explicar, detrás de las cifras frías, lo que implica esta presión sobre el mercado de trabajo. En este sentido, estas variantes sumadas hacen que prácticamente un tercio de la población económicamente activa tenga algún problema laboral, lo que genera alarma porque se trata de un universo de millones de personas.
Todos los días, las políticas libertarias afectan a nuevas empresas, que están cerrando o ajustando sus plantillas de personal, lo que agrava la situación. El trabajo del IPyPP, entidad que lidera el economista Claudio Lozano y que trabaja en conjunto con la CTA Autónoma, pone de manifiesto cómo los problemas de empleo comienzan a ganar terreno entre las preocupaciones de los argentinos y cómo, en conjunto, ya alcanzan a un tercio de la población económicamente activa.
En concreto, la entidad señaló que la desocupación “llegó al 7,9 por ciento, pero al incorporar a quienes trabajan pocas horas y buscan activamente otro empleo, la desocupación ampliada alcanza el 15,9 por ciento”.
A esto se le suma que casi una de cada tres personas económicamente activas, es decir, un 30,8 por ciento, “está desocupada, busca otro empleo aun teniendo uno o está disponible para trabajar más horas”. Son unas 832 mil personas más que en 2023 bajo alguna forma de presión laboral. Mientras tanto, agregó el trabajo al que tuvo acceso Política del Sur, la tasa de empleo “permanece prácticamente estancada”, con una fuerte transformación de su composición: “desde 2023 se perdieron alrededor de 485 mil puestos asalariados, mientras el cuentapropismo incorporó 692 mil trabajadores”. Además, más del 94 por ciento de la caída del empleo asalariado “correspondió a puestos registrados”.
En tanto, la informalidad ya alcanza al 45 por ciento de los ocupados y llega al 65,8 por ciento entre los cuentapropistas. En apenas tres años, recalcó el IPyPP, “los asalariados registrados redujeron su peso dentro del empleo, mientras la suma de cuentapropistas y asalariados no registrados superó el 52 por ciento de los ocupados”.
La combinación de los datos de EPH y SIPA deja ver “con mayor nitidez el cambio: desde fines de 2023 retroceden los asalariados privados y públicos registrados, mientras crecen el monotributo y, con mucha más intensidad, el cuentapropismo informal”. No se trata solamente de un mercado laboral más precario, explicó el reporte. “Está cambiando la forma misma en que se organiza el trabajo”, señaló.
Una parte creciente de los trabajadores “debe resolver individualmente su inserción, asumir los riesgos, los costos y la inestabilidad que antes recaían en mayor medida sobre la relación salarial”. Para muchos, esto significa “cuentapropismo de subsistencia; para otros, nuevas formas de dependencia en las que plataformas, grandes marcas y empresas concentran el acceso a clientes y mercados mientras el trabajador aparece formalmente como ’independiente’”. Ese es el trasfondo del “modelo changa”: menos relaciones laborales protegidas y una creciente transferencia de riesgos y responsabilidades hacia los propios trabajadores.
Esta dinámica que el IPyPP llama “modelo changa” se vuelve todavía más evidente al observar la composición del empleo. Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, “la cantidad total de ocupados aumentó en apenas 315 mil personas”. Ese saldo reducido encubre, sin embargo, una recomposición de mucho mayor magnitud: “se perdieron alrededor de 485 mil puestos asalariados, mientras que el trabajo por cuenta propia incorporó 692 mil personas”.
Como resultado, los asalariados “redujeron su participación en el empleo total del 74,2 al 70,5 por ciento, mientras el cuentapropismo pasó del 22,3 al 25,5 por ciento”. El crecimiento del empleo, por lo tanto, estuvo sostenido fundamentalmente por modalidades de inserción por fuera de la relación salarial. Más significativo aún es lo que ocurre dentro del empleo asalariado. De los 485 mil puestos asalariados perdidos respecto de 2023, alrededor de 457 mil corresponden a asalariados registrados, es decir, trabajadores con descuento jubilatorio. Los asalariados no registrados también se reducen, pero mucho menos, en unas 28 mil personas.
Esto implica que más del 94 por ciento de la destrucción neta de empleo asalariado se explica por la caída del empleo registrado. En tres años, “la cantidad de asalariados registrados pasa de casi 9 millones a 8,5 millones, mientras su participación dentro del empleo asalariado disminuye del 63,2 al 62,1 por ciento”.
El deterioro de la estructura ocupacional no proviene entonces de una mera expansión del empleo asalariado informal, sino de la contracción del núcleo más protegido del mercado laboral y de su reemplazo por formas de trabajo independiente. En el segundo trimestre de 2026, INDEC registra que apenas el 62,1 por ciento de los asalariados cuenta con descuento jubilatorio.