El conflicto en el ámbito universitario se intensifica tras la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que ha respaldado la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ordena al Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los sindicatos que representan al personal universitario exigen que el Poder Ejecutivo restablezca un ajuste del 32,5 por ciento en los salarios, tras las pérdidas sufridas durante los primeros años de la gestión de Javier Milei. Además, piden que se actualicen los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La resolución del juez Martín Cormick establece un plazo de cinco días para que el Gobierno cumpla con esta normativa, advirtiendo sobre la posibilidad de aplicar astreintes ante cada día de incumplimiento.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que la cautelar obliga a implementar, abordan aspectos fundamentales como la actualización de salarios del personal docente y no docente a partir del 1 de diciembre de 2023, y la recomposición de todos los programas de apoyo estudiantil.
La medida llegó en el marco del paro universitario del martes, pero se anunciaron paros escalonados hasta la movilización convocada para el 15 de octubre.
Escritura asistida por inteligencia artificial. Fuente: El Diario Sur