Cardelle sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil: “Va a ser una masterclass de delitos”

Tras la suspensión por 60 días de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, la abogada especializada en Niñez Cecilia Cardelle analizó el alcance de la reforma en una entrevista con Clave Política de la UNLZ y lanzó una fuerte advertencia sobre las condiciones del sistema para recibir a adolescentes de menor edad.

Lejos de reducir la discusión a una pelea entre quienes reclaman mayor dureza penal y quienes cuestionan la criminalización de los adolescentes, Cardelle puso el foco en una cuestión concreta: qué estructura tiene el Estado para aplicar el nuevo régimen y, sobre todo, qué herramientas ofrecerá a los jóvenes una vez que ingresen al sistema penal.

“No discutimos la edad, no la discutimos, pero en qué condiciones lo vamos a cumplir”.

La advertencia cobra especial relevancia en territorio bonaerense, donde la falta de infraestructura y dispositivos especializados quedó expuesta en los últimos días. Para Cardelle, el problema no comienza con la nueva legislación, sino que se arrastra desde hace años y puede profundizarse con la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema.

Cardelle describió las dificultades que ya existen para atender a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección y no cometieron delitos. “Niños, niñas y adolescentes que no cometen ningún delito, que no están comprendidos en el régimen penal juvenil, que solamente han sido vulnerados y no son vulneradores, no sabemos hoy en Provincia de Buenos Aires dónde alojarlos”, sostuvo.

Y trasladó esa problemática al nuevo escenario que abre la reforma: “Mucho menos vamos a saber dónde se van a alojar y en qué condiciones se van a alojar niños que están cometiendo delitos”, planteó. Si la Provincia ya tiene dificultades para garantizar dispositivos adecuados, cómo absorberá el eventual aumento de adolescentes que ingresen al sistema penal.

En ese sentido, Cardelle planteó que el debate debería correrse de la discusión estrictamente etaria y concentrarse en el objetivo: “¿Cuál es el espíritu de la Ley, realmente es recomponer la sociedad y recomponer a estos jóvenes que delinquen o es esconder a esta juventud en una medida de encierro?”, cuestionó.

“Va a ser una masterclass de delitos”, sentenció respecto al nuevo Régimen Penal Juvenil sin la adecuación necesaria. La especialista sostuvo que el encierro, por sí solo, no resuelve el problema de la delincuencia juvenil. Por el contrario, puede convertirse en un espacio donde los adolescentes incorporen nuevas herramientas vinculadas al delito si no existe un abordaje integral.

“Si nosotros estamos pensando que lo que tenemos que hacer es acompañar realmente para que esto no vuelva a suceder, no es la herramienta, no es el modo”, afirmó la abogada, al tiempo que aclaró que su planteo no implica negar la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos. “No estoy diciendo que un pibe de 14 que delinca no tiene que tener pena, o uno de 16, porque esto ya sucedía y sí ya habían penas y ya habían medidas de seguridad”, explicó.

El problema, según su mirada, aparece cuando la respuesta estatal queda reducida a la aplicación del Código Penal sin construir un sistema específico capaz de trabajar sobre las causas y las consecuencias de la delincuencia juvenil. “Ahora, cae todo el Código Penal sobre todas las edades. Ese es el problema y no estamos encontrando cuál es el norte de la ley en realidad”, remarcó.

Otro de los puntos que Cecilia Cardelle puso sobre la mesa fue el impacto que puede tener una pena extensa sobre adolescentes que todavía se encuentran en pleno proceso de formación. “Pensemos un joven de 15, con una pena de 15, sale un hombre de 30. Qué herramienta tuvo ese ser humano, cómo se lo acompañó”, planteó.

La pregunta funciona como una síntesis de su principal preocupación: qué sucede con el adolescente durante los años de encierro y qué herramientas tendrá cuando recupere la libertad. “Lo que tenemos que realmente repensar es cuál es el bien común. No estamos hablando de estos jóvenes solamente, estamos hablando del futuro de nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que se pretenda implementar un nuevo régimen sin resolver previamente las falencias que ya presenta el sistema bonaerense. “No estuvimos pudiendo con jóvenes más grandes, vamos a poder con jóvenes más chicos”, advirtió.

“No hay lugar para los jóvenes”

La discusión sobre la infraestructura ocupa un lugar central en el planteo de Cardelle, en sintonía con el planteo de la jueza Marta Pascual, y precisó: “Donde tenemos que poner hoy la mirada es dónde van a estar estos niños”.

La eventual incorporación de adolescentes más jóvenes puede generar una presión todavía mayor sobre los dispositivos existentes. “No se está pensando cómo se va realmente a efectivizar y la verdad que va a ser un caos y va a ser un desmadre y va a haber superpoblación en todos los lugares porque no van a ser livianos tampoco con las penas”, afirmó.

Para Cardelle, no alcanza con modificar las edades o establecer nuevas penas si el Estado no construye previamente las condiciones necesarias para que el sistema funcione.

Frente a la lógica exclusivamente punitiva, Cecilia Cardelle defendió la utilización de herramientas vinculadas a la justicia restaurativa, con el objetivo de que el adolescente pueda comprender el daño producido y asumir responsabilidad por sus actos. “Creo que la justicia restaurativa, por ejemplo, es una justicia que capaz que suena como muy sui generis o algo muy liviano, pero no lo es”, explicó.

La especialista destacó la importancia de generar procesos en los que puedan intervenir tanto quien cometió el daño como quien lo sufrió. “Cuando hay un trabajo, cuando los agentes realmente del Estado acompañan y militan la justicia restaurativa, que realmente el joven que delinció entienda que cometió un daño y que pueda haber una mediación entre aquel que cometió el daño y el que fue víctima y haya un arrepentimiento sincero del victimario, esto existe y está internacionalmente comprobado que baja la delincuencia”, afirmó.

Advirtió que ese tipo de abordajes requiere recursos, seguimiento y profesionales especializados. “Para eso hay que hacer un trabajo artesanal de acompañamiento y todos los efectores tomarlos en serio y acompañarlos”, destacó, motivo por que el que planteó: “Si la solución de la ley lo que va a decir es solamente lo vamos a pensar como el encierro, esto va a ser una Argentina dentro de 25 años terrible”.

El riesgo de convertir el encierro en una “escuela”

En otro tramo de la entrevista, Cardelle cuestionó las condiciones que pueden encontrarse dentro de los dispositivos de privación de libertad y señaló que allí también pueden producirse vulneraciones de derechos. “También sabemos que cuando ingresan no hay buenas condiciones y que aquellos que están hace más tiempo, se tienen que pagar, acceder a determinados derechos que debiesen ser para todos, se pagan con costos muy altos”, sostuvo.

Y fue todavía más contundente al describir situaciones que, según señaló, ocurren dentro de instituciones destinadas a jóvenes en conflicto con la ley penal: “Talleres de adultos y lugares de centro de contención de jóvenes con conflicto con la ley penal juvenil, existen vejaciones y existen vejaciones de los derechos humanos ahí mismo dentro”.

En tanto, Cardelle también hizo referencia a las dimensiones que podría adquirir el nuevo escenario penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires. “Estaban previendo hoy en la Provincia de Buenos Aires hay 100 chicos con medida de seguridad”, señaló. Y agregó: “Pensemos que en ese primer fin de semana, antes del 7 de septiembre, estaban previendo 300 ingresos, dónde van a ser alojados”.

La advertencia se produjo en medio de la discusión sobre la capacidad de los dispositivos bonaerenses y pocos días después de que una jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la Provincia. La decisión judicial puso en primer plano una cuestión que ya aparecía en el análisis de especialistas: la infraestructura disponible y la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, educación, tratamiento y reinserción

Cardelle también cuestionó la forma en que se instaló públicamente el debate sobre la reforma y la suspensión judicial. “Es mucho show mediático”, consideró.

“La ley lo que trata de hacer es callar voluntades, que con los pibes encerrados vamos a estar todos mejor”, afirmó, pero inmediatamente advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: “Nos va a traer muchas más complejidades”.

En esa línea, también cuestionó la distancia que puede existir entre quienes redactan las normas y quienes trabajan cotidianamente con adolescentes en conflicto con la ley. “Muchas veces se escriben leyes desde escritorios porque así tiene que ser y porque se tienen que pensar mucho y porque hay mucho trabajo de escritorio, pero hay poco recorrido en centros cerrados y poco contacto con los jóvenes y las realidades de los jóvenes”, señaló.