Familiares de víctimas de femicidios y hechos de inseguridad se movilizaron este viernes hasta la Gobernación bonaerense para reclamar la adhesión de la pronvincia al sistema nacional de detección y bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios para que los presos dejen de tener ese beneficio.
“No queremos celulares dentro de las cárceles”, fue una de las principales consignas de la convocatoria, con el objetivo principal de prohibir el beneficio con el que cuentan actualmente los presos bonaerenses, según informaron en un comunicado.
En la presentación dirigida al gobernador Axel Kicillof, los familiares remarcan que el objetivo no es impedir las comunicaciones legales de las personas privadas de la libertad, sino evitar el uso de dispositivos móviles no autorizados para actividades delictivas.
“Las víctimas y sus familias necesitamos que el Estado esté un paso adelante de quienes utilizan las cárceles para continuar amenazando, extorsionando, intimidando o coordinando hechos delictivos”, expresaron en el documento que llevarán a la Gobernación.
Entre los pedidos se encuentra que el Ejecutivo bonaerense impulse formalmente la adhesión al programa nacional, gestione ante las autoridades nacionales y los organismos correspondientes la implementación del sistema y adopte mecanismos efectivos de detección y bloqueo de comunicaciones móviles no autorizadas.
También reclaman que el Gobierno provincial informe públicamente cuáles serán las medidas que adoptará y cuáles son los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.
La iniciativa cobra especial relevancia para familiares de víctimas que, según plantean, continúan expuestos a amenazas e intimidaciones provenientes de personas privadas de la libertad que podrían utilizar teléfonos celulares para comunicarse con el exterior. “No queremos que este pedido quede solamente en una nota. Queremos respuestas, gestión y acciones concretas”, remarcaron.
Según precisaron en un comunicado, el pedido apunta concretamente a la implementación de las Resoluciones 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.
La Resolución 806/2026 creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios y estableció un modelo de convenio para que las provincias puedan adherir. La normativa invita expresamente a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporarse al programa.
Por su parte, la Resolución 734/2026 establece que las empresas prestadoras de servicios móviles deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada de aquellos dispositivos que sean detectados y denunciados conforme al procedimiento previsto, incluyendo los equipos que se activen dentro de establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran.
La normativa nacional ya contempla el mecanismo y dejó abierta la puerta para que las provincias adhieran. Ahora, el reclamo de los familiares apunta directamente al Ejecutivo bonaerense para que dé ese paso y permita que el sistema de detección y bloqueo llegue también a las unidades penitenciarias de la Provincia.