El Gobierno prepara otra ola de privatizaciones: Qué empresas saldrán a la venta

Con una manifestación frente a su sede de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de Fabricaciones Militares (FFMM) protestaron contra la idea del gobierno nacional de habilitar el ingreso de capitales privados a la firma pública. Desde que comenzó la gestión libertaria la empresa está en la mira de los capitales extranjeros, y hubo un escándalo cuando desde ATE denunciaron la visita de representantes del Departamento de Estados Unidos a la planta cordobesa de la dependencia estatal, adelantando la posibilidad de ingresar a su paquete accionario.

Este no fue un evento aislado, y en estos días se avanza en la venta del capital de FFMM, lo que provocó la protesta. En este contexto, se conoció que la Casa Rosada tiene una nueva lista de empresas a privatizar, ya sea por la venta directa, la reestructuración de los organismos –permitiendo que sean de sociedades anónimas, por ejemplo –o la asociación con privados.

La lista incluye Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y a las firmas que forman el complejo nuclear argentino. Esto genera preocupación por la ola de despidos que puede dejar tras de sí, además del peligro que significa desprenderse de algunas empresas para la soberanía argentina. Con el viento de cola que genera el RIGI y el auge de las actividades energéticas y mineras, empresas vinculadas a estos dos rubros son las primeras en sacar el cartelito de venta.

Según las versiones periodísticas que circularon el fin de semana, la gestión de Milei prepara una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estatales, con la expectativa de recaudar más de mil millones de dólares antes de fin de año. Según estos rumores, el objetivo del equipo económico que conduce Luis Caputo es “destinar esos recursos principalmente al pago de vencimientos de deuda previstos hasta 2027”.

El primer paso será la venta de las participaciones que el Estado conserva en dos grandes centrales termoeléctricas: Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe, que conserva mediante Energía Argentina (ENARSA). La estrategia también contempla avanzar con AySA, cuyo proceso de privatización ya está en marcha. El Estado puso en venta el 90 por ciento de las acciones de la empresa y espera obtener aproximadamente 500 millones de dólares.

La presentación de ofertas fue prorrogada hasta el 15 de septiembre, fecha prevista para la apertura de la primera etapa de la licitación. También en el sector energético, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) prepara además nuevas concesiones para cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales, otorgados durante la década de 1990, ya vencieron. Se trata de Futaleufú, en Chubut; el sistema Diamante, en Mendoza; Río Hondo-Los Quiroga, entre Tucumán y Santiago del Estero; y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán. Otro de los objetivos son los grandes gasoductos operados por ENARSA.

El plan contempla posibles concesiones por 30 años para cinco sistemas de transporte que, en conjunto, superan los 3.100 kilómetros. Entre ellos se encuentran el Gasoducto Perito Moreno, anteriormente denominado Néstor Kirchner, la Reversión del Gasoducto Norte, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy.

En el caso de Fabricaciones Militares, la idea es avanzar en una “privatización encubierta”, según denuncian los trabajadores en la protesta que coincidió con el Día de la Industria. Actualmente, Fabricaciones Militares tiene cuatro plantas operativas: Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Santa Fe, dedicada a materiales de Defensa y Seguridad; Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar Villa María, ambas en Córdoba, dedicadas a químicos y metalmecánica por un lado y pólvoras, explosivos y otros insumos estratégicos por el otro; además de FANAZUL en Buenos Aires, que aporta capacidad productiva para la industria y la Defensa.

“Estuvimos un conjunto de trabajadores del Estado y la conducción nacional de nuestro gremio protestando contra la propuesta de extranjerización, privatización y enajenación de nuestro patrimonio”, explicó Rodolfo Kempf, integrante de la conducción nacional de ATE y referente del gremio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Kempf le dijo a Política del Sur que Fabricaciones Militares son “patrimonio de la defensa nacional”, y la protesta busca “no sólo solidarizarnos con los trabajadores de las plantas de la entidad en todo el país sino además para hermanar la lucha en defensa de nuestras áreas estratégicas para el desarrollo”.

Por esto, ATE rechaza cualquier intento de pasar a manos privadas empresas como ARSAT o las que componen en rubro nuclear, que viene sufriendo la motosierra libertaria. “Con ARSAT tenemos la posibilidad de crear un ‘big data’ para sostener la soberanía de datos, lo mismo que por ejemplo con el Astillero Río Santiago, por eso debemos enfrentar la entrega que pretende Milei”, agregó Kempf.

En el sector nuclear, el dirigente denunció que el gobierno intenta que una empresa privada pueda “llevarse el uranio del país”, asociada al proyecto CAREM. “Se desarticuló un área de la CNEA, en especial la planta de enriquecimiento de uranio, poniendo patrimonio acumulado público y estatal al servicio de Estados Unidos, eso estamos enfrentando”, resaltó Kemkf, que vinculó todo el proceso de privatización de estas áreas a la pérdida de soberanía.

ATE denuncia que el gobierno envió un pliego internacional que habilita la venta del 51por ciento del capital accionario, sin tope máximo de la empresa estatal, lo que en caso de concretarse implicaría una pérdida de soberanía nacional y de capacidad de decisión sobre un sector estratégico para la defensa del país.

A este paquete se suma un nuevo intento por desprenderse de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra en los principales aeropuertos del país. Esta vez, el gobierno analiza avanzar con una licitación sin precio base, después de que un proceso anterior no prosperara. Pero el tema parece bastante paralizado.

“La privatización está totalmente paralizada”, le dijo a Política del Sur una fuente del sector aerocomercial, que agregó que desde un primer momento la venta de la firma “era un error, porque entre otras cuestiones encarece el servicio”. Esto fue advertido en el sur del país, en especial en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, donde la desregulación del servicio de rampa y el cierre de las bases que Intercargo podrían incrementarse “de manera significativa” costo del denominado servicio de handling.

“Con los privados dando el servicio, en lugares del país donde no hay rentabilidad se va a encarecer el servicio, porque van a cobrar tarifas excesivas”, agregaron las fuentes consultadas. Por ahora, la falta de ofertas deja el tema en suspenso. Otro freno a las privatizaciones se dio en el Banco Nación, en ese caso mediante la vía judicial, que evitó cualquier avance de privatización. Es que pese a ser sacada de la lista de empresas a vendar, la banca pública intentó ser transformada en una sociedad anónima, una alternativa que encontró el gobierno a su ofensiva.