Once multas, $3,3 millones y una pregunta que incomoda: ¿Y los controles de Ferraresi?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición del Consejo Escolar de Avellaneda, pero sancionó con $300.000 a cada uno de sus once responsables. El episodio vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad política y ética de un gobierno que hizo de la presencia del Estado una de sus principales banderas.

Hay una escena que resume bastante bien el problema: el Estado está en todas partes cuando se trata de anunciar obras, inaugurar escuelas, entregar subsidios o mostrar gestión. Pero cuando llega el momento de controlar que una contratación cumpla con las condiciones exigidas, algo parece fallar.

El Fallo 508/2026 es concreto: “La rendición de cuentas del Consejo Escolar de Avellaneda correspondiente al ejercicio 2024 fue aprobada, pero el organismo de control decidió aplicar once multas de $300.000 cada una. Son $3,3 millones en sanciones por la contratación del servicio de la empresa a nombre de Cristina Mónica Álvarez cuya habilitación habría expirado, según el Tribunal en los considerandos el 15 de noviembre de 2023”.

Para el Tribunal de Cuentas, “por Disposición 146/2024 del 14 de marzo de 2024, se aprobó una prórroga para el período marzo/abril, de la contratación realizada el 11 de agosto de 2023 aun cuando dicha contratación de los micros no preveía una cláusula habilitante a tal fin. El fallo además señala que se observó modificación en los valores como en la adjudicación de los proveedores y que los contratistas no se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires”.

No fue una multa simbólica contra un funcionario aislado. Alcanzó a todo el cuerpo colegiado: presidenta, vicepresidente, tesorera, secretario, vocales y secretario técnico. Entre ellos está Mauro Guido Nipoti, quien salió públicamente a desmentir que hubiera existido una contratación de micros sin habilitación y rechazó categóricamente cualquier hecho relacionado con una supuesta malversación de fondos públicos.

Su explicación merece ser consignada. Nipoti en el medio La Mira sostuvo que “se trató de un error en la contratación de un proveedor” y remarcó que en el mismo fallo en el que fueron multados también se aprobó la rendición de cuentas.

Hasta ahí, los hechos. Lo que no puede hacerse, sin embargo, es utilizar la aprobación de la rendición para hacer desaparecer la otra parte de la resolución. El Tribunal aprobó la cuenta y, simultáneamente, sancionó a los once responsables.

Tampoco el fallo dice que haya existido malversación de fondos públicos. Por eso sería irresponsable convertir una sanción administrativa en una acusación de corrupción. Pero del mismo modo sería engañoso presentar el expediente como si no hubiera ocurrido nada porque la rendición fue aprobada.

La multa existe. Fue impuesta. El fallo ordena su pago en un plazo de 90 días y establece incluso los mecanismos para recurrirla. Mientras no sea revocada, la sanción está vigente.

Y entonces aparece Ferraresi. No porque el intendente haya sido multado. No porque el fallo diga que contrató los micros. No porque exista en la resolución una imputación administrativa contra él. La cuestión es política. Y es precisamente por eso que resulta incómoda.

Jorge Ferraresi que renunció a su cargo como intendente y que sin embargo sigue cobrando un sueldo como asesor de su esposa Magdalena Sierra (intendenta), construyó una parte central de su identidad de gestión alrededor de un Estado municipal activo, presente y protagonista. La educación ocupa un lugar privilegiado en ese relato. En Avellaneda, la administración municipal convirtió las escuelas en uno de los principales escaparates de su gestión.

Pero un Estado presente no es solamente un Estado que inaugura. También es un Estado que controla. Controla a los proveedores. Controla las contrataciones. Controla que los servicios destinados a los alumnos cumplan las condiciones correspondientes. Controla antes, no después.

Porque si realmente se trató de un “error en la contratación de un proveedor”, como afirma Nipoti, la pregunta política es todavía más elemental: ¿por qué fallaron los controles que debían detectar ese error antes de que interviniera el Tribunal de Cuentas?

Ahí está el verdadero problema para Ferraresi. No hace falta acusarlo de haber contratado un micro. No hace falta atribuirle una conducta ilegal. Ni siquiera hace falta decir que tiene responsabilidad administrativa sobre el Consejo Escolar.

Alcanza con preguntarle por la responsabilidad política de un sistema. Un sistema en el que once funcionarios terminan sancionados por el máximo organismo provincial de control. Un sistema en el que un consejero escolar debe salir a explicar públicamente que hubo un error. Un sistema en el que, según el descargo, no hubo malversación, pero sí existió una situación suficientemente irregular como para terminar con multas individuales.

Once multas, $3,3 millones y un “error en la contratación de un proveedor” son suficientes para formular una pregunta que el intendente debería estar dispuesto a responder: Si el Estado de Avellaneda está tan presente, ¿por qué sus controles llegan después de los errores?