Fentanilo adulterado: La querella apunta al ministro Lugones

En un nuevo capítulo de la investigación sobre el fentanilo contaminado, dos funcionarias fueron procesadas y embargadas por $500.000 millones. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME. En diálogo con Política del Sur, Sebastián Busso, abogado de una de las familias afectadas, dio más detalles de este tema.

Busso afirmó que todos los abogados querellantes están “apuntando mucho más arriba” en la cadena de responsabilidades. “Consta en el expediente que el ministro (Mario) Iván Lugones, y esto por las declaraciones de Bisio y Mantecón, sabía y era responsable de las decisiones respecto de cerrar determinados laboratorios. El juez Ernesto Kreplak lo coloca dentro de la cadena de conocimiento y responsabilidad política”, detalló el abogado. 

“Lugones es el centro hoy de la investigación de la causa penal que se está llevando adelante”, remarcó Busso, al tiempo que señaló que el ministro de Salud estaba al tanto de las reuniones que realizaron las funcionarias procesadas con HLB Pharma desde antes de que estallara el escándalo del Fentanilo contaminado. 

En esa línea, el letrado manifestó que si hoy en día fuera de “otro color político” el Gobierno nacional, “esto sería un escándalo”. “Que las administradoras del ente regulador de alimentos y medicamentos estén siendo procesadas por el mismo delito que los dueños y trabajadores de laboratorio, es decir, por alteración de sustancias medicinales con resultado de muerte de 90 personas y que implica una pena de 10 a 25 años; debería ser un escándalo y está pasando casi inadvertido”, expresó Busso.

Por otro lado y sobre la actuación del juez Kreplak, el abogado sostuvo que tanto los abogados como los familiares de las víctimas están “muy conformes” en términos generales. Comentó que mientras pensaban que la investigación estaba “planchada”, el Poder Judicial “se encargó de recolectar las ampollas de fentanilo contaminadas y de otros lotes también a los efectos de que hubiera menos impacto sanitario respecto de las víctimas”. 

“La preocupación del juez fue, luego de los allanamientos, a través de los remitos de compra-venta y de las historias clínicas, recolectar todas esas ampollas para que esta catástrofe no fuera peor. Esa tarea debió haber sido realizada a través de ANMAT y el Ministerio de Salud. Por eso creemos que, en el caso del Ministerio de Salud, hay una omisión de los deberes de funcionario público”, sostuvo Busso.

Por otro lado, comentó que a raíz de esta “catástrofe sanitaria”, algunas familias junto a algunos diputados nacionales están trabajando en un proyecto de ley de trazabilidad, porque “uno de los principales problemas era saber dónde estaban esas ampollas, considerando que se estaban administrando, mientras se hacía la denuncia”.  Y agregó que “esas ampollas seguían en el sistema y no podían ser recolectadas con efectividad justamente por el problema de trazabilidad”.

Busso mencionó, por último, que otro problema que también indicaron las funcionarias procesadas, tiene que ver con la reducción de personal en los organismos estatales.