La Comisión Directiva de la Unión de Jubilados Marítimos, Fluviales, Portuarios, de Pesca y Afines difundió este miércoles un comunicado en el que expresó un fuerte rechazo al programa anunciado por el Gobierno nacional para impulsar el crédito hipotecario a través de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
La medida fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda y extender el financiamiento de largo plazo. El programa contempla hasta $2 billones del FGS que serán colocados mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo en entidades financieras, con el objetivo de que los bancos cuenten con fondeo de mayor plazo para otorgar créditos hipotecarios.
Según informó el Gobierno, los fondos deberán destinarse a créditos para personas humanas destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. Los préstamos tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA. El Ejecutivo estima que el programa podría alcanzar a unas 18.000 familias.
Caputo defendió la iniciativa al señalar que los créditos hipotecarios constituyen una prioridad para el Gobierno y que su expansión permitiría facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, dinamizar sectores vinculados a la construcción. El mecanismo no supone, según la explicación oficial, entregar directamente el dinero del FGS a desarrolladores inmobiliarios: los recursos serán colocados en bancos, que deberán destinarlos al financiamiento hipotecario bajo las condiciones establecidas por el programa.
El anuncio, sin embargo, generó una inmediata reacción entre organizaciones de jubilados. En su comunicado, la Unión de Jubilados Marítimos calificó la decisión como una “estafa” y sostuvo que el Gobierno está utilizando recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados para favorecer al sistema financiero y al sector de la construcción.
"La plata de los jubilados no se toca”, remarcaron desde la organización, que cuestionó especialmente que los recursos del FGS sean utilizados como fuente de financiamiento para ampliar el crédito hipotecario.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 y pasó a concentrar, a partir de la estatización del sistema de AFJP en 2008, los activos que integraban las cuentas de capitalización individual del antiguo régimen previsional. La Ley 26.425 estableció la unificación del sistema jubilatorio en un régimen público y dispuso el traspaso de esos fondos al FGS.
Actualmente, el FGS está compuesto por distintos activos financieros, entre ellos títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos. Su misión oficial es preservar el valor de su patrimonio y buscar la rentabilidad de sus recursos, que pueden ser utilizados para atender obligaciones del sistema previsional, al tiempo que sus inversiones pueden orientarse a proyectos que impulsen la economía y el mercado de capitales local.
Ese carácter de fondo de reserva y respaldo del sistema previsional es precisamente el eje del cuestionamiento de los jubilados marítimos. En su comunicado, sostuvieron que los recursos acumulados durante décadas provienen del esfuerzo de los trabajadores y que deben mantenerse como garantía para la sustentabilidad del sistema jubilatorio.
“El FGS es de los jubilados, no de los empresarios multimillonarios”, afirmaron, y reclamaron la intervención de los otros poderes del Estado para frenar lo que consideran un “robo a los más débiles”.
Finalmente, la organización convocó a gremios, centrales sindicales, centros de jubilados y a la sociedad en general a movilizarse contra la decisión del Gobierno. También reclamó que legisladores y jueces intervengan para impedir la utilización de los recursos del FGS en el marco del nuevo programa de financiamiento hipotecario.