Este jueves confluyeron en los alrededores de la Casa Rosada dos movilizaciones distintas pero con un reclamo de fondo compartido, reclamándole al gobierno que adopte medidas de alivio para sectores golpeados por sus política económica. Desde las 9, cámaras de pequeñas y medianas empresas se concentraron en Plaza de Mayo para denunciar el cierre de compañías, en el marco del Día del Empresario Nacional. A las 14, la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de deudores marcharon desde Paseo Colón e Independencia hacia el Palacio de Hacienda para visibilizar la situación de más de cinco millones de familias con créditos impagos o en atraso grave.
La protesta pyme se realizó bajo la consigna Las pymes también son argentinas, en referencia a la estética de la bandera con la que la Selección reclamó la soberanía de las Islas Malvinas durante el Mundial 2026. Entidades como la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Cámara de la Industria del Calzado, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y la Fundación Pro Tejer, entre otras, reclamaron el tratamiento en el Congreso de un proyecto de Ley de Emergencia Pyme y advirtieron sobre el impacto de la suba de tasas de interés, el encarecimiento de la energía y la caída del consumo. Según los datos difundidos por los propios empresarios, ya cerraron más de 30.600 firmas desde diciembre de 2023 y se perdieron más de 411 mil puestos de trabajo registrados.
Los testimonios recogidos entre los manifestantes coincidieron en el diagnóstico de la dramática situación que atraviesa el sector. Un industrial pyme de la cadena de iluminación explicó que la marcha buscaba “frenar las políticas que nos asfixian como la tasa de interés y la poca demanda”. Un empresario de la construcción cordobés habló directamente de “industricidio” y advirtió que ese proceso “va a generar más desempleo y más pobreza para toda la población”. Otros referentes reclamaron el freno a la apertura importadora y la recomposición del poder adquisitivo como condición para sostener el mercado interno.
Los datos oficiales acompañan el reclamo empresarial, ya que el Banco Central registró que la irregularidad crediticia de las firmas trepó del 0,7 por ciento en octubre de 2024 al 3,5 por ciento en junio de 2026, mientras que la apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó 130 por ciento durante 2025 solo en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC mostró que apenas el 13 por ciento de las empresas industriales espera un aumento de la producción entre agosto y octubre, contra un 16,1 por ciento que anticipa una caída, con la insuficiencia de demanda interna como principal limitante señalada por más de la mitad de las firmas consultadas.
En paralelo, la movilización de la CGT, las dos CTA y la UTEP puso el foco en el sobreendeudamiento de los hogares. Desde la organización social de trabajadores de la economía popular remarcaron que la falta de crédito formal empuja a miles de familias de los barrios populares a recurrir a prestamistas informales para cubrir necesidades básicas como la alimentación, y definieron la jornada como una instancia de unidad de lucha frente al Palacio de Hacienda. Aunque se trató de convocatorias organizadas de manera independiente, ambas expusieron el mismo cuadro de situación de una economía donde las pymes no logran sostener su producción y rentabilidad y las familias no consiguen hacer frente a sus deudas, en un escenario que, según los propios protagonistas, el Gobierno todavía no logra revertir.