Crece el escándalo por el desvío de $1,5 billones destinados al mantenimiento de rutas

En declaraciones periodísticas, el vocero presidencial volvió a meterse en un problema, como parece su costumbre cada vez que se refiere a temas de la gestión.

En una radio de su provincia, Adrián Ravier admitió que una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que la ley establece debe ir a Vialidad Nacional  para el mantenimiento de rutas, estaba retenido por el Ministerio de Economía, sin destino conocido.

“Generó ruido este tema”, admitió el funcionario luego de haber reconocido que esos fondos alcanzan los 1,5 billones de pesos del fideicomiso creado para mejorar la red vial. “Yo creo que lo más importante detrás de este tema, de las rutas nacionales, es el cambio de época, el cambio de paradigma de la situación heredada”, intentó minimizar su declaración Ravier ante la consulta sobre sus dichos, en una conferencia de prensa.

Lo cierto es que las palabras desataron un verdadero escándalo, que salpican a las autoridades del organismo nacional y al mismo Luis “Toto” Caputo, que en la últimas horas fueron denunciados por la oposición. En tanto, los trabajadores de Vialidad Nacional confirmaron los datos de un informe sobre la magnitud de la retención indebida, y recordaron que ya en 2025 realizaron denuncias ante la justifica federal por esta maniobra, vinculada al sostenimiento del déficit fiscal a través de una serie de instrumentos financieros.

Los gobernadores del Norte Grande volverán a reclamar al Gobierno nacional la coparticipación automática de estos recursos, para intentar salvar la situación.

Los dichos de Ravier activaron una serie de reclamos por los fondos destinados por la red vial nacional. El tema lo viene denunciando la Federación del Personal de Vialidad Bacional (FEPEVINA), que ya el año pasado denunció al titular de la entidad, Marcelo Campoy, por esta maniobra, y al ministro Caputo, pero que hasta ahora la justicia no avanzó.

Los datos confirman los dichos de los trabajadores, que comenzaron a tomar vuelo con los dichos del vocero y las denuncias opositoras. Según reconstruyó el Instituto Argentina Grande, con datos a partir de balances contables y pedidos de acceso a la información pública, “el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó más de 1,5 billones de pesos desde diciembre de 2023, pero solo aplicó a obras viales una cuarta parte de ese monto”.

A fines de mayo, el fideicomiso mantenía “más de 1 billón de pesos colocados en plazos fijos y títulos públicos”.

Los documentos oficiales mostraron además “un cambio de estrategia en el manejo de esos fondos”, ya que hasta mediados de 2025, la cartera del SisVial estuvo compuesta casi en su totalidad por plazos fijos en el Banco Nación. Pero a partir de una instrucción del Ministerio de Economía, formalizada en el decreto 425/2025, “la composición viró hacia las letras del Tesoro y en diciembre de 2025 el 100 por ciento de los 664.494 millones de pesos de la cartera ya estaba colocado en esos instrumentos”.

El informe del Instituto Argentina Grande aportó otra dimensión del mismo fenómeno de la sub-ejecución, en tanto la Dirección Nacional de Vialidad usó apenas el 33 por ciento del monto que le correspondió por el impuesto a los combustibles, pese a que la recaudación de ese tributo creció un 91 por ciento real entre 2023 y 2025.

La provincia de Buenos Aires resultó la más golpeada, con el 85,4 por ciento de la caída real del gasto vial entre 2023 y 2025, y con más de la mitad de sus rutas nacionales en mal estado, entre ellas las rutas 3, 5, 7 y 33, claves para el transporte de cargas y la conexión con los puertos.

Los datos de sub-ejecución de los recursos destinados a Vialidad Nacional están en discusión, no sólo por las palabras de Ravier. Es que en 2024 el gasto devengado por la entidad “fue el más bajo desde 2002”, según este trabajo. Así, según el reporte al que tuvo acceso Política del Sur en 2025 “fue  apenas 0,6 por ciento mayor a 2024”, mientras que 2026 “parece será peor que estos años: el gasto devengado en el primer semestre de este año por esta entidad cayó un 17,9 por ciento en términos reales contra el mismo período de 2024 y un 42 por ciento contra el primer semestre de 2025”.

A nivel provincial el gasto en Vialidad impactó en todas las provincias, con excepción de Jujuy y San Juan. La sub-ejecución del fondo, que se nutre del Impuesto a los Combustibles Líquidos, alcanzó el 73,8 por ciento desde que Milei asumió la presidencia.

En 2024 se ejecutó “apenas el 11,3 por ciento de lo recaudado, en 2025 el porcentaje subió al 39 por ciento y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a caer al 18,5 por ciento”.

“Lo retenido por el gobierno nacional es 1,6 billones de pesos”, según confirmó el secretario Gremial y de Prensa de la entidad, Fabián Cattanzaro.

Respecto a la desfinanciación y la paralización de las tareas de mantenimiento en las rutas, el dirigente coincidió que hay dos factores claves: “La caída del presupuesto en términos reales, que está por arriba del 80 por ciento, y por otro lado el salto que pegó el Impuesto a los Combustibles Líquidos en el gobierno de Milei se volvió la principal fuente de financiamiento de Vialidad Nacional, al pisarlo nos paralizan”.

Es tan importante este recurso que según el Instituto Argentina Grande  el único impuesto que recaudó más a nivel nacional comparado con 2023 en los primeros siete meses del año es justamente el de los combustibles.

Lo poco que giró el gobierno de este impuesto, le marcó Cattanzaro a Política del Sur, “se usó para pagar deuda con empresas”. Antes de que explotara este escándalo, el dirigente le había dicho a este medio que las denuncias que se hicieron “cayeron en saco roto”.

“Las respuestas de Comodoro Py son cajonearnos las causas. Acá se han retenido en este período de tiempo alrededor de mil  millones de dólares. Con eso podríamos haber hecho el mantenimiento de 20 mil kilómetros de ruta, construido 4 mil kilómetros nuevos”, destacó. 

Por el desvío de fondos, el 70 por ciento de las rutas nacionales están en mal estado, y se triplicaron los accidentes viales, según datos informales.

El escándalo crece, y comenzaron las denuncias. Primero ex oficialista Marcela Pagano presentó una denuncia, acompañada de un listado del supuesto destino de los fondos retenidos, vinculados a la aprobación de leyes (ver posteo).

Además, en el Congreso se ingresó el proyecto de resolución 3812-D-2026 impulsado por el legislador peronista Martín Guillermo Aveiro, el cual exige que “el Ministerio de Economía, el Banco de la Nación Argentina y Vialidad Nacional rindan cuentas sobre la inmovilización de más de 1,5 billones de pesos  recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley Nº 23.966) y la sub-ejecución del 73,8 por ciento registrada en las partidas destinadas a infraestructura vial”.

“La admisión que hizo el Gobierno no es una justificación económica; es la confesión explícita de un delito. El Impuesto a los Combustibles Líquidos no es una caja discrecional del Tesoro ni un cheque en blanco para dibujar balances. Cada argentino que paga nafta en el surtidor lo hace con el mandato constitucional expreso e indisponible de que ese dinero vuelva en calzadas transitables, señalización y seguridad vial”, dijo el autor de la iniciativa.

Por último, los 10 gobernadores del Norte Grande comenzaron a definir una agenda común, y entre los principales reclamos está el reparto automático del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales y fideicomisos.

Las provincias sostienen que esos recursos deben destinarse a rutas, caminos y puentes. Los mandatarios remarcarán el deterioro de las rutas y la necesidad de recuperar la inversión en infraestructura. En ese sentido, cuestionarán que la recaudación del impuesto a los combustibles aumentó a partir de sucesivos decretos, mientras los recursos no se traducen en obras suficientes.

Por eso, pedirán que el Estado nacional garantice el reparto de esos fondos entre las provincias. También solicitarán mecanismos de control sobre los recursos viales y los fideicomisos vinculados al sector. El objetivo es que el dinero recaudado mediante el impuesto tenga una asignación efectiva. Así, las provincias buscan fortalecer el mantenimiento y la recuperación de la red vial.