Un amplio arco social y político participará de la movilización del próximo jueves 6 al Congreso nacional, cuando en el Senado se discuta el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A la propuesta original de ambas CTA se sumaron la CGT, un sector del peronismo, los partidos de izquierda, movimientos sociales y hasta religiosos. Buena parte de estos convocantes será de la partida un día después, en la Plaza de Mayo, donde concluirá la marcha por San Cayetano que encabezarán los movimientos sociales.
En declaraciones periodísticas, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que “este proyecto de ley, si se aprobara, significaría un golpe enorme, un gran retroceso en términos de soberanía territorial. Ha puesto en guardia a las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios porque daría lugar a una catarata de ocupación de tierras que les pertenecen, y también al movimiento de los inquilinos porque plantea el tema de los desalojos exprés”.
Para Yasky, la propuesta libertaria “tiene una problemática que no se remite solamente a la cuestión -gravísima de por sí- de que no haya límites a la extranjerización de tierras, sino que, además, tiene que ver con temas que forman parte de la agenda de lucha de los trabajadores”.
El dirigente recordó que las dos CTA convocan a la movilización del 6: “Las dos CTA fueron las que convocaron a un amplio espectro de organizaciones que se reunieron en la sede de la CTA Autónoma, en una reunión de la que participó el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto con referentes de distintas iglesias, de movimientos sociales y barriales. Y allí se incubó la convocatoria para el día 6. De manera que estamos participando activamente”.
Yasky adelantó que un día antes de la movilización, el miércoles 5, las dos CTA y la CGT realizarán una conferencia de prensa en la que manifestarán su rechazo al proyecto de ley, ratificarán la convocatoria a marchar en todas las ciudades que son capitales de provincias y confirmarán la decisión de participar en la marcha de San Cayetano del viernes 7 de agosto.
Será una semana en la que la protesta social estará en la calle. Mañana (por hoy lunes) se realizará un paro nacional de CTERA que afectará los niveles escolares de todo el país y que incluirá movilizaciones. “Vamos a estar participando las dos CTA de la movilización del gremio docente el día en que paran en defensa de la educación pública y el pedido de paritarias”, recalcó Yasky.
Según se informó, el reclamo contra el proyecto “trascendió el ámbito gremial y sumó adhesiones inusuales, como una carta abierta de la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, junto con comunicados del Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío, todos expresando su preocupación por la iniciativa”. También consignó que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda “vienen desplegando una semana de acciones coordinadas que incluyen talleres, radios abiertas, banderazos y recolección de firmas en todo el país”. Ayer, ambas organizaciones realizaron un banderazo en el Obelisco como anticipo de la movilización del próximo jueves.
Respecto de la marcha de San Cayetano, los organizadores, donde se destaca la UTEP, recordaron que se cumplen diez años desde la primera vez que las agrupaciones salieron juntas a la calle un 7 de agosto de 2016. El punto de partida será la esquina de Cuzco y Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers, al lado de la iglesia de San Cayetano. La movilización se encaminará hacia Plaza de Mayo en un recorrido que sumará a agrupaciones de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y colectivos de mujeres y profesionales.
En tanto, en la previa se realizó un encuentro en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado de la Nación. La actividad, realizada en la sede porteña del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) −un espacio de formación creado por Francisco−, reunió a referentes de las tres grandes centrales sindicales del país y contó con participación desde distintas provincias por videoconferencia.
En las intervenciones quedaron en claro las muchas objeciones que acumula el proyecto que la Cámara Alta buscará tratar el próximo jueves 6 de agosto. Los cuestionamientos hicieron foco en las inconsistencias técnicas de la iniciativa parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional y en las graves implicancias que, de aprobarse, acarrearía en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional.
Hubo, a la vez, una clara reivindicación de la función social de la propiedad como principio rector para cualquier reforma en la materia, sosteniendo que en ningún caso puede hacerse a expensas de los sectores más vulnerables. Durante la jornada, tomaron la palabra Eugenio Raúl Zaffaroni, director del IFBC; Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), del cual el IFBC es su rama académica; Marcelo Pariente, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM/CGT), y secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas; Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, en la CTA Autónoma; Rodrigo Recalde, secretario de organización de ATE Capital y de la CTA de los Trabajadores - Ciudad de Buenos Aires; Alejandro Gramajo, secretario general de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); y Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de UTEP.