Nueva puja por los medicamentos: los grandes capitales versus el modelo sanitario

No había pasado un mes desde que Javier Milei se instaló en la Casa Rosada, cuando los farmacéuticos se movilizaron a la sede de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Convocados por las entidades nacionales, marcharon contra el DNU 70, cuyo contenido se comenzó a conocer en esos días, que en materia de medicamentos buscaba desregular el mercado.

El objetivo principal de la reforma fueron dos: por un lado, permitir que los tratamientos que no requieren receta médica se vendan fuera de farmacias; y por el otro, que la propiedad de estos comercios no tenga restricciones, es decir, cualquier persona o sociedad anónima pueda ser dueña de un local. A la protesta se le sumó un proceso de judicialización, que dio una primera medida cautelar a favor del modelo sanitario que defienden los profesionales.

Pero luego la ley bases fue otra vez por la liberalización, pero en ese caso, las leyes provinciales y los antecedentes  judiciales –en especial la derrota de Farmacity en su ataque a la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires –lo frenaron. Ahora, con una Ley bases II en las gateras, el gobierno va otra vez por los medicamentos. La idea en este nuevo proyecto es volver a los 90, donde se permitió el ingreso a grandes capitales al sector, que alteraron el modelo solidario de atención. La medida no es sólo rechazada por los farmacéuticos, sino que además las obras sociales creen que estas decisiones traerán problemas a la atención, en el marco donde la industria productora de fármacos sigue creciendo en facturación, pese a la caída en la dispensa de unidades, de la mano de la crisis de ingresos que vive gran parte de la población.

Según las versiones periodísticas, como en otras ocasiones el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, está detrás de este nuevo paquete de leyes que intenta desregular varios rubros de la economía, como el mercado de medicamentos.

La iniciativa abarca la venta de medicamentos entre otros muchos temas, como el transporte marítimo hasta los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales. El texto al que accedió Política del Sur contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y propone una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En cuanto a las farmacias, los cambios propuestos por esta iniciativa incluyen modificaciones muy profundas de la Ley 17.565, también conocida como Ley de Farmacias. Entre las principales novedades figuran: Venta de medicamentos con receta por canales digitales; entrega a domicilio; comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias; libertad para fijar horarios de atención; y digitalización de recetas y registros. Además, la modificación de la Ley de Farmacias también habilita que las farmacias “adopten cualquier forma societaria permitida por la legislación vigente”.

Esto deja sin exclusividad de propiedad a los farmacéuticos, como es tradición del modelo sanitario. Además, las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias. Por otra parte, se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente.

En general, la iniciativa del oficialismo modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, normas vinculadas con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías, además de derogar leyes históricas vinculadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo. El objetivo declarado es “eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados”.

La medida genera mucho malestar entre las farmacias. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) aseguran que la propuesta “termina con el modelo sanitario que rige en el sector desde hace décadas”. Consultadas por Política del Sur, las fuentes de la entidad marcaron que “hay un intento de regalarle el mercado de medicamentos a las grandes cadenas, con Farmacity a la cabeza”.

La principal cadenera que opera en el país acaba de ingresar a la Patagonia, comprando una red de farmacias con presencia en Rio Negro y Neuquén, y mira con entusiasmo el intento de romper el actual esquema sanitario y solidario que intenta la gestión libertaria. “las leyes provinciales son el resguardo de las farmacias”, afirmaron desde la COFA, que junto a los Colegios de Farmacéuticos trabaja para resistir la desregulación.

En este sentido recordaron que cuando hubo una resistencia similar durante el gobierno de Mauricio Macri, en la provincia de Buenos Aires se multiplicaron las ordenanzas en los distritos prohibiendo este tipo de locales, y apoyando las farmacias comunitarias. “Los peligros sanitarios son claros, además del impacto en el acceso a los medicamentos, donde hay cadeneras quedan muchos barrios sin atención”, marcaron. Además, sorprendió que la Federación Nacional Mercantil Mutualista de la FAECYS (FENAMMF), entidad dentro del gremio mercantil, se pronunciara abiertamente contra esta medida.

“El medicamento no es una mercancía: Es un bien social y una responsabilidad indelegable del Estado” señaló la entidad, cuya obra social OSECAC es una de las más grandes del país. “Las modificaciones propuestas implican un cambio de enorme trascendencia para el sistema farmacéutico argentino”, dijo mediante un texto, firmado por el histórico dirigente Armando Cavalieri.

En este contexto, se conoció el octavo informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación vinculado al mercado de medicamentos, que trae como novedades los cambios normativos que se preparan, y datos del mercado farmacéutico, que sigue sumando facturación pese a la baja en unidades que hay en farmacias.

Traducido, esto quiere decir que se venden menos tratamientos, pero mucho más caros. Según el reporte de la entidad, al que tuvo acceso Política del Sur, lo datos trimestrales de los productos farmacéuticos para uso humano del primer trimestre del año establecieron que “la facturación total de  la industria farmacéutica en la Argentina registró 3.048.203,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 32,7 por ciento en relación con el mismo trimestre de 2025”.

Esta variación surge por aumentos de 34,3 por ciento en la facturación de producción nacional y de 29,5 por ciento en la reventa local de importados.  Si se lo compara con la inflación, que en los primeros tres meses del año estuvo en torno del 9,4 por ciento, menos de un punto arriba del 2025, la explosión de la facturación es notable.

Además, en la facturación de producción nacional, se observa que el 86,5 por ciento corresponde a ventas al mercado interno mientras que 13,5 por ciento corresponde a ventas al mercado externo, registrándose una suba de 31,6 por ciento en las ventas al mercado interno y de 55,4 por ciento en las exportaciones. 

Uno de los cambios trascendente del mercado de medicamentos desde que asumió Javier Milei apunta a la suba de los productos “de veta libre” –conocidos como OTC –en el peso de la facturación. Históricamente, la relación junto a los éticos (venta bajo receta) era de un 25/75 respecto a los segundos.

Pero la política del gobierno de pasar muchos grupos de tratamientos a la condición OTC está cambiando esa proporción. Según datos del observatorio de la COFA, se observa la dispensa en envases “se modificó tal como lo informara en el mes de julio 2025, y se produjo un cambio en la relación OTC versus éticos”. “Esto se produjo probablemente por el pase a venta libre de muchos productos del segmento éticos productos lideres como los inhibidores de la bomba de protones que antes eran cubiertas por la obras sociales (os) y las empresa de medicina prepaga (EMP)”, explicó la entidad.

En la actualidad, al cierre del 2025 la “relación es de 35,63  versus 64,37 por ciento, muy superior al detectado en julio del 2025 que era 28,4  vs 71,6 por ciento”; siempre a favor de los tratamientos de venta con receta. Esta semana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó la Disposición 4714/2026 en el Boletín Oficial que amplía el acceso a productos que el organismo considera “de seguridad, calidad y eficacia probadas”.

La medida alcanza a especialidades medicinales con principios activos ya aprobados en determinadas concentraciones y formas farmacéuticas, que ahora serán OTC. Entre ellos figuran Trimebutina Maleato, Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato, Dimenhidrinato y la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato. La nueva condición de expendio también abarca Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata, e Ivermectina.