Alertan que el deterioro de las rutas nacionales es “el más profundo de las últimas décadas”

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez alertó hace unos días de la “balcanización” de las rutas argentinas. El legislador criticó la decisión del gobierno nacional de permitir a nueve provincias realizar tareas  de mantenimiento en la red vial, a través de convenios con la Dirección de Vialidad Nacional que de esta forma se retira de sus obligaciones, en el marco de un brutal plan de ajuste desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

En el marco de la motosierra libertaria que no se detiene, la capacidad de este organismo está cada vez más golpeada, y sus trabajadores alertan de las consecuencias de esta política.

Es que  la falta de inversión en el mantenimiento de los caminos no sólo deteriora las trazas y la infraestructura, sino además genera gastos que contradicen el supuesto ahorro fiscal que se busca. Estas cuestiones son parte de las conclusiones del último reporte de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que reveló datos de todas las provincias, y denunció el “deterioro acumulado, la falta de mantenimiento y la paralización de las inversiones destinadas a la red vial”.

Ante la ausencia de datos oficiales, el gremio decidió realizar su propio relevamiento, que determinó que el 70 por ciento de la red vial bajo jurisdicción nacional está en “estado malo o regular”. Además del gasto extra, el deterioro genera un aumento de los accidentes, que no son registrados por las cifras oficiales, por lo cual se anunció un acuerdo con una ONG para intentar datos certeros de esta problemática.

Cada mes, la FEPEVINA realiza relevamientos del estado de las rutas nacionales y las consecuencias del ajuste que se realiza sobre Vialidad nacional, que se retira de sus obligaciones a partir del ajuste y los convenios de transferencias de tareas. En su último reporte, de junio de este año, se confirmó el “deterioro sostenido” que se inició en diciembre del 2023. “Actualmente más del 70 por ciento de la red vial nacional presenta tramos en estado regular o malo”, una proyección elaborada a partir del seguimiento realizado por el gremio sobre el terreno y de los últimos registros oficiales disponibles. Esto genera “altos costos de operación vehicular”.

Además, el informe al que tuvo acceso Política del Sur detectó “seccionales altamente congestionadas con bajo Índice de Servicialidad Presente (ISP), deteriorando la capacidad y el nivel de servicio”. Por el mal estado de las rutas, FEPEVINA recalcó que “la velocidad media se redujo a 60 kilómetros por hora”. Uno de los problemas que se detectaron más frecuentemente fueron las banquinas sin control de acceso: “Giros anárquicos que aumentan la potencialidad de accidentes”.

El deterioro de las rutas argentinas bajo jurisdicción nacional “no sólo incrementa los costos de circulación y transporte, sino que también reduce la velocidad promedio de circulación, aumenta la congestión y eleva el riesgo de siniestros viales”.

Según el documento, la infraestructura vial constituye “un factor determinante para prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de las personas”. Todo esto tiene un impacto económico. “Por cada peso no invertido oportunamente en mantenimiento vial, se deben gastar entre 3 y 5 veces más en la rehabilitación posterior”, explicó el reporte de FEPEVINA.

Además, las pérdidas anuales estimadas por el gremio por esta realidad “fluctúan entre el 1 y el 3 por ciento del PBI por sobrecostos de operación vehicular y reconstrucciones evitables, sin contar el impacto indirecto por pérdidas de producción, desincentivos a la inversión y accidentes adicionales”.  

El documento sostiene que la situación atraviesa a todas las provincias y vincula “el deterioro de la infraestructura con el proceso de desfinanciamiento que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad”, al que califica como “el más profundo de las últimas décadas”. Además, alerta sobre las consecuencias que esta política puede tener para la seguridad vial, el transporte de cargas y la actividad productiva.

Otro de los puntos centrales del relevamiento apunta a la ejecución presupuestaria, en medio del ajuste, y el despido de personal, sostenido en la idea de cerrar el organismo, algo que se anunció pero las movilizaciones de los trabajadores y gremios y la justicia frenó. Sobre el primero de los temas, FEPEVINA sostiene que, al cierre del primer semestre de 2026, solo se había devengado el 33,6 por ciento del presupuesto asignado a Vialidad Nacional y apenas el 27,5 por ciento había sido efectivamente pagado, pese a que ya había transcurrido la mitad del año. El documento agrega que los programas vinculados a obras de seguridad vial y mantenimiento de puentes y alcantarillas “registran 0 por ciento de ejecución, mientras que dos de cada tres pesos previstos para infraestructura permanecen sin utilizar”.

En cuanto a la dotación del personal, el informe describe “un fuerte retroceso en la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad”. Según FEPEVINA, desde marzo de 2024 se produjo “un proceso sostenido de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones que redujo significativamente la dotación del organismo, afectando especialmente a ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas, perfiles considerados estratégicos para el mantenimiento de la red vial”. De acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento, la planta pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a aproximadamente 4.340 en la actualidad, mientras que la proyección elaborada por la entidad advierte que podría descender hasta los 3.800 agentes si continúan las desvinculaciones previstas.

“La combinación de reducción presupuestaria, paralización de obras, pérdida de personal especializado y debilitamiento institucional configura un escenario que compromete la capacidad del Estado para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial nacional”, concluyó FEPEVINA.  

Otro punto que el gremio viene denunciando es lo que llaman “apagón estadístico”. El ajuste que también golpea a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad “hermana” de Vialidad Nacional, está dejando sin datos oficiales sobre siniestralidad en el país. ante esto, FEPEVINA firmó un acuerdo con la ONG Fundación Estrellas Amarillas para realizar acciones de concientización, además de recopilar datos sobre accidentes.

El fin de semana, se firmó un nuevo convenio para profundizar esta tarea. Según informaron desde FEPEVINA, se acordó con la entidad “acordó acciones conjuntas” a favor de la seguridad vial, destinadas a “promover una movilidad más segura y fortalecer la construcción de políticas públicas orientadas a prevenir los siniestros”.

Fundación Estrellas Amarillas promueve una campaña donde la estrella amarilla es símbolo de memoria y prevención, señalizando los lugares donde ocurrió un siniestro vial con víctimas fatales. El objetivo es recordar a las personas fallecidas, visibilizar el hecho trágico y generar conciencia en conductores y peatones para evitar nuevas pérdidas.

A través de un comunicado, FEPEVINA informó que el acuerdo fue firmado por su Secretario Adjunto de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, y la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González. En el contexto del acuerdo, FEPEVINA señaló que el convenio permitirá desarrollar “acciones de capacitación, concientización, investigación, asistencia técnica y desarrollo de proyectos conjuntos”. La entidad gremial sostuvo que la iniciativa fortalecerá el vínculo entre quienes trabajan diariamente por la infraestructura vial y quienes “transforman el dolor en un compromiso permanente con la vida”.

Con la firma del convenio, FEPEVINA reafirmó su compromiso de trabajar junto con la Fundación Estrellas Amarillas en la promoción de una movilidad más segura y en la prevención de los siniestros viales. “Cada acción en favor de la seguridad vial es una acción en defensa de la vida”, remarcó FEPEVINA. “Muchas veces el error humano está condicionado por la infraestructura”, manifestó sobre maniobras arriesgadas al volante que se ven dificultadas por el estado de las rutas. “Esas maniobras temerarias están condicionadas y ahí hay una íntima relación con la seguridad vial, con la vida, que evidentemente el Gobierno también se ocupa de tratar de barrerlo debajo de la alfombra, todo esto”, remarcó Catanzaro.