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Se activó el plan de lucha sindical: De la resistencia a la confrontación directa - Política del Sur

GREMIALES | 24 JUL 2026

ANALISIS

Se activó el plan de lucha sindical: De la resistencia a la confrontación directa

Con la marcha de esta semana, las tres centrales obreras comienzan una nueva etapa en su relación con el gobierno, donde hay unidad de criterio para enfrentar en la calle el avance libertario. Ya no buscan bajar una medida, sino “combatir un modelo”. recuperar el salario, l tema central en este proceso de transición.




Directo y sin medias tintas como suele ser, Pablo Moyano sintetizó en un breve contacto con la prensa lo que espera sea la marcha con jubilados, que las tres centrales obreras protagonizaron esta semana. “Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, fueron sus palabras.

Similares ideas expresó el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, que se animó a ir más allá y pedir un juicio político para el presidente Javier Milei. Estas dos definiciones hablan que el plan de lucha acordado por todo el arco sindical, acompañado por movimientos sociales y otros espacios, es un cambio de etapa en la relación con el gobierno. Para la dirigencia, incluso la más dialoguista, los puentes con la gestión libertarias están al menos dinamitados. Y no queda otra alternativa de pasar de la resistencia a la confrontación directa.

Esta es la sensación que atravesó la jornada frente al Congreso, que más allá de la masividad –se esperaba una demostración más contundente de músculo, admitieron algunos dirigentes –promete iniciar una serie de medidas que terminen en un paro general, el quinto contra este gobierno. Los datos sobre la realidad de los trabajadores sobran para justificar esta medida, desde la pérdida generalizada de poder adquisitivo a los despidos y cierres de fábricas.

Es que también cambió el foco de las protestas, que ahora apunta directamente al modelo actual, no sus medidas que lo instrumentan. “La reforma laboral ya está, no va a caer”, admitió al respecto un dirigente.

La jornada de lucha es el preludio de un plan de lucha que por demorado no deja de generar expectativa. Aunque la próxima parada es una cita ya tradicional: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.

Pero un día antes, cuando el Congreso trate el proyecto que permitirá la compra de grandes porciones de tierra a ciudadanos o empresas extranjeras, los gremios podrían también participar de una importante movilización. “Hay que profundizar el plan de lucha, San Cayetano es una movida histórica, anunciada cada año, hay que ponerle mucho énfasis en lo que va a pasar un día antes, en el Congreso, cuando se trata la ley de extranjerización de la tierra, tenemos que hacer una movida que se sienta no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, que se sepa lo que pretende hacer el gobierno con este país”, le dijo a Política del Sur un dirigente que participó de la movilización de este miércoles, adelantando los planes de los sectores más combativos.

Es que el plan de lucha que comenzó esta semana aparece además como un plan de etapa en la pelea del movimiento obrero contra el gobierno. Ya no se trata de resistir, sino de confrontar. Esa es una de las síntesis alcanzadas en la dirigencia, que ante el avance del modelo libertario y la falta de resultados a la estrategia dialoguista –apenas fueron convocados a una mesa de discusión –y judicial –los fallos terminaron avalando casi todos los proyectos del oficialismo –el cambio se impuso por el peso propio de la ofensiva contra los derechos.

“La reforma laboral ya está, no la vamos a voltear”, le recalcó a Política del Sur otro dirigente consultados, que entiende que ahora “hay que pensar en que no hay posibilidad de cambio de rumbo, sólo de cambio de gestión”. Algo de esto pudo verse esta semana cuando se conoció que el gobierno cambió la reglamentación de la firma de calcular la cuota solidaria.

Al principio, se habló de una medida a favor de los gremios, que con el correr de los días, cuando se conocieron más detalles de la medida, ya no hubo tanto festejo. Lo cierto es que la iniciativa mostró cierto contacto entre las partes. “El gobierno deja ver algunas señales que hubo alguna negociación con la CGT, lo vemos con el tema de la cuota solidaria”, admitió el mismo dirigente consultado.

Aunque la llegada de Diego Santilli al gabinete fue vista como una oportunidad de mantener el dialogo, ya casi nadie se esperanza con algunos resultados por fuera de una confrontación. “Con este plan de lucha no vamos por la reforma, sino para confrontar con un gobierno que le declaró la guerra a los gremios y el gobierno. Generar una unidad concreta que genera resistencia”, resaltó otro de los dirigentes consultados.  

En tanto, La CGT eligió enviar por redes sociales el mensaje “hoy salimos a las calles”. Este martes el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo remarcó las diferencias con la gestión libertaria: “No acompañamos ninguna ley que presenta el gobierno”.

Antes de San Cayetano, el 3 de agosto, la CTA y los movimientos sociales convocan a una marcha universitaria, en un contexto en el que los gremios docentes evalúan un paro para el regreso a clases. “Logramos reconstituir la unidad de las tres centrales y definir un plan de acción”, ratificó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien además precisó que su central marchará al Ministerio de Economía el 22 de agosto para reclamar por el endeudamiento familiar.

Esa fecha y la del 2 de septiembre, por ahora, figuran en un comunicado de la CTA de los Trabajadores junto a los movimientos sociales; no hay confirmación de que la CGT o la UTEP vayan a sumarse a esas dos convocatorias puntuales. Según confirmó la central obrera tras una reunión con movimientos territoriales, su plan de lucha también incluye el rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras y a la privatización de AySA, dos reclamos que se suman a la agenda previsional y de programas sociales que motivó la marcha de los jubilados.

Ya en septiembre, la CTA de los Trabajadores anunció una movilización de pequeñas y medianas empresas para el 2 de ese mes, en rechazo a lo que se describe como “la destrucción del entramado productivo”. Ese acto es la antesala del horizonte de todo el cronograma: octubre, cuando movimientos sociales y centrales sindicales esperan confluir en una Marcha Federal acompañada de un paro general que, por ahora, está en debate en el interior de la CGT.

Esta central adelantó además que marcharán cuando el gobierno convoque al Consejo del Salario, algo que se viene reclamando, teniendo en cuenta la destrucción del mínimo” que se viene produciendo. En este punto, difundieron datos de su Centro CIFRA que advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula “una fuerte pérdida real” y dejó de funcionar como “referencia de ingresos”.

El deterioro también se refleja en la comparación con alimentos, transporte y la línea de pobreza, según la entidad. El reporte se conoció en el marco del inicio de un plan de lucha de las tres centrales obreras, que piden que se reabra el Consejo del Salario, espacio que define los valores del ingreso base, y que lleva meses de inacción.

Cuando se llame a esa mesa de discusión, los gremios marcharán para poyar sus reclamos. Según los datos relevados por CIFRA, el salario mínimo “acumula una caída superior al 40 por ciento en su capacidad de compra desde el inicio de la gestión de Javier Milei”. El dato vuelve a poner en foco el deterioro de los ingresos laborales y su impacto sobre las condiciones de vida de los hogares. Actualmente, el salario mínimo se ubica en 376.600 pesos.

De acuerdo con el relevamiento, si ese ingreso hubiera acompañado la evolución de la inflación desde 2015 sin perder poder adquisitivo, debería ubicarse en torno a los 955 mil pesos.