La vigencia de los convenios colectivos, la primera batalla contra la reforma laboral libertaria

Sin esperar que los planteos judiciales se resuelvan, el gobierno nacional avanza a paso firma con la implementación de la Ley de Modernización Laboral. En medio de un escándalo vinculado a la forma en que un juez dejó vigente la mayor parte del articulado –luego de una suspensión hasta que se resuelva la cuestión de fondo –la reforma se empezó a “corporizar”.

A partir de algunos casos particulares, que pueden generar fuerte precedente, los cambios en la matriz del mercado de trabajo argentino comienzan a trasformar las relaciones laborales. Mientras los gremios preparan un plan unificado entre las tres centrales, todos los días hay un paso más hace la completa aplicación de esta nueva normativa.

El primer capítulo de esta pelea está centrado, por lo menos hasta ahora, en la discusión de los convenios colectivos. En las últimas horas, la secretaría de Trabajo confirmó que la rediscusión de los acuerdos superará los 800, casi el doble que los que había anunciado oportunamente.

Por imperio de la nueva ley, la cartera que lidera Julio Cordero tendrá amplia potestad para cerrar los convenios, lo que genera alarma entre las organizaciones sindicales, que deberán sostener derechos como la ultraactividad en condiciones de inferioridad, ya que se conoce el perfil pro-empresarial del titular de la cartera, y del propio gobierno de Javier Milei. Además, ya circulan ideas de romper el unicato, y habilitar sindicatos por empresa, un viejo anhelo de los sectores patronales.

La Ley de Modernización Laboral comienza a “colarse” en varios ámbitos del mundo del trabajo, y a tener pasos concretos respecto de su aplicación. En este contexto, la vigencia de los convenios colectivos, su amplitud y efectividad es la primera batalla grande que librarán patronales, gremios y el gobierno bajo los parámetros de la nueva normativa.

El primer paso elegido fue avanzar en la rediscusión de los acuerdos, bajo la estricta tutela de la secretaría de Trabajo. En primer lugar, se habló de unos 460 convenios a revisar, pero esta semana se confirmó que serán casi el doble los revisados: unos 800. El Decreto 407/2026 reglamenta este procedimiento: considera vencidos los convenios cuyo plazo original expiró, permite tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para convenios sin fecha expresa de vencimiento, y ordena a la Secretaría de Trabajo iniciar el procedimiento dentro de los 30 días desde la vigencia del decreto.

Además, el DNU incluyó dentro de las cláusulas obligacionales a “aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica o institucional” en favor de partes signatarias o estructuras creadas por convenio. Eso puede afectar ingresos que antes se sostenían por ultraactividad, incluso cuando el convenio estaba vencido. Esto, dicen fuentes consultadas por Política del Sur, es “un golpe directo a la financiación” de los gremios.

Lo que se pone en juego en esta discusión pones la llamada ultraactividad, que puede definirse como la continuidad de un convenio colectivo después de vencido su plazo, hasta que sea reemplazado por otro. La Ley 27.802 reformó el artículo 6° de la Ley 14.250: ahora sólo mantienen vigencia las cláusulas normativas, es decir, condiciones y beneficios individuales directos del trabajador; las cláusulas obligacionales —por ejemplo, aportes, fondos o cargas institucionales para sindicatos, cámaras o entes vinculados— sólo siguen vigentes si hay acuerdo de partes.

Otro punto que se intentará imponer en estas negociaciones es romper la tradición  del “sindicato por rama”, corazón del llamado unicato. La idea de imponer gremios por ramas es un viejo anhelo de las empresas, que este gobierno intentará imponer.

Hace unos días, luego confirmarse la venta de la compañía Shell de sus operaciones en el país, que incluye a las 894 estaciones de servicio de la firma, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, además de dos aeroplantas ubicadas en Ezeiza y Aeroparque, dos terminales de almacenamiento y despacho de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe, pasarán a ser controladas por los suizos de Mercuria Energy Group, más la participación de los empresarios argentinos José Luis Manzano y Daniel Vila a través de Integra Capital, una decisión que sacudió el mercado de los combustibles nacional.

Además del impacto que tendrá esto en un rubro extremadamente complejo –que se vio sacudido este año por la guerra en Medio oriente y la suba y baja constante del valor del petróleo –puede abrir la puerta a una de las medidas más polémicas de la reforma laboral. Es que en la firma ya se habla de la posibilidad de fomentar un gremio para todo su personal. La posibilidad circuló con fuerza para los trabajadores de estaciones de servicio, mientras en el resto de la firma miran con expectativa la llegada de los nuevos dueños y sus planes laborales. 

Luego del anuncio de la venta, una de las cuestiones que se comenzaron a hablar respecto de Shell es la chance de un cambio en la representación gremial. Según los rumores que difundieron varios medios, la operación comercial activó la posibilidad del armado de un nuevo sindicato, algo que en las oficinas de Shell “se venía analizando con referentes sindicales de la actividad”.

En la firma hay dos grandes representaciones sindicales: la del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), para los popularmente llamados playeros y otro personal, y los de los petroleros privados. La Ley de Modernización Laboral pretende fragmentar la representación sindical, reduciendo del 20 al 5 por ciento el porcentaje mínimo de afiliación necesario para iniciar el proceso de reconocimiento de una organización gremial; al tiempo que establece un mecanismo para “comparar la cantidad de afiliados cotizantes entre sindicatos que compitan por la representación de los trabajadores”.

De esta forma, se fomentan los “sindicatos por empresa”, como los que funcionan en las empresas aéreas low cost, que se crearon durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora, la idea es fomentar este tipo de organizaciones, que suelen tener una mirada cercana a las empresas.

Por el momento, en la ex Shell se trata solo de “versiones periodísticas”. En la planta de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, faltan certezas al respecto. “Lo que escuchamos es que se trataría de una maniobra sólo para el personal de estaciones de servicios, los trabajadores bajo órbita del sector petrolero estaríamos fuera”, le explicó a  Política del Sur una fuente de la empresa, cercana a la comisión interna petrolera.

Tanto para quienes trabajan en distribución como en la rama petrolera, “no hay información que se vaya a intentar este cambio”. Desde la planta reconocieron que la firma está “en un proceso de transición, que puede durar unos meses, hasta que la nueva duela tome el control de la firma. Mientras pasa eso, estamos en un estado de incertidumbre”.

Además de esta situación, en la refinería hay un conflicto abierto por el despido de al menos cinco activistas sindicales, que lograron dos fallos de reinstalación de la justicia pero la empresa no cumple. “No sabemos con qué política laboral va a venir los nuevos dueños,  más allá de las versiones lo que buscamos es que los despedidos vuelvan a su cargo como marcó la justicia”, resaltó la misma fuente consultada.