El acuerdo universitario genera expectativas de que se rompa el techo salarial estatal

El acuerdo firmado la semana pasada entre los gremios universitarios y la secretaría de Educación nacional pareció terminar con un largo conflicto, que generó decenas de paros y al menos cuatro marchas multitudinarias. Más allá de las voces disidentes que aparecieron luego que se confirmara el entendimiento, que apuntan a la falta de recuperación de lo perdido en años anteriores, el incremento tiene como mérito romper el techo salarial impuesto por el equipo económico, que apuntó a acuerdos en torno del 1-2 por ciento, dejando los ingresos como principal ancla inflacionaria.

Esta situación abre expectativas en momentos que el gobierno nacional confirmo que reabrirá la paritaria del Estado nacional que sigue “planchada” con sumas por debajo del IPC. La cumbre de hoy jueves pone el foco de atención en los salarios de la Administración Pública Nacional, que según el último informe de los trabajadores del INDEC perdieron un 31 por ciento de su poder de compra desde que asumió Javier Milei.

Por eso, ATE adelantó que irá a la cumbre para reclamar aumentos “por encima de la inflación y una suma fija de 400 mil pesos”, que salven esta realidad. La dirigencia estatal espera que el empuje del convenio universitario sirva como “efecto contagio” y pueda romper los límites impuestos en estos años de gestión libertaria.

El llamado a paritarias por parte del gobierno se da a días del acta acuerdo que destrabó de alguna manera el conflicto universitario, y genera expectativa por la posibilidad que se rompa en este caso también el techo salarial libertario. Además de los reclamos que se vienen repitiendo mes a mes, desde ATE esperan que se abra una chance para comenzar a revertir la pérdida salarial.

“Entendemos el triunfo universitario, una contestación simbólica a la movilización más grande de su historia, es una novedad, porque el gobierno tuvo que retroceder, como pasó con otras victorias populares, como al del Hospital Garrahan”, sostuvo Rodolfo Kempf, integrante de la conducción nacional de ATE y referente del gremio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).ante la consulta de Política del Sur, el dirigente consideró “un avance de la lucha” el aumento conseguido, aunque en su condición de docente universitario lo calificó de “insuficiente”.

Respecto al impacto que puede tener en las paritarias generales del estado, Kempf resaltó que “genera perspectivas de un avance, contra el techo salarial y el pluriempleo”. “Hay que tomar este ejemplo como una perspectiva para adelante, para terminar cuanto antes con esta política salarial, en la calle junto a todos los sectores del Estado y del sector privado”, insistió.  Una de las características del acuerdo universitario es que llega cuando la tensión está en su tope máximo, y las alternativas eran pocas para evitar el colapso.

En este sentido Kempf  recordó que el incremento llega en momentos que “se tomaron los colegios preuniversitarios y que los gobernadores no pueden aguantar más la situación de ajuste, incluso aquellos que han colaborado con sus políticas”. En el Estado nacional, los trabajadores estatales fueron los que primero plantaron bandera ante la motosierra libertaria, generando el primer paro nacional de su gestión. Por eso, esperan que la próxima paritaria, marcada por la protesta de 36 horas, pueda marcar un cambio.

“Hay que seguir el camino de Bolivia”, dijo el referente sindical, dejando en claro el perfil que plantea el gremio. En este sentido, Kempf subrayó que “nos queda por delante la lucha contra este régimen que representa el fascismo del siglo XXI, que utiliza los salarios de hambre tanto en el sector universitario como el sector científico-tecnológico para intentar desmantelar el conocimiento, mercantilizando y regalando lo que se pueda”. Esto, agregó, va de la mano “del industricidio que se lleva adelante”.  

En cuanto a las paritarias que se abren este jueves, la conducción de ATE fijó postura, con sus pedidos, que se viene repitiendo. Se trata de la apertura del periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que comprende desde junio de 2026 a mayo de 2027. En el ciclo anterior, los aumentos llegaron a 21por ciento frente a una inflación que en ese mismo lapso fue de 33,2 por ciento, resultando una diferencia de 12,2 por ciento. Y durante la gestión de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 40 por ciento.

De esta forma, el sindicato estatal exige: Aumentos por encima de la inflación y suma fija de 400 milpesos; cláusula gatillo, paritarias libres y sin techo; apertura de todos los convenios del sector público; reactivación del FOPECAP (Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral); derogación de la Ley 27.802 de reforma patronal; y cese del ajuste y los despidos, reincorporación de las y los despedidos.

“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos. Los salarios ya no pueden cubrir las prestaciones básicas indispensables como son la vivienda digna, alimentación, vestimenta y otras aseguradas en el derecho constitucional que tenemos a la retribución justa”, señaló Rodolfo Aguiar, titular de la conducción nacional del gremio.

En este marco, agregó: “Se debe otorgar un incremento que supere la evolución de los precios y además contemple una cláusula de actualización automática por inflación. Si eso no ocurre, será difícil alcanzar un entendimiento. Además debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido que es más del 40 por ciento”. “Si no hay una propuesta integral que contenga todos estos aspectos, será el Gobierno el que apueste al crecimiento de la conflictividad en el Estado”, concluyó Aguiar.

Los bajos salarios públicos no son un fenómeno nuevo, pero desde que Milei llegó a la Casa Rosada el desplome es notable. Así lo determinó el último informe de la Junta interna de ATE en el INDEC, que viene siguiendo la evolución del poder de compra de los sueldos públicos.

A marzo de este año, cuando se produjeron una serie de aumentos que dispararon el IPC, se necesitó según sus estimaciones “2.347.464 de pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”. “Este valor se compone de 812.888 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.534.576 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, resaltó el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur.

Las canastas utilizadas para el ejercicio de análisis de los trabajadores del INDEC no son las utilizadas para la medición de la pobreza, por ejemplo, que en marzo de 2026 llegó a 1.434.464 pesos. “La inflación no afloja y los salarios siguen corriendo de atrás: hoy se necesitan más de 2.300.000 pesos para vivir”, explicaron desde el organismo. “Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada alcanza el 290,3 por ciento, mientras que el salario del caso testigo (Nivel D Grado 0) registra una pérdida del 31 por ciento de su poder de compra, consolidando un fuerte deterioro de los ingresos reales”, denunciaron.

En el caso de los trabajadores monotributistas, la situación “es aún más crítica”. Según los cálculos de ATE-INDEC, “tomando un ingreso mensual actual de 723.932 pesos, acumulan una pérdida de 6.073.982 pesos, equivalente a casi 8 meses de honorarios en los últimos 97 meses”. El informe advierte que “la brecha entre ingresos y gastos se profundiza y plantea la necesidad de una respuesta colectiva para revertir esta situación”.