La rediscusión masiva de convenios colectivos abre un horizonte de conflictividad

A pocos días del cierre de la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la delegación argentina logró instalar en ese ámbito los cuestionamientos a la reforma laboral. Desde el inicio de la cumbre, la dirigencia argentina busco respaldo en su lucha contra las políticas libertarias, empezando por la Ley de Modernización Laboral. Incluso la Comisión de Aplicación de Normas de la entidad emitió recomendaciones a la Argentina luego de analizar “los cuestionamientos sindicales sobre derechos laborales, inspección del trabajo y participación de los actores sociales”.

Por esto, el gobierno de Javier Milei deberá informar antes de septiembre qué medidas adoptará para cumplir con los convenios internacionales. Lejos de retroceder, mientras este clima de cuestionamientos crecía en Suiza, la Casa Rosada decisión  avanzar a fondo con los cambios planteados en la normativa.

Por eso, se instruyó a la Secretaría de Trabajo para que realice en breve las primeras notificaciones a gremios y patronales para oficializar la convocatoria a revisar convenios colectivos, una de las polémicas medidas adoptadas a partir de la reglamentación de la norma.

En particular, la reglamentación abre la posibilidad de la continuidad o no de las denominadas “cláusulas obligacionales” vencidas. Se trata de los puntos resueltos en negociaciones bipartitas en los que en general se pactan aportes específicos a un sindicato, obra social o cámara empresaria. Esta situación abre “un panorama de conflictividad creciente”, según los gremios, que ya preparan una estrategia de discusión común.  

La ley 27.802 de reforma dictó el fin de la “ultraactividad” (vigencia de una norma más allá de su vencimiento formal hasta tanto los signatarios la rediscutan) para esos ítems y dejó a salvo las “cláusulas normativas” que fijan condiciones de trabajo e ingresos para los asalariados en cada actividad.

Fue la manera en que el Ejecutivo acordó con los gremios avanzar sobre derechos individuales en paralelo con la preservación de los “colectivos”. En tanto que el decreto reglamentario 407/26 estableció semanas atrás un plazo de 30 días para la rediscusión en los casos de vencimiento de las cláusulas. El decreto hace que la cartera laboral gane poder de intervención, por lo que los gremios denuncian “una afectación de la negociación colectiva”.

Además, se consignó que el área a cargo de Julio Cordero “podrá prescindir de las cláusulas convencionales relativas a la prórroga de vigencia (de los convenios) sin que ello implique alterar la validez o aplicación de las cláusulas”. Ante esto, la CGT encargó a su equipo jurídico un análisis de la reglamentación, y las principales preocupaciones de la dirigencia.

Desde la secretaria del Interior de la central obrera compartieron con Política del Sur algunas de sus conclusiones, en especial las vinculadas a los convenios y las paritarias. A su entender, el gobierno busca “inducir una reducción de derechos mediante convenios colectivos más débiles”. “Lo que hace con la negociación colectiva es inducir y fomentar la negociación colectiva a la baja”, resaltaron desde el equipo de abogados cegetistas, encabezado por Gustavo Ciampa.

 Además, se rechazó “el argumento oficial según el cual los convenios colectivos son estructuras antiguas que requieren una actualización profunda”. “Desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”, marcaron. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, insistieron.

Para cerrar el tema, el análisis concluyó que “se trata de una decisión de enorme gravedad institucional”. A la polémica por el alcance del fin del régimen de ultraactividad de los convenios también se suma la inquietud de gremios y empresas por el impacto de la reglamentación en materia de las cláusulas obligacionales de los acuerdos, y en particular del futuro de las cuotas solidarias que ambas partes cobran a afiliados y representantes y que desde ahora -por la caída de los convenios- deberán renegociarse.

La reforma fijó que las cuotas solidarias que los sindicatos cobran a los trabajadores de la actividad, estén afiliados o no, tendrán un tope del 2 por ciento de las remuneraciones de esos trabajadores. En el caso de las cuotas destinadas a cámaras o asociaciones empresarias las mismas no podrán superar el equivalente al 0,5 por ciento de los salarios de los trabajadores.

En ambos casos se fijaron topes que no antes de la ley 27.802 no existían, lo que habilitaba a las partes aplicar aportes variables que en algunos casos trepaba al 4 y 5 por ciento de las remuneraciones. Al analizar el texto oficial, el equipo jurista de la CGT observó que el centro de atención “no está puesto en los trabajadores”. “Fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva son mencionados más de treinta veces en el decreto reglamentario”, denunciaron.

En cuanto al impacto en las discusiones, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma publicó un informe que analiza el contenido de la última reglamentación de la reforma laboral que, en línea con el texto de la Ley de Modernización Laboral, “vulnera derechos de trabajadores y trabajadoras”.

En cuanto al vencimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, incluido en el artículo 4 del decreto, que reglamenta el artículo 137 de la ley, el reporte recordó que durante el plazo de un año, “la Secretaría de Trabajo puede convocar a las partes a negociar los convenios vencidos, vigentes por ultraactividad”. “Vale decir que casi todos los convenios por actividad se encuentran potencialmente en esta situación”, explicó el resumen del IEF, al que tuvo acceso Política del Sur.

La reglamentación definió que dicha cartera “debe iniciar el procedimiento de convocatoria dentro de los 30 días de entrada en vigencia del decreto (1/6/26)”. Además, la reglamentación estableció para los convenios que “no tengan fecha explícita de vencimiento o período de vigencia, que la fecha de expiración será por defecto el día 31 de diciembre de este año y, además, aclara que se ignorarán las cláusulas de prórroga automática”.

Es decir, aquellas negociaciones que hayan explicitado que sus cláusulas, “una vez vencido el convenio, seguirán vigentes por ultraactividad no serán reconocidas como tales, y las partes serán igualmente convocadas a renegociar”.

Ante esto, dijo el IEF, por más que la voluntad de las partes haya sido darle ultraactividad a la negociación, “no serán consideradas así por este procedimiento y serán llamadas para renovarlo”. “La reglamentación opera así como un mecanismo de presión para acelerar la renegociación de convenios en un contexto normativo que habilita los convenios a la baja”, resaltó el infirme.

Además, sobre las cláusulas obligacionales (aportes, contribuciones, etc.) que pierden la ultraactividad, el efecto central de esta definición “es aclarar que el conjunto de estas cláusulas, al considerarse obligacionales, carecen de ultraactividad. Por tanto, al vencerse el convenio colectivo, también se vencen las obligaciones de aportes y contribuciones que financian a los sindicatos”. Esto genera “una presión adicional sobre las organizaciones sindicales para renegociar los convenios antes de su vencimiento, en un contexto desfavorable”.