El conflicto universitario escala. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió convocar a un paro nacional del 16 al 20 de junio. Son cinco días sin clases en todas las universidades públicas del país, en el marco de la lucha para que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario. El momento del paro no es casual ni menor. La tercera semana de junio cae sobre la recta final del primer semestre. Los estudiantes están en pleno período de parciales y los docentes en las últimas semanas de cursada. Cinco días de paro sobre ese calendario implica, en la práctica, comprometer el cierre del cuatrimestre.
La decisión surge de un plenario de secretarios generales y refleja la falta de avances reales en la negociación con el gobierno nacional. En este contexto, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 24 por ciento —21,33 por ciento en junio más 3 por ciento en octubre— pero condicionada a que las universidades retiren la demanda judicial que tienen activa en la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa condición es inaceptable para el frente sindical y para los rectores del CIN.
Desde CONADU fueron claros: cualquier oferta oficial que se presente será sometida a consulta de la docencia universitaria en su conjunto. Mientras tanto, el plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente. La distancia entre lo que pide la ley y lo que ofrece el Gobierno es concreta. El sistema universitario perdió el 45,6 por ciento de su poder adquisitivo real desde diciembre de 2023. Lo ofrecido por el Ejecutivo no repone esa pérdida. Además, los gremios exigen que se convoque formalmente a paritaria —algo que, según CONADU, el Gobierno no hace desde hace años.
El paro del 16 al 20 de junio no llega solo. CONADU trazó un cronograma de movilización que lo anticipa. El lunes 9 de junio habrá clases públicas frente a Tribunales en Buenos Aires, apuntando directamente a la Corte Suprema —cuyos jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz todavía no se pronunciaron sobre la cautelar universitaria. El 11 de junio se repetirá la acción en Rosario. Y el propio 16 de junio, primer día del paro, habrá una movilización frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
Los gremios también avanzan en la arena internacional: CONADU ya formalizó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo acusando al Gobierno de negarse a convocar a la negociación paritaria y de vulnerar los espacios de diálogo colectivo. La negociación entre el Gobierno y las universidades sigue formalmente abierta pero sin señales de avance real. Mientras la Corte Suprema no se expida sobre la cautelar —y no tiene plazo para hacerlo— el conflicto seguirá siendo político además de salarial.
En tanto, la CONADU Histórica resolvió una nueva semana de paro del 16 al 20 de junio, al tiempo que advirtió que el inicio y funcionamiento del segundo cuatrimestre están en riesgo. “Sin convocatoria a paritarias, con salarios pulverizados, presupuesto insuficiente y una Ley de Financiamiento Universitario incumplida, la crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”, señaló el gremio en un comunicado.
La CONADU Histórica ratificó que no existe ninguna negociación formal en curso con la gestión que encabeza Javier Milei. “Rechazamos cualquier intento de condicionar nuestros reclamos o el abandono de las acciones judiciales impulsadas para defender la universidad pública”, insistió. Agregó que la multitudinaria movilización por #NiUnaMenos demostró que la organización y la lucha son el camino para enfrentar el ajuste y defender los derechos. “La ley no se negocia, la ley se cumple”, exigió.
El sector docente viene implementando medidas de fuerzas de semanas completas en los últimos meses ante un Ejecutivo Nacional. Ocurrió ya en marzo, abril y en mayo con mayor asiduidad. En ese contexto, la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, quien advirtió que, de no existir una solución inmediata al conflicto salarial y presupuestario, el inicio y desarrollo del segundo cuatrimestre podrían verse seriamente afectados.
Aunque reconoció que existen versiones sobre una posible convocatoria del Gobierno nacional a una mesa de negociación, aclaró que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales. “Si se convoca a las federaciones docentes y no docentes sería un avance importante. Hace más de un año y medio que no existe una instancia formal de negociación paritaria”, sostuvo.
Staiti describió el primer semestre de 2026 como un período de “mucha lucha y enorme respaldo social”, marcado por movilizaciones masivas en defensa de la educación superior pública. “La sociedad está dando un mensaje muy claro: a la universidad no se la toca. Existe una valoración enorme de la educación superior por su aporte al ascenso social, a la producción de conocimiento y a la soberanía del país”, señaló. Sin embargo, sostuvo que la situación salarial continúa deteriorándose. Según explicó, más del 90 por ciento del presupuesto universitario está destinado al pago de salarios, por lo que una solución en ese punto permitiría resolver gran parte del conflicto. “Los salarios están pulverizados y necesitan una respuesta urgente”, remarcó.