Con la reforma laboral reglamentada, la relación gobierno-gremios llega a un punto de no retorno

Dos hechos separados, que se produjeron a más de 11 mil kilómetros de distancia, se unen por un hilo rojo que parece estar a punto de romperse. En Buenos Aires, el gobierno reglamentó gran parte de la Ley de Modernización Laboral, y apuntó directamente a los convenios colectivos y la ultraactividad, una ofensiva que busca limitar la capacidad de los sindicatos.

“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la central obrera al respecto. Además, en la otra punta, en Ginebra, la delegación argentina fue ovacionada por la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de hacer una dura denuncia contra la política laboral de La Libertad Avanza.

El respaldo incluyó la unidad de acción de la CGT y las dos CTA, que realizaron la presentación en forma conjunta, mostrando que el efecto negativo no distingue de posicionamientos. Los dos hechos son un parte aguas para la relación del movimiento obrero y el oficialismo, que llega a un punto de no retorno.

Es que la decisión de ambas partes es seguir con su estrategia, enfrentando las posturas de su contrario. En este contexto, se conoció un índice internacional que pone al país entre los países que no respetan los derechos de sus trabajadores, sólo superado por lugares donde no existe el estado de derecho, como Haití.

Las diferencias entre la gestión libertaria y los gremios se vienen profundizando, y los hechos de esta semana parecen estar en ese punto donde no hay recomposición. En forma inesperada, el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, fue un punto de inflexión al respecto.

Según se conoció, el decreto incluyó algunos artículos que avanzan sobre el poder sindical. Respecto de los convenios colectivos sin fecha expresa de vencimiento, se fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha de referencia y la Secretaría de Trabajo deberá iniciar el proceso de renegociación dentro de los 30 días de vigencia del decreto, es decir, el 1° de julio de 2026.

Además, en el decreto se contempla otro punto clave para empresas: la protección legal del candidato a un cargo sindical caduca si no se oficializa la postulación o si obtiene menos del 5 por ciento de los votos válidos.

Respecto de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, el decreto precisa los alcances de la nueva reforma laboral en un tema sensible: se elimina casi todo el régimen reglamentario sobre suspensión, exclusión de tutela y reinstalación de representantes sindicales en las empresas, mientras desaparece la obligación de comunicar la medida a la Secretaría de Trabajo y se excluye el plazo de 15 días para iniciar acciones judiciales. Al mismo tiempo, se incorpora una nueva regla sobre la pérdida de representación sindical por cambios en la personería gremial, manteniendo la tutela sindical aunque cesen las funciones representativas.

Especialistas en derecho laboral señalaron que la polémica surge porque el decreto podría extender el alcance de la reforma más allá de las cláusulas obligacionales de los convenios, alcanzando también aspectos vinculados a categorías salariales, adicionales, premios, suplementos y otras condiciones de trabajo.

Desde distintos gremios alertaron que esto podría abrir una etapa de mayor conflictividad sindical y judicial. La reglamentación también introdujo cambios en los aportes sindicales y empresariales, al fijar topes para las denominadas cuotas solidarias y otras contribuciones. Los convenios que superen esos límites deberán ser renegociados, mientras que la autoridad laboral podrá rechazar la homologación de acuerdos que no se ajusten a los nuevos parámetros establecidos por la reforma.

Un día después de oficializarse el decreto 407/2026, la CGT rechazó su contenido porque “el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”. Mediante un comunicado, la central obrera consideró que “resulta inadmisible que el gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

En este contexto, los gremialistas más moderados admiten que sus negociaciones sobre la reforma laboral dejaron a salvo el financiamiento de los sindicatos y el núcleo central de las convenciones colectivas de trabajo, dos pilares en que se basa el modelo sindical argentino, acuñado hace casi 81 años por Juan Domingo Perón. Además, resaltó que, “gracias a las negociaciones, más allá de que no llegaron a fondo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos”, y concluyó: “Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales”.

La “contra ofensiva” se dio en Suiza. En un informe compartido por la delegación de la CGT que participa en la conferencia anual de la OIT, se plantearon diversas advertencias al flamante Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema para que las empresas cubran el pago de indemnizaciones, que comenzará a funcionar desde noviembre y podrá ser utilizado por las compañías desde abril de 2027.

Sobre ese punto, los sindicalistas advirtieron que el empleador tendrá la potestad de decidir si utilizar o no los recursos acumulados en la cuenta habilitada, pero no se garantiza el pago de la indemnización a los trabajadores. Asimismo, apuntaron que los fondos son considerados inembargables, por lo que los trabajadores no podrán ejecutar los recursos en caso de falta de pago de la indemnización por parte del empleador.

En este contexto, se supo que la Argentina está en la peor categoría de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que difundió su índice mundial sobre respeto a los derechos laborales. Esta semana, en el marco de la conferencia anual de la OIT, la CSI difundió sus datos sobre el mundo del trabajo. Así, se presentó el llamado Índice Global de los Derechos: el relevamiento, primero a nivel americano y luego global.

El primero de los casos mostró el retroceso a la última categoría, algo que pasó a nivel planetario. En este caso, la Argentina está en la categoría 5, la anteúltima del ranking, sólo superando países que tiene destruido el estado de derecho. El país comparte el sector de quienes tienen  “derechos no garantizados”, junto a Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Esuatini, Pakistán, Irak, Irán,  Nigeria, Panamá, Túnez, Turquía y muchos otros.

Esta baja es la segunda consecutiva, lo que representa “un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años: un retroceso que pasa de la existencia de violaciones regulares a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.

La entidad apunta directamente a la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada: “Desde su llegada al poder en 2023, el presidente Javier Milei encabezó un programa radicalmente ‘anti sindical’, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical. Argentina pasó a formar parte de la lista de los diez peores países del mundo para los derechos de los empleados”, señaló el relevamiento.