Abogado de la CGT alerta sobre “conflictos judiciales” por la reglamentación del FAL

En el marco de la reciente reglamentación de la reforma laboral, que pone en plena vigencia gran parte de la polémica ley, desde la CGT alertan del impacto que tendrá en materia judicial. Según un asesor jurídico de la central obrera, el tema más cuestionable es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo que afectará a jubilados y pensionados. Así lo dijo el abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, quien también cuestionó el rol de fondos privados en la administración del sistema y advirtió sobre “posibles conflictos judiciales”. El FAL modificará el sistema de indemnizaciones en la Argentina desde noviembre de este año, según se infirmó.

En una entrevista, Ciampa explicó que el FAL utilizará parte de las contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones y pensiones. Según indicó, esos recursos pasarán a cubrir indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, sostuvo el abogado laboralista.

Al mismo tiempo, el representante de la CGT señaló que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. En ese sentido, afirmó que la indemnización cumple una función reparadora y disuasiva. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, expresó. Según precisó Ciampa, las empresas deberán aportar fondos administrados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores. El sistema incluirá fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva.

Un tema que alarma en la llegada de fondos de inversión al sistema, tanto indemnizatorio como de jubilaciones y pensiones. “El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, afirmó. Además, sostuvo que esas entidades obtendrán ganancias mediante la administración de recursos vinculados a la seguridad social.

Asimismo, el abogado explicó que el empleador continuará obligado a pagar la indemnización. Sin embargo, el dinero saldrá del fondo administrado por la entidad financiera elegida por la empresa. También indicó que el pago podría demorar más que el sistema actual. “Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, explicó. Luego agregó que el nuevo esquema prevé otro procedimiento. Según detalló, el fondo contará con cinco días hábiles para depositar el dinero una vez completada la documentación requerida. En este sentido, Ciampa cuestionó el destino de los intereses generados por esos fondos. “Hay un artículo del decreto que parecería indicar que ese interés lo puede cobrar la empresa”, afirmó durante la entrevista.

El abogado laboralista también rechazó el argumento sobre una supuesta “industria del juicio”. Según explicó, los litigios laborales representan un porcentaje bajo dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6 por ciento de los juicios tramitan en la justicia laboral”, sostuvo. Y precisó que apenas el 3 por ciento corresponde a conflictos entre empleados y empleadores. “El índice de litigiosidad es menor al 2 por ciento”, agregó.

Ciampa vinculó el empleo formal con la situación económica general y no con la reducción de derechos laborales. “Nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”, afirmó. Entre otras cosas, el representante de la CGT también cuestionó otros aspectos de la reforma laboral reglamentada por el Gobierno. Entre ellos, mencionó modificaciones vinculadas a jornadas laborales, banco de horas y contratación de trabajadores independientes. Según explicó, algunas disposiciones podrían derivar en conflictos judiciales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, afirmó.

Ciampa también criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, incluida en la normativa. Según sostuvo, el esquema permitirá relaciones laborales sin registración formal. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, afirmó y advirtió que las empresas podrían organizar estructuras con empleados no registrados mediante esa modalidad. Al mismo tiempo, el abogado señaló que la eliminación de sanciones por empleo no registrado reducirá incentivos para formalizar trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, sostuvo.