El gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá abrir paritarias con gremios docentes, estatales y judiciales, pero aplicará algunas modificaciones a la oferta salarial y aguarda al dato de la inflación de mayo para culminar con los detalles. La convocatoria se concretaría luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda el índice inflacionario de mayo, previsto para el 11 de junio. En la última reunión, que tuvo carácter preliminar, los funcionarios explicaron las dificultades financieras que atraviesan las cuentas bonaerenses y no realizaron una propuesta concreta.
Uno de los puntos centrales sería la extensión del acuerdo por un plazo mayor al de las negociaciones anteriores. La intención oficial es avanzar con un entendimiento de 3 o 4 meses para dar mayor previsibilidad en un escenario económico complejo. Para ello, además, el esquema mantendría la cláusula de revisión que ya rige en las paritarias. Esa herramienta permite realizar encuentros periódicos para analizar la evolución de los salarios frente a la inflación y reabrir la discusión si fuera necesario.
Otro aspecto definido sería que el aumento tenga carácter plano, con criterios uniformes para todas las categorías de la administración pública. De esta manera, la Provincia descartaría otorgar incrementos diferenciados para sectores de menores ingresos, una alternativa que había sido planteada por algunos gremios.
Los tiempos de la negociación también estarán marcados por el calendario de pagos. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de mediados de junio para que el incremento impacte en los haberes de ese mes y también en el medio aguinaldo que los trabajadores estatales cobran hacia fines de junio.
En lo que va de 2026, los empleados públicos bonaerenses acumulan una mejora salarial del 9 por ciento, mientras que la inflación registrada en el mismo período llegó al 12 por ciento, una diferencia que los sindicatos buscarán recuperar en la próxima ronda de negociaciones. De esta manera, la administración provincial avanza con cambios en las paritarias con los sindicatos, mientras continúan los reclamos, desde el último encuentro entre ambas partes, para que se reabra la instancia de negociación salarial.
La fecha elegida para la nueva convocatoria plantea un escenario complejo. Es que el Estado provincial comienza la liquidación de haberes el 15 de cada mes, lo que deja un margen de apenas pocos días para alcanzar un acuerdo que logre impactar en los salarios de junio. Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron sobre una situación financiera crítica, producto del recorte de fondos por parte del Gobierno Nacional. En este contexto, los funcionarios subrayaron que la prioridad absoluta de la gestión es garantizar el pago en tiempo y forma del medio aguinaldo de junio.
Las organizaciones sindicales manifestaron su inquietud ante la demora. Desde UPCN Buenos Aires señalaron que sus representados "no pueden esperar más tiempo" y enfatizaron la necesidad de defender el poder adquisitivo. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertó sobre el deterioro de los ingresos frente a las subas en servicios básicos y esenciales.
Las cifras respaldan el reclamo gremial: aunque los estatales recibieron aumentos escalonados en febrero (1,5 por ciento), marzo (5 por ciento) y abril (2,5 por ciento) -sumando un 9 por ciento-, la inflación acumulada en lo que va del año ya alcanzó el 12,3 por ciento. Para los próximos meses, la intención de la gobernación es proponer un acuerdo que otorgue mayor previsibilidad al Tesoro provincial en un marco de exigencia fiscal.
Los puntos clave de la estrategia oficial serían: Plazo extendido, para buscar un acuerdo que cubra al menos tres meses. Oferta "plana": El aumento sería igual para todos los sectores y categorías de la administración. Mientras tanto, los trabajadores estatales deberán aguardar a la segunda quincena de junio para conocer si habrá una recomposición efectiva que logre empatar la escalada de precios.