Alertan que por el ajuste en Vialidad Nacional, el 75% de las rutas están en mal estado

En un reciente informe, el gobierno de Neuquén admitió que en lo que va del 2026 se produjeron 22 muertes en las rutas de jurisdicción nacional que pasan por su territorio. El aumento de accidentes fatales preocupa, en momentos que la motosierra libertaria prácticamente paralizó las obras.

De hecho, varias veces el gobierno de Javier Milei quiso cerrar la Dirección de Vialidad Nacional, encargada de las tareas de mantenimiento, y cómo no puso –por fallos judiciales contrarios y presiones del Congreso –la desfinancia hasta el límite de su capacidad. La consecuencia de esto, alertan sus trabajadores, son situaciones como las que se viven en la provincia patagónica, que podría darse en todo el país.

Es que el deterioro de las rutas avanza en los últimos tiempos, al punto que un reciente informe aseguró que el 75 por ciento de los trazados nacionales está en mal estado. El dato lo difundió la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que hace unos días anunció la creación de un grupo que reúne a gremios y entidades de usuarios para intentar revertir el abandono que se vive.

En la presentación de este espacio se criticó la política del gobierno libertario para el sector, que además avanza en las concesiones de esas mismas rutas, que pasarán a manos de privados a través del sistema de cobre de peajes.

El grave deterioro de la Red Vial Nacional fue alertado por FEPEVINA, que viene trabajando en la denuncia del abandono que hace el gobierno nacional de la infraestructura vial de todo el país. En el marco de la presentación de un espacio que buscará revertir esta realidad, el gremio denunció que producto de la “paralización de la obra pública y del abandono de las tareas básicas de mantenimiento por parte del gobierno nacional”, el estado de las rutas empeora todo el tiempo.

En este sentido, FEPEVINA presentó el reporte donde se marcó el estado actual de los caminos. Según se señaló en el análisis, “casi el 75 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que impacta de manera directa en la seguridad de millones de personas que transitan diariamente por los caminos del país”.

Cuando asumió Milei en 2023 estaba muy lejos de esa cifra. “Por cada año que no mantenemos se pierden cinco años de vida útil de los pavimentos”, precisó el reporte de FEPEVINA. En consecuencia, la falta de mantenimiento continuo termina costando “entre cinco y siete veces más que hacerlo de manera regular, además de provocar la aparición de baches de gran tamaño y peligrosidad”.

Los datos sobre rutas nacionales se presentaron en el marco de la puesta en marcha de un grupo de gremios y entidades de usuarios que se unen para buscar revertir esta tendencia. La presentación de este grupo se hizo en la sede del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), y como primer acción conjunta decidió denunciar el estado de “crisis de la estructura vial” de todo el país.

De la conferencia de prensa participaron José Raúl Rizzo, de la Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional; Roberto Lasca, referente del Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV); Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas; Julio Aralde y Fabián Cattanzaro, secretarios general y adjunto de la FEPEVINA; y Emiliana Mc Namara, secretaria general de SEVINA, junto con otros representantes sociales, sindicales y comunitarios.

En ese marco, plantearon que el objetivo central es que se las distintas fuerzas políticas “se comprometan con la creación de un verdadero proyecto vial que contemple toda la red  caminera del país, libre de peajes, y la jerarquización de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.

“La jornada tuvo la participación de asociaciones de usuarios, como grupo de vecinos autoconvocados de varias turas nacionales, con el objetivo de conformar con los gremios del personal y otros sectores un gran espacio multisectorial que aborde desde distintos ángulos un tema tan complejo como el vial, con todas las derivaciones que tiene”, le explicó a Política del Sur Cattanzaro.

En este sentido, el dirigente fue que este primer encuentro “fue muy positivo”, porque entre otras cosas participó Martín Aveiro, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la cámara de Diputados de la Nación, quien se comprometió a impulsar en el Congreso las iniciativas que allí se vayan produciendo.

Sobre las expectativas de este espacio, Cattanzaro admitió que no creen poder articular “contra el desfinanciamiento y el vaciamiento de Vialidad Nacional, porque son políticas del gobierno que a esta altura no van a cambiar”, pero sí que “se visibilicen esta problemática de todos los ángulos posibles para frenar las políticas del desguace”.

“Estamos en una etapa de resistencia”, recalcó el dirigente, que adelantó que además de intentar frenar la destrucción se generarán “propuestas y proyecto en el conjunto de estas entidades y organizaciones, para que en un cambio de gobierno haya un nuevo modelo vial consensuado por toda la sociedad”.

Además, el grupo rechazó la concesión de rutas que está haciendo el gobierno. Días atrás, el gobierno nacional firmó el decreto 253, que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras e infraestructura pública a entidades privadas, mixtas o entes públicos. Esto incluye la construcción, conservación o explotación de infraestructura mediante el cobro de tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

Además, el decreto permite al Ejecutivo conveniar con nueve provincias (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz) el traspaso de rutas nacionales para licitar por peaje. Esto fue criticado por FEPEVINA, que teme que haya más despidos.

Además,  Respecto a estas cuestiones, desde el gremio dijeron a que  ratifican su “rechazo a todo esquema concesional que atente contra el rol estratégico del Estado en la infraestructura vial”. “Las rutas no pueden ser tratadas como un negocio”, afirmó FEPEVINA, y subrayó que “las rutas nacionales son herramientas de integración, desarrollo y soberanía”.

La entidad concluyó que esas rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados con respaldo del propio Estado”, y reafirmó su compromiso con “una Vialidad Nacional fuerte, federal y al servicio del desarrollo argentino”.

Esta semana, respecto de estas cuestiones, la FEPEVINA denunció la incorporación de la llamada Garantía FOGAR en la Licitación Pública 504-0013-LPU25 de la Red Federal de Concesiones Etapa II, al advertir que el gobierno “habilitó una herramienta pública para respaldar el financiamiento de futuras concesiones privadas”. Para FEPEVINA, esa decisión implica “trasladar herramientas públicas al financiamiento de concesiones privadas”, en un esquema que genera una fuerte señal de alerta para el sector vial y para las pymes.