Luego de la multitudinaria marcha, siguen los paros de los gremios universitarios

Los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro nacional que se desarrollará durante una semana completa desde el 26 de mayo y advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza en el segundo cuatrimestre ante la falta de respuestas del Gobierno nacional al reclamo salarial y presupuestario. La decisión fue adoptada durante un plenario de secretarios gremiales de la CONADU, donde también se resolvió acompañar la protesta con clases públicas, jornadas de visibilización y acciones callejeras en universidades de todo el país.

 

El conflicto universitario continúa escalando luego de la Marcha Federal Universitaria y en medio de la expectativa por una resolución de la Corte Suprema vinculada al financiamiento del sistema universitario. En paralelo, sectores gremiales ya comenzaron a discutir medidas más duras para el segundo cuatrimestre.

Entre las propuestas que serán evaluadas en las próximas semanas aparece la posibilidad de suspender exámenes y avanzar con paros por tiempo indeterminado en distintas universidades nacionales. La iniciativa será debatida en un nuevo encuentro gremial previsto para el 5 de junio.

 

Desde los sindicatos docentes sostienen que el deterioro salarial se profundizó desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y denuncian que las negociaciones paritarias permanecen paralizadas desde octubre de 2024. Según datos difundidos por la CONADU, los salarios universitarios sufrieron una pérdida del 34 por ciento desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026.

 

El conflicto también derivó en fuertes cruces políticos entre el Gobierno nacional y las autoridades universitarias. El Consejo Interuniversitario Nacional cuestionó declaraciones y publicaciones realizadas por funcionarios nacionales y denunció intentos de “desacreditar institucionalmente” a quienes defienden la universidad pública. En un duro comunicado, rectores universitarios advirtieron sobre el deterioro del debate público y rechazaron las acusaciones realizadas desde sectores del oficialismo. Además, señalaron que la discusión excede lo presupuestario y se vincula con el modelo de país y de sistema educativo que se pretende sostener.

 

La masiva movilización en defensa de la universidad puso nuevamente la conflictividad callejera en el centro del escenario político. La marcha quebró la dispersión de las decenas de conflictos que atraviesan el escenario en un contexto de cierres, despidos y ajuste del gobierno nacional sobre el sector público.

 

Por eso, la protesta que según sus organizadores congregó a más de 1,5 millones de personas en todo el país, fue capaz de catalizar la bronca y el hastío de la población que vio en la defensa de la educación pública un canal para manifestar su descontento con la situación general. De allí que, convocados por el Frente Sindical Universitario, se hayan sumado los trabajadores de FATE, del Hospital Garrahan, del INTI, del Servicio Meteorológico Nacional, las organizaciones de jubilados, los colectivos de discapacidad, las organizaciones sociales, piqueteras y de derechos humanos y centenares de miles de ciudadanos de a pie.

 

La acción coincidió con el peor momento político del gobierno que, atravesado por las denuncias al jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, se encuentra en un impasse político y económico. El humor de la población agobiada económicamente no tolera escándalos de corrupción dentro de un gobierno que llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta política”.

La marcha podría haber alterado la relación de fuerzas más general entre la clase trabajadora y el gobierno y, en los hechos, fue una muestra de la persistente y creciente disposición a la movilización popular. Por eso, al mismo tiempo, resultó una denuncia velada a la pasividad de la CGT, que no esbozó todavía una reacción frente al empantanamiento en el que se encuentra el diferendo judicial por la inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral.

 

La central obrera adhirió a la movilización un puñado de días antes de su realización y, una vez consumada, evitó recoger el guante para presentar alguna continuidad que le permitiera recuperar el liderazgo de la protesta social y capitalizar la movilización en un sentido de orden general. Con todo, la marcha hizo mella en el interior de la CGT y sus dirigentes comenzaron una ronda de reuniones de mesa chica para evaluar si las condiciones exigen o no una nueva medida de fuerza de alcance nacional.

 

Así lo reconocieron fuentes de la CGT que, a la vez, señalaron que habrá nuevas reuniones informales en la semana y, recién ahí, se podría convocar a un Consejo Directivo para discutir la eventualidad de un nuevo plan de lucha. Al interior de la conducción no está claro el impacto que tendrán las sanciones que el gobierno nacional aplicó sobre los sindicatos de La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por supuesta violación de la conciliación obligatoria en ocasión del último paro general del 19 de febrero. Es que, esgrimen, si bien descartan que las sanciones avancen en el terreno judicial, no conocen la actitud que tomarán los dirigentes de esos sindicatos frente a una nueva propuesta de paro general.

 

Un alto dirigente del Consejo Directivo que “no hay nada confirmado pero tuvimos algunas reuniones informales y estamos evaluando si podemos lograr alguna confrontación con el gobierno”. El dirigente explicó que “va a haber que conversar un poco más con otros gremios. No es sencillo convocar a un paro porque hay que garantizarlo. Se buscará acompañar algún conflicto local para calentar motores y a partir de ahí enhebrar algo más general”.

 

A pesar del escenario de conflictividad que ya tiene una nueva parada el miércoles con la Marcha Federal de la Salud, desde la cúpula de la CGT aseguran que cualquier posible medida deberá esperar al menos a la segunda quincena de junio cuando culmine en Ginebra la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)  en la OIT. Allí, adelantan, participará una nutrida delegación de dirigentes de la CGT y las CTA que harán una serie de presentaciones y denuncias contra el gobierno nacional que acompañarán la ponencia que Gerardo Martínez presentará el 5 de junio.