Las vacancias en la Corte Suprema bonaerense constituyen un tema medular respecto a lo que será la agenda del Parlamento en este año ordinario, pero también deberá abordar otra inquietud manifestada por el máximo tribunal: la autarquía de la justicia. El Poder Judicial ya elevó el proyecto de autonomía financiera y presupuestaria a los titulares de ambas Cámaras, la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de Diputados Alejandro Dichiara.
La movida judicial contempla entre los principales lineamientos la necesidad de abordar problemas estructurales del sistema judicial. El texto, que deberá analizar la Legislatura, fue elaborado de manera conjunta por los distintos órganos inherentes a la justicia: Suprema Corte; Procuración General; Asociación Judicial bonaerense y el Colegio de Abogados y Magistrados.
Según pudo recabar PDS, el expediente elaborado por el Máximo Tribunal determina que la Corte Suprema tendrá plena potestad para elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, que comprenderá el cálculo de erogaciones y recursos correspondientes al área de las jurisdicciones Administración de Justicia y Ministerio Público.
Por otra parte, la propuesta de los jueces estipula la creación de cuentas fiscales específicas para llevar adelante la gestión presupuestaria en la órbita del Banco Provincia para ambas jurisdicciones.
La iniciativa judicial busca que la Legislatura refrende una readecuación de partidas para incorporar el cálculo de recursos judicial a la Ley de Presupuesto de la Administración General de la provincia.
En lo que tiene que ver específicamente con la distribución de los fondos en la órbita judicial, el expediente que elevó la Corte Suprema a la Legislatura destaca que el 65% de los recursos será destinado a la Jurisdicción Administración de Justicia, mientras que el 35% restante le corresponderá a la jurisdicción Ministerio Público.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia tendrá a su cargo la administración de la infraestructura edilicia.
En otro punto del proyecto de Ley, los magistrados señalan que a partir de la incorporación del Presupuesto de la Justicia al de la Administración General provincial tendrán plena injerencia para dictar las normas estatutarias, como así también aprobar el escalafón y toda otra norma reguladora de las categorías y sub categorías, funciones de magistrados y agentes del Poder Judicial. En rigor, tendrán la competencia absoluta para regular los rubros que integran sus remuneraciones.
Además, el expediente propone que en pos de concertar una progresiva relación de paridad con las nuevas remuneraciones promedios del Poder Judicial de la Nación la cuantía del Presupuesto no debe ser inferior al monto necesario para atender las erogaciones correspondientes a la masa salarial estimada, incrementado en un 9%.
La propuesta del Máximo Tribunal también da plena participación en el proceso de readecuación de partidas a la Legislatura bonaerense. En concreto, avanza en la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la implementación del régimen legal de autarquía financiera: estará integrada por seis diputados provinciales e idéntica cantidad de senadores. La Bicameral tendrá entre sus potestades requerir los informes que considere pertinentes a la Suprema Corte, al Ministerio Público y al Ejecutivo, además de efectuar propuestas y recomendaciones para el mejor desempeño de la normativa.
En el articulado, la propuesta judicial sostiene la modificación del artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Provincia para que la banca pública reciba los depósitos judiciales de acuerdo a lo que disponga los jueces: durante el año calendario tras la sanción de la Ley la participación será del 35% de los depósitos y a partir del segundo año y en lo sucesivo pasa al 50%.
Así las cosas, la iniciativa de los magistrados apunta a regular el uso de los excedentes de créditos a modo análogo de lo establecido en los presupuestos de ambas Cámaras legislativas.
Por último, el expediente especifica que el Banco Provincia deberá transferir diariamente y en forma automática a las cuentas fiscales Autarquía del Poder Judicial- Administración de Justicia y Autarquía del Poder Judicial- Ministerio Público el monto resultante de aplicar el porcentaje mensual que correspondiere al Poder Judicial conforme a su Presupuesto.