El 60% de los trabajadores busca un nuevo empleo para completar ingresos

Los distintos sectores que son parte de la educación superior preparan para la semana que viene una multitudinaria marcha para reclamar el financiamiento del sector.

Pese a dos fallos de la justicia, una ley vigente y las constantes manifestaciones de alumnos, trabajadores y dirigentes, el gobierno de Javier Milei no cumple la norma que garantiza recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y mejorar el salario de los docentes y nodocentes.

Esto empuja a la pobreza a muchos de quienes dejan las aulas y buscan un complemento salarial en trabajos de todo tipo, desde las aplicaciones hasta los emprendimientos.

Así, muchos profesores sostienen su vocación educativa, para no ser parte de ese 10 por ciento de personal que renuncia para buscar otros horizontes. El pluriempleo sigue golpeando a sectores como la educación y la salud, al punto que un relevamiento privado confirmó que cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran hoy en la búsqueda activa de otra fuente laboral, un fenómeno que atraviesa distintos sectores y edades, aunque golpea con mayor fuerza entre jóvenes y adultos jóvenes.

Según el informe de la consultora Delfos, al que tuvo acceso Política del Sur, el 77 por ciento de quienes están intentando cambiar o sumar trabajo corresponde a jóvenes y adultos jóvenes. Este segmento aparece como el más afectado por la combinación entre salarios rezagados, precarización y menor estabilidad laboral, en un contexto donde planificar a mediano plazo resulta cada vez más complejo.

El informe muestra que los trabajadores independientes “encabezan la lista de quienes intentan conseguir otra ocupación”. Detrás aparecen empleados del sector privado, que también sienten el impacto de la pérdida salarial.

Uno de los números más sensibles del relevamiento es que “el 14 por ciento de quienes buscan empleo adicional son jubilados”. El dato refleja que la crisis “no impacta solamente en la población económicamente activa, sino también en personas retiradas que necesitan volver al mercado laboral para cubrir gastos cotidianos”.

La búsqueda de nuevos ingresos expone una “transformación más profunda” del mercado laboral argentino. Tener un solo empleo dejó de ser sinónimo de estabilidad para muchos hogares.

“Cada vez más personas combinan trabajos, diversifican actividades o migran hacia tareas independientes para sostener sus ingresos”, afirmó la consultora. Sin embargo, ese cambio también implica “jornadas más extensas, mayor desgaste y una creciente incertidumbre sobre el futuro económico personal”.

Lejos de tratarse solamente de personas desocupadas, gran parte de quienes buscan otro empleo ya tienen uno. En muchos casos, la necesidad pasa por sumar una segunda actividad para compensar la pérdida de poder de compra frente al aumento constante del costo de vida.

La búsqueda de nuevos empleos o fuentes de ingresos afecta especialmente a la docencia universitaria, como vienen denunciando los gremios, en el marco del plan de lucha que comienza este jueves con un nuevo paro de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Es que el sector es uno de los más golpeados por la crisis, y lleva nada menos que 17 meses de retroceso en sus salarios.

Esto hace que los docentes y profesores dediquen su tiempo libre a manejar un auto de aplicación, o hacer emprendimientos de todo tipo.  Esto, se alertó, “impacta y repercute en el aula, en la calidad educativa, porque le estamos dedicando menos tiempo a investigar, a corregir, a preparar las clases”.

El caso de un docente asesinado mientras trabajaba en un auto de aplicación muestra que esta realidad alcanza todos los niveles de la enseñanza.

En cuanto a la crisis universitaria, luego de que el gobierno nacional intimara a las universidades a informar, en un plazo de 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a las medidas de fuerza de los sectores docentes y nodocentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le envió una nota al subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano en donde remarcó que “para asegurar el derecho a la educación es imprescindible que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario”.

El documento, que lleva las firmas del presidente del CIN, Franco Bartolacci, y su vicepresidente, Anselmo Torres, en representación del sistema universitario público, afirma que “las universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional”, asegurando el desarrollo de actividades académicas, científicas, administrativas y de extensión, “en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias”.

 De ese modo, las instituciones plantearon que “toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa”.

En este caso, es el “flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso en materia educativa”. Según señalaron, desconocer esa ley no es una mera controversia administrativa, sino que implica “una alteración profunda del principio republicano de división de poderes”.

Otro sector castigado por esta realidad es el de la salud. Desde hace tiempo, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) denunció reiteradamente que los bajos salarios en el sector público de salud “obligan a los profesionales a incurrir en el pluriempleo para subsistir”.

Esta situación genera “jornadas laborales extendidas, guardias de 24 a 48 horas y un alto estrés laboral”, afectando la calidad de la atención y el descanso de los trabajadores. El pluriempleo en el sector sanitario no es nuevo, admiten, pero se ha profundizado en los últimos años, “con muchos trabajadores dedicando más de 45-57 horas semanales entre distintos empleos”, a menudo combinando el sector público con el privado.

El panorama descrito por FESPROSA muestra que gran parte de los profesionales de la salud en Argentina trabajan “bajo condiciones de sobreocupación, lo que pone en riesgo tanto su salud física y mental como la seguridad de los pacientes que atienden”.