El abogado laboralista Matías Cremonte, habló en diálogo con Política del Sur sobre la reforma laboral aprobada en febrero por el Congreso Nacional, suspendida ppor una cautelar, que entró en vigencia nuevamente días atrás debido a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó dicha suspensión.
Matías Cremonte, quien además es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explicó que “hoy, a esta hora está en plena vigencia”. Y detalló que si bien la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de muchos de los artículos, el Gobierno apeló. Y pese a que la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo no resolvió todavía si la cautelar debe seguir vigente o debe revocarse, “le dio un efecto suspensivo a la apelación del Gobierno”.
“Esto quiere decir que mientras la Cámara resuelve si la cautelar está bien o está mal. Se suspenden sus efectos. Es un poco absurdo porque los dos jueces que resolvieron esto, Víctor Pesino y Dora González, son muy conocidos en el fuero del trabajo, en el mundo del trabajo, por sus sentencias a veces inexplicables, arbitrarias, muchas irregularidades, han sido recusados ahora la CGT”, planteó Cremonte.
Asimismo, explicó por qué el Fuero Contencioso Administrativo Federal “reclama su competencia sobre este expediente”: “Este Fuero tiene otra razón de ser. Se vincula con las contrataciones del Estado, los actos administrativos y está pensado para proteger al Estado. Y no así la Justicia del Trabajo que está pensada para proteger al trabajador, los gremios. Ahí hay claramente una estrategia de sacarla de lo que en la Constitución se llama el juez natural”, agregó.
En línea con esto, el abogado señaló que la Corte Suprema tampoco abordó todavía el tema y aún no se expidió sobre el DNU 70/2023. La Corte no tiene plazo, “el problema es que toda esta discusión se da con la reforma laboral rigiendo. Hay que ver qué pasa con la medida cautelar, todavía no hay una sentencia que la revoque. Hay que ver si la Corte toma el tema”.
En ese sentido, detalló que es muy difícil que la Corte Suprema se expida sobre medidas cautelares. “En teoría, en casi todos sus pronunciamientos, trata de no abocarse o expedirse sobre medidas cautelares, que son propias de los jueces inferiores. Normalmente rechaza su competencia para tratar esas cuestiones, así que sería extraño que ocurra”, analizó.
Con respecto al accionar de la CGT al judicializar la reforma laboral, Cremonte consideró que “está muy bien” y que “no se le puede cuestionar a la CGT ni a nadie recurrir a los tribunales para que sea declarada inconstitucional”. Sin embargo, destacó que la discusión pasa por si esta estrategia es la única que podría resolver este tema. “Yo creo que es una ley que afecta tanto y de manera tan profunda el derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores y también de los gremios, que requiere de una resistencia mayor, sin dudas”, sostuvo.
Expresó que “el juego de la sanción de las leyes” permite recurrir a la movilización para “incidir en la decisión de los legisladores”. “Quienes van a ser afectados por una ley de manera muy directa, tienen el derecho de ir a decirle a esos legisladores que voten en un sentido o en otro. Muchas veces hubo leyes que se debatieron muchísimo y terminaron resolviéndose de algún modo, por presión en las calles. Eso no ocurrió con esta ley y creo que si hubiera ocurrido pudiera haber sido distinto el resultado”, evaluó Cremonte.
En otro orden, Cremonte advirtió que “los ojos del mundo del trabajo están puestos sobre esta reforma porque no hay antecedentes de una reforma tan brutal". "No tengo dudas de que la OIT irá diciendo cosas y también probablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho laboral también es un derecho humano, y está vulnerando la Convención Americana de Derechos Humanos, muchos otros tratados internacionales también”, apuntó.
Por último, recordó que la reforma vigente, en lo colectivo afecta el derecho a huelga, la realización de asambleas en los lugares de trabajo, la negociación de los sindicatos con las empresas, la escala salarial, las libertades de los delegados y aumentan las sanciones a los gremios. Mientras que en plano individual, se reduce la indemnización, se flexibiliza el horario laboral, se elimina la Justicia del Trabajo. Y finalmente, el abogado reafirmó que ninguna reforma laboral puede producir más empleo ni destruirlo, porque eso depende y es consecuencia exclusiva de la política económica.