La CGT recusó a los camaristas que reactivaron la reforma laboral

La CGT presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un contundente pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la central obrera con el Estado por la reforma laboral. En su presentación, solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos.

El reclamo surge tras la decisión de los camaristas de otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato la medida cautelar del juez laboral de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que frenó la aplicación de la nueva ley 27.802, en plena pulseada judicial entre ls sindicalistas y la Casa Rosada.

El escrito, presentado por Pablo Arnaldo Topet, abogado de la CGT, profundiza en dos líneas de ataque jurídico: por un lado, la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo; por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en “situación de vulnerabilidad”.

La recusación, en el caso del juez Víctor Arturo Pesino, se basa en que el magistrado resultó beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de un proceso iniciado y canalizado formalmente por el Ministerio de Justicia.

Un día después de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Boletín Oficial publicó la propuesta del Gobierno para que Pesino continúe como vocal, hecho que fue destacado por medios y opositores y que, para la CGT, evidencia un cruce de intereses que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.

La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo: “El Sr. Pesino ha visto (con satisfacción) formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión en orden a la revocación de la decisión del Juez de Grado que al conceder el recurso de apelación lo había hecho con carácter devolutivo”.

La CGT remarca que este movimiento oficial se da en contradicción con el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado con la Ciudad de Buenos Aires a principios de 2026. Ese acuerdo establecía el compromiso de no promover nuevas designaciones ni prórrogas para vacantes correspondientes al fuero laboral nacional, a menos que fueran indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. “¿Qué puede justificar tamaña contradicción del Poder Ejecutivo?”, pregunta el escrito, señalando que la decisión desconoce la ética republicana y sostiene “beneficios mutuos” en desmedro de la sociedad, la división de poderes y la credibilidad institucional.

En tanto, la CGT confirmó que el próximo 30 de abril realizará una nueva movilización, en la previa del Día del Trabajador, en medio de un clima de creciente tensión con el gobierno nacional. Uno de los secretarios generales, Cristian Jerónimo, anticipó un escenario complejo y lanzó una advertencia: “Seguramente la conflictividad va a seguir escalando por la situación diaria”.

Entre los principales reclamos, la central sindical apunta a la pérdida del poder adquisitivo y cuestiona con dureza el fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. “Lo que acaba de suceder es aberrante”, sostuvo Jerónimo, y agregó que la decisión “pone un grado de gravedad institucional y genera dudas que no ayudan a los procesos democráticos”.

El dirigente también cargó contra el contenido de la reforma: “Es totalmente maliciosa y va en contra de nuestra carta magna. No estamos dispuestos a retroceder ni a resignarnos”, afirmó. En esa línea, adelantó que el equipo jurídico de la CGT analiza nuevas acciones: “Seguiremos dando la discusión, sabemos que tenemos la razón”.

Jerónimo fue más allá y denunció que las medidas afectan directamente a los trabajadores: “Están jugando con la vida de los trabajadores. Cuando se quitan derechos y se oprimen los salarios, se ataca la dignidad de las familias”. Si bien descartó por ahora un paro general, dejó abierta la puerta a una posible medida de fuerza: “No está previsto, pero no está descartado”. En otro tramo, cuestionó los datos oficiales y el rumbo económico: “¿Dónde están las 15 millones de personas que sacaron de la pobreza? Cada vez vemos más gente en la marginalidad”, planteó. Y agregó: “La gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes”.

Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia: “Tiene que aparecer un candidato. Hay que convocar a todos los sectores que quieran una Argentina distinta, inclusiva y con previsibilidad para el trabajador”, concluyó. La movilización del 30 de abril se perfila así como un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre el sindicalismo y el gobierno.