Malas noticias para Milei: El transporte le suma músculo a los gremios combativos

El 1° de mayo, los gremios combativos esperan juntar 1.500 delegados en un plenario pensado como una plataforma de lanzamiento de una agenda de acciones contra el gobierno nacional y sus políticas de ajuste. Convencidos que se necesita enfrentar al modelo libertario en la calle, los referentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) quieren que se día comience un verdadero plan de lucha en todo el país.

Para eso, además de tener visibilidad tienen que aumentar sus pesos en sectores claves, en especial el transporte. Desde hace un tiempo, los gremios del rubro están divididos en dos cámaras, y su dirigencia tiene distintas miradas respecto de la realidad.

Pero el ataque sistemático que reciben de parte de los distintos oficialismo, en especial el nacional, hace pensar en volver de a poco a una sola entidad, que le de fuerza para plantarse ante la gestión de La Libertad Avanza. En este punto, la reunión lograda con referentes de la UTA y los metrodelegados con parte del armado del FreSu es un avance.

El sindicato de los trabajadores del subte ya está formalmente incorporada a una de las centrales transportistas, con quien lucha contra la denuncia penal que se hizo en la justicia porteña, que acusa nada menos que de asociación ilícita a al menos siete dirigentes. Con un paro nacional en la agenda –admitido por uno de los propios conductores de la CGT –que se sumen estos gremios es un problema para la Casa Rosada.

En poco tiempo, el FreSu avanza en su armado nacional y prepara este mes el plenario que podría fundar su proyección. “Podríamos volvernos el nuevo MTA”, dicen algunos dirigente por lo bajo, recordando el armado que se separó de la CGT cuando avaló el modelo de Carlos Menem, y que terminó catapultando la figura de Hugo Moyano, para eso, agregan se necesita “poder de daño, algo que los gremios del transporte tienen. Hoy el sector está dividido.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reúne a buena parte de la dirigencia, está alineada a la conducción cegetista pero con algunos referentes de peso que buscan una agenda confrontativa, empezando por su titular Juan Carlos Schmid. En tanto, la Unión Argentina de Gremios y Trabajadores del Transporte (UGATT), contiene a los díscolos Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA), quienes se mostraron contrarios a la estrategia de la CGT y reactivaron este espacio.

Pero hay gente trabajando por la unidad. Juntamente una delegación de choferes de colectivos estuvieron con Horacio Otero,  muy cercano al metalúrgico Abel Futrlán, uno de los integrantes del “triunvirato del FreSU”, que forma junto a Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (aceiteros). La idea es sumar a la UTA y los metrodelegados al sector combativo. Los integrantes de este sector aseguran que ya son 150 los sindicatos que militan en sus filas, pero en las últimas horas lograron ganar poder de fuego al sumar a dirigentes de estos gremios clave del transporte.

Otero es hombre de confianza de Furlán, a quien le dio antes la responsabilidad  de normalizar las regionales de la CGT –como secretario del Interior –algo que hizo muy efectivamente. Ahora, fue el promotor de un encuentro con el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, y los metrodelegados Carlos Sfara y Jorge Pisani, secretario de Acción Social y de Cultura de ese sindicato, respectivamente. Además, según pudo saber Política del Sur, hubo delegados y referentes de ambas fuerzas, como parte del intercambio realizado.

Según se informó, allí se habló de su incorporación al FreSU y de su participación en el plenario de delegados de esta agrupación que se hará el 1° de mayo en un predio de la UOM en Pilar y en el que se debatirá un “programa del movimiento obrero para el país”. La cumbre sorprendió porque en la CTA Autónoma incluso está enrolado un gremio paralelo que compite con la UTA en el mismo sector de los colectiveros como la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), liderado por Silverio Gómez.

El FreSU está apalancado en esa central obrera, y se sabe que en el movimiento obrero argentino el pecado mayor es apuntalar internas o competencias. Por eso el gesto autónomo de Patiño se convirtió en una confirmación de fisuras internas en la UTA que cobran mayor relevancia porque ese sindicato tendrá elección de autoridades a fines de año y todo indica que Roberto Fernández irá por una nueva reelección.

En tanto, en la reunión los metrodelegados denunciaron el nuevo intento de criminalizar la actividad sindical, en este caso por la causa que tramita en la Fiscalía PCyF N°35 de la Ciudad de Buenos Aires y apunta contra trabajadores por el presunto delito de asociación ilícita. “Imputa a trabajadores y trabajadoras por el delito de asociación ilícita, cuando en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante el 2024 y 2025, convocadas por nuestro sindicato y también por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)”, señalaron desde el gremio mediante un comunicado.

En ese sentido, remarcaron que el conflicto excede lo judicial y se inscribe en un “escenario más amplio de tensión entre el Gobierno porteño y los trabajadores del transporte”. “Una vez más, la criminalización de la huelga aparece como la vía para intentar condicionar el ejercicio de derechos constitucionales”, denunciaron. Además, cuestionaron el enfoque de la causa y advirtieron sobre sus implicancias: “Ahora con la disparatada idea de que, por ser organizada de manera colectiva y en el marco de la representación legítima del sindicato, configuraría un delito”.

Desde AGTSyP defendieron la legitimidad de las medidas adoptadas y sostuvieron que “el derecho de asociación y la libertad sindical, que deben ser garantizados y no reprimidos, legitiman nuestra acción y ponen en evidencia la persecución de la que somos víctimas”. “No descartamos medidas de acción directa”, le dijo a Política del Sur una fuente cercana al gremio, que recordó que la fiscal es la misma que arremetió contra siete trabajadores en 2019, en una campaña para que Metrovías y el gobierno porteño retire el asbesto de los trenes y las estaciones de subte.

“Celsa Ramírez es la fiscal que imputó a trabajadores que reclamaban por paritarias, y hace el juego al gobierno, ya que es alguien cercana al PRO, que en su momento fue acusada de ser la que dio sustento a la persecución de trabajadores ambulantes llamados manteros, en especial extranjeros”, agregó la misma fuente consultada.

El tema volvió a general malestar en la AGTSyP, que recibió el respaldo de la propia CATT, entidad que llamó a la protesta que terminó judicializada. En ese contexto, cuestionó el avance judicial y lo consideró un “grave precedente” en relación con la criminalización de la protesta social. La central sindical afirmó que las medidas gremiales forman parte del ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad sindical y el derecho de huelga.

Asimismo, advirtieron que este tipo de acciones buscan “disciplinar al movimiento obrero” y debilitar la representación sindical, en un escenario que calificaron como un ataque contra los trabajadores organizados. Por último, la CATT reafirmó su respaldo a los metrodelegados y acompañó el estado de alerta y movilización declarado por el gremio, al tiempo que llamó a la unidad del movimiento obrero para la defensa de los derechos laborales.