PAMI y FISU: el ajuste nacional llegó al Concejo Deliberante de Brown

El debate más tenso giró en torno al PAMI, en medio de cambios en el sistema de prestaciones que ya generan conflicto a nivel nacional. Durante la sesión, la concejala Natalia Barreiro cuestionó con dureza las decisiones del Gobierno: “Presentamos un repudio a las medidas sobre PAMI, que garantizan el acceso a la salud de casi 5 millones de afiliados. Se están recortando programas, medicamentos y prestaciones esenciales, y cambiaron las reglas de pago: hoy se cobra lo mismo se atienda dos o veinte veces a la misma persona. Esto va a impactar negativamente en la atención”.

El señalamiento no es aislado. En las últimas semanas, profesionales de la salud vienen denunciando una caída en sus ingresos tras la implementación del sistema por cápital, mientras crecen los reclamos por demoras y recortes en prestaciones. Desde el oficialismo local advirtieron que estas medidas pueden afectar directamente a jubilados de Brown que dependen del sistema.

En la vereda opuesta, el concejal Juan Pablo Aquino defendió la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional:
“Hay que decir la verdad: el sistema de salud y el PAMI estaban destruidos. Hoy se están regularizando los pagos y se está ordenando el sistema. Los afiliados tienen garantizados medicamentos y prestaciones”.

El expediente fue finalmente aprobado por mayoría, pero dejó expuesta la grieta en torno al modelo de salud y el rol del Estado.

El otro eje central de la sesión fue el impacto de la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una herramienta clave para financiar obras en barrios populares. En este punto, la concejala Nair Servelli  alertó sobre las consecuencias directas en el distrito:

“Estamos ante un nuevo capítulo del desmantelamiento de las políticas de integración socio-urbana. Se eliminó el fideicomiso y se redujo el rango del área, lo que implica menos presupuesto y paralización de obras en barrios populares”.

En Almirante Brown, donde existen más de 70 barrios en proceso de urbanización, la preocupación es concreta. Según se planteó en el recinto, el freno a estas políticas no solo detiene obras de infraestructura básica como agua, cloacas o pavimento, sino que también implica pérdida de empleo y mayor precariedad.

Servelli también advirtió sobre posibles cambios en el marco legal que regula estos procesos: “No solo se deja de financiar, sino que además se intenta modificar la normativa que permite la urbanización. Eso significa dejar a miles de familias sin herramientas y en situación de mayor vulnerabilidad”.

Desde la oposición, sin embargo, hubo una mirada distinta. El concejal Diego Fernández Garrido cuestionó la efectividad de estas políticas: “Hay que preguntarse por qué tanta gente sigue viviendo en malas condiciones. Hubo mucho gasto sin resultados concretos. Este programa no funcionó y hay que cambiar la forma de gestionar para los sectores más vulnerables”.

Ambos expedientes —tanto el vinculado al PAMI como al FISU— fueron aprobados por mayoría, en una sesión que dejó en evidencia no solo las diferencias políticas, sino también cómo las decisiones del Gobierno nacional impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Entre jubilados que dependen del sistema de salud y barrios donde las obras quedaron paralizadas, el debate en Brown bajó a tierra una discusión que ya no es solo ideológica: es, cada vez más, una cuestión concreta.