El CEO de Shell es intimado penalmente por no reincorporar a despedido en la Planta Avellaneda

Desde el año pasado, al menos cinco trabajadores de la empresa Shell de Avellaneda luchan por su reinstalación en la planta de Villa Inflamable.

Activistas ambientales y sindicales, los despedidos denuncian que la decisión es parte de una importante persecución que realiza la firma multinacional en el marco de un intento de precarizar las condiciones laborales.

Pese a varios fallos que obligan a recuperar el cargo de los despedidos, por el momento no hubo avances, por lo cual la justicia tomó una medida inédita: acusará penalmente al CEO de la empresa por la falta de acatamiento a la orden anterior.

A esto se le suma multas diarias por no dejar entrar a los empleados, algo que no termina de torcer el brazo del empresariado.  El caso muestra que la conflictividad avanza en el sector industrial, al punto de ser responsable de casi el 70 por ciento de las protestas que se dieron en los últimos meses.

Así lo asegura un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que además estableció que despidos y cierres están en el top de  los reclamos laborales.

Por lógicas razones, la provincia de Buenos Aires se erige como el territorio más conflictivo, en el marco de una crisis que sigue avanzando a medida que el ajuste se sostiene y el malestar social y sindical crece.

Desde la elección de 2025 los conflictos no se detuvieron, afirma CEPA, sino que se recrudecieron y se registraron al menos 510 casos en todo el país. Del total, el 67,1 por ciento estuvo ligado a la Industria (principalmente sector textil, alimenticio, automotriz y metalúrgica y siderúrgica), seguido de comercio (14,3 por ciento), servicios (11,9 por ciento), construcción (3,8 por ciento) y sector primario (2,9 por ciento).

Los mayores problemas están vinculados a despidos (35,2 por ciento), crisis (20,5 por ciento), cierre (21,9 por ciento), suspensiones (9 por ciento), riesgo de cierre de empresas (5,7 por ciento), retiros voluntarios (2,9 por ciento), quiebra (1,9 por ciento), condiciones de trabajo y reducción de jornada (1 por ciento) y plantas paralizadas y ventas (0,5 por ciento).

Los conflictos se dieron principalmente en pymes (39,5 por ciento) y conglomerados extranjeros (29,5 por ciento), mientras que las empresas grandes contabilizaron el 18,6 por ciento de los casos, los grupos económicos 6,7 por ciento y las empresas estatales el 5,7 por ciento.

El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69 por ciento). Se registraron conflictos en las 24 provincias argentinas (23 provincias + CABA).

Sin embargo, la mayor cantidad de casos fue registrada en Buenos Aires (17,6 por ciento) La Rioja (13,3 por ciento), Santa Fe (11,4 por ciento), Córdoba (7,1 por ciento) Misiones (6,7 por ciento), San Juan (4,8 por ciento) y Corrientes (4,3 por ciento).

En el caso de Shell, la crisis industrial y la intención de la firma de disciplinar a sus empelados parecen ser la combinación que fomenta la crisis en la operadora local de la multinacional de los combustibles.

En el marco de una larga pelea que se da por el despido persecutorio de al menos cinco trabajadores y activistas de la planta de Villa Inflamable, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 40 emitió una intimación penal contra el presidente de la firma, Andrés Cavallari, exigiendo “la reincorporación definitiva” de uno de los cesanteados, Gustavo Michel.

Con esta “contundente resolución de la justicia, se intima penalmente a Andrés Cavallari, representación máxima de la compañía Shell Raizen, a qué cumpla con la reinstalación por la más varias faltas de incumplimiento de la empresa”, informaron desde la planta.

Varios fallos obligan a la reinstalación de estos empleados, pero la empresa hasta ahora se niega a cumplirlos, como el que logró Pablo Placeriani, que pese a esto sigue sin poder volver a su puesto laboral.  Michel forma parte de los trabajadores despedidos en enero de 2025 que denunciaron “persecución y discriminación laboral”.

En el mes de abril un fallo cautelar de reinstalación ordenó a la empresa su reinstalación, Pero la empresa se viene negando sistemáticamente, incluso desatendiendo la presencia del oficial de justicia de la oficina de mandamientos y notificaciones de Avellaneda.

“Nuestro conflicto vienen de hace rato, en mi caso tengo fallo de cámara a favor de la reinstalación pero la patronal lo sigue incumpliendo”, le explicó Michel a Política del Sur.

Por eso consideró “novedosa” la intimación penal contra el CEO de la empresa, para que acate el fallo. “La bronca es que tenemos que llegar a este tipo de instancias, por ahora no hay respuesta de Shell, esperamos que reaccionen con alguna maniobra legal, tratando de dilatar el tema”, agregó el trabajador.

Los despedidos de Shell estuvieron en la Plaza de Mayo junto a los empleados de FATE y otros sectores, reclamando que las empresas cumplan los fallos judiciales.

“Las patronales no cumplen los fallos judiciales, las conciliaciones, no cumplen nada, pero nosotros mostramos que tenemos razón”, destacó Michel.

A partir de estas luchas, se está formando un gran polo de resistencia, que en su momento fomentó una multisectorial en el sur del conurbano bonaerense para frenar el avance de estos conflictos.

Para visibilizar esta postura, se convocó a una reunión solidaria para resolver nuevas medidas, hoy jueves a las 17 en la Plaza Alsina de Avellaneda.

“La idea es mostrar todos los sectores que nos estamos apoyando, que nos estamos juntando para frenar el avance de las patronales”, afirmó Michel.

En cuanto al sector público, en los municipios estallaron conflictos en Villa Gesell, La Plata y Bahía Blanca. Todos vinculados al área de servicios y con resultados diferentes en cada distrito. A nivel provincial, los estatales mantienen su reclamo como así también los judiciales y docentes.

En general son demandas salariales, de pase a planta permanente y de mejoras laborales en general.  Lo que no deja de preocupar en el Gobierno es la reacción de los efectivos de la policía bonaerense que, al igual que los trabajadores estatales, se encuentran descontentos con los aumentos salariales.

De hecho, se lo hicieron saber al propio Axel Kicillof en un acto de graduación de agentes en la Escuela Vucetich con insultos al Gobernador propinados por los familiares de los uniformados.

Finalmente, los casi mil despidos de la planta de San Fernando de FATE es el conflicto insignia que repercute en los tres niveles del Estado. Sin respuestas de Nación, desde el SUTNA buscan acompañamiento de la Provincia mientras el impacto en el municipio se siente cada vez más, con familias que no logran sostener sus principales necesidades.