Intendentes alertan por falta de garrafas y medicamentos: la tensión social puede explotar

Si en el invierno, los sectores más vulnerables de la escala social no tienen una garrafa, la situación puede volar por los aires y no me imagino si llegan a faltar medicamentos, alertó un dirigente de Avellaneda en diálogo con Política del Sur.

En esa misma lógica, una fuente ministerial del gobierno de Axel Kicillof, trazó el mismo panorama en cuanto al ajuste que Milei insiste en sostener. Nada misterioso. Esa fue la consigna que intendentes de todo el país nucleados en le FAM fueron a advertirle al ministro de Economía, Luis Caputo.

La avanzada de los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) sobre el Ministerio de Economía expuso mucho más que un reclamo sectorial: dejó al descubierto la profundidad de la crisis territorial que empieza a desbordar a provincias y municipios, en un contexto de ajuste fiscal sostenido por la gestión de Luis Caputo.

“La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente”, dijo Katopodis. “El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS, que debía invertirse en el arreglo de rutas y caminos. Te cobran y se quedan con la plata, es un fraude”, añadió acompañado por sus pares de Gobierno, Carlos Bianco; de Hábitat, Silvina Batakis; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Estuvieron Iván Villagrán, Julián Álvarez, Damián Selci, Waldemar Giordano y Eva Mieri ael compañaron reclamo, junto a la diputada Mayra Mendoza y los intendentes Ricardo Marino (Patagones), Juanci Martínez (Rivadavia) y Javier Gastón (Chascomús), lo hicieron en representación del Frente Renovador. 

Las ausencias más llamativas fueron las de los intendentes del conurbano del denominado “Grupo AFA” como Gustavo Menéndez, Federico Otermín, Federico Achával y Gastón Granados.

Por su parte, los radicales bonaerenses también enviaron una comitiva compuesta por Lisandro Hourcade (Magdalena), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Martín Randazzo (General La Madrid) y Miguel Gargaglione (San Cayetano).

El encuentro —precedido por movilizaciones, presentaciones formales y un documento conjunto— se inscribe en una escalada de tensión entre los jefes comunales y el gobierno nacional. Los intendentes llegaron con una agenda concreta: caída de transferencias, paralización de obra pública, suba de costos y desplome de la actividad económica.

Pero detrás del reclamo formal subyace una preocupación más estructural: la inviabilidad del modelo económico en los territorios. Los municipios advierten que la combinación de recesión, ajuste y retracción del Estado nacional está generando una presión inédita sobre los servicios básicos. “Asfixia financiera”, fue el término elegido en el documento presentado ante el Palacio de Hacienda.

El diagnóstico coincide con lo que deslizan desde las provincias. Gobernadores y funcionarios bonaerenses alertan que el retiro progresivo de programas nacionales está generando un efecto cascada difícil de contener. Uno de los casos más sensibles es el sistema de salud: prestaciones que antes cubría PAMI empiezan a recaer sobre hospitales públicos provinciales, saturando estructuras ya debilitadas. Algo que públicamente pronunció el gobernador cordobés, Martín Llaryora.

En paralelo, los intendentes del conurbano bonaerense enfrentan un escenario aún más crítico. La eventual caída del programa Remediar —clave para el acceso a medicamentos gratuitos— abre un interrogante inquietante: cómo sostener la demanda sanitaria sin recursos propios. En muchos distritos, reconocen, no hay fondos “ni para comprar aspirinas”.

La situación social agrega otro componente explosivo. La eliminación o reducción de transferencias directas, como el plan de 75 mil pesos, tiene un impacto inmediato en los sectores más vulnerables. En términos concretos, ese ingreso representaba, por ejemplo, el equivalente a cuatro garrafas de 10 kilos para una familia pobre. La pregunta que circula en los despachos municipales es tan simple como alarmante: ¿quién absorberá ese costo ahora?

El trasfondo político también es relevante. La movida de la FAM —impulsada por intendentes de distinto signo político pero con fuerte presencia del peronismo— busca construir volumen frente a un gobierno que ha decidido sostener el superávit fiscal incluso a costa de recortar transferencias a provincias y municipios.

En ese marco, el reclamo no es solo económico sino también institucional. Los intendentes se posicionan como “el primer mostrador” del impacto social del ajuste, donde la macroeconomía se traduce en demandas concretas: alimentos, medicamentos, transporte y asistencia directa.

La incógnita hacia adelante es si el Gobierno nacional modificará su estrategia. Por ahora, las señales indican lo contrario: consolidación del ajuste, priorización del equilibrio fiscal y escasa apertura a recomponer partidas.

Sin embargo, la advertencia de los territorios empieza a sonar cada vez más fuerte. Sin inyección de recursos en la economía real, sostienen gobernadores e intendentes, el deterioro social podría acelerar un punto de quiebre. Y cuando eso ocurre, la crisis deja de ser fiscal para convertirse, inevitablemente, en política.

Increíblemente, hay voces en el gobierno nacional que sueñan con el Mundial de Fútbol caliente el invierno, pero si Argentina no sale campeón y el frío aumenta como la inflación tal vez Milei necesite un verdadero Messi en economía, dicen algunos dirigentes de la Libertad Avanza.