En el marco de la discusión que se avizora en la Legislatura bonaerense durante este año, el reparto de los fondos a los municipios comienza a ocupar una parte relevante de la escena.
En rigor, alcaldes radicales presionaron recientemente pidiéndole al gobierno de Axel Kicillof que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal,asignados a los municipios producto de las negociaciones por la toma de deuda del Ejecutivo, puedan utilizarse con el criterio de libre disponibilidad y no queden sujetos a determinados programa u obras pactadas de antemano.
De igual modo, el ministro de Gobierno Carlos Bianco contestó lapidario al pedido de los alcaldes boina blanca: esa cuestión debe ser abordada específicamente por la Legislatura que trabajó la normativa que fue refrendada en diciembre pasado.
En este contexto, desde el abadismo recogieron el guante de la promesa de Axel Kicillof de que si logra que le devuelvan los fondos que fueron recortados por la administración de Javier Milei los coparticiparía a los municipios.
El titular del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto de Ley que impulsa que el monto adeudado por la Nación, del orden de los 750 millones de pesos, sea incorporado formalmente a la Ley de Régimen de Coparticipación.
En rigor, la propuesta contempla la inclusión de la totalidad de las deudas que el Estado Nacional mantenga con la provincia de Buenos Aires cualquiera sea su origen, con excepción de las provenientes del Fondo Nacional de Incentivo Docente, las que una vez percibidas serán automáticamente giradas a los municipios.
En su argumentación, Garciarena hace hincapié en que la incorporación automática de estas acreencias al régimen de coparticipación contribuye a mejorar la capacidad financiera de los municipios permitiéndole afrontar con mejores herramientas las crecientes demandas sociales, económicas y de infraestructura, en un contexto de restricciones presupuestarias y aumento de responsabilidades.
Desde el abadismo entienden que una propuesta de distribución automática de los recursos que adeuda la Nación ayudará de cierto modo a consolidar un esquema de financiamiento más justo, que contribuya al fortalecimiento de las autonomías municipales, evitando situaciones de discrecionalidad en la asignación de recursos y garantizando reglas claras, objetivas y previsibles.
Este sector del radicalismo se encuentra totalmente confraternizado con la temática de las autonomías municipales.
Vale recordar que hace unos días, en el marco de una reunión del senador nacional con sus alfiles legislativos, Diego Garciarena en Diputados y Nerina Neumann en el Senado, acordaron darle impulso en el marco de la discusión por la reforma política, no solo a la implementación de la BUP en el sistema electoral bonaerense, sino también a la petición de una reforma parcial de la Constitución provincial por la vía del Parlamento para poder dotar de mayor autonomía a los distritos.
El radicalismo abadista propone en sus iniciativas de autonomía municipal que los jefes comunales puedan ser beneficiados por una mayor descentralización de los recursos para una gestión más eficiente.
Entienden que una distribución más equitativa de los recursos públicos fortalece de cierta manera el rol actual de los municipios como actores centrales en lo que compete a la gestión territorial, además de consolidar un esquema más justo y equitativo.
Asimismo, suponen que un esquema de mayor autonomía municipal contribuirá progresivamente a consolidar un sistema de menos dependencia del Poder Ejecutivo provincial.
De igual modo, desde el abadismo consideran indispensable avanzar en la construcciónde un sistema en el cuál los gobiernos locales no deban recurrir sistemáticamente a gestiones permanentes para acceder a recursos que les corresponden, sino que ellos se encuentren garantizados por reglas claras, estables y equitativas.