La motosierra sigue encendida: La parálisis estatal muestra efectos más cotidianos

“La motosierra sigue encendida”. En una reciente entre vista en la TV Pública, el presidente Javier Milei ratificó la política de ajuste en el Estado, ya que consideró que “no resigna” el equilibrio fiscal. En estos más de dos años de gestión, el gobierno puso énfasis especial en la reducción de la administración pública, algo que parecía una “doctrina de shock”, pero que ahora se volvió una política constante.

Para esto fue creado el Ministerio de Desregulación, que para este año puso en su vara muy alta: reducir un 10 por ciento la plantilla actual. Esto implica, sin dudas, una nueva oleada de despidos, que en algunos casos deja a las dependencias casi inoperativas. Así lo vienen alertando trabajadores del SENASA, ANMAT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Vialidad Nacional por nombrar las más importantes.

En esta nueva etapa de la motosierra, los efectos están más a la vista, más cotidianos o cercanos a la gente. Porque si en una primera etapa el ataque se centró en dependencias con prestigio y trayectoria, pero cuyo funcionamiento puede considerarse lejano a la población –ARSAT, CONICET, INTI, por nombrar algunos –en esta etapa los efectos impactan “en la diaria”. Así, comenzaron a darse demoras de hasta 90 días en la entrega de documentos, alertan por falta de controles en transportes de egresados o vuelven los escándalos por el descontrol en los medicamentos. Consecuencias que están a la vista de todo.

Uno de los casos que expuso ante la sociedad los efectos del ajuste está en la entrega de documentos. En febrero de este año comenzó a regir el nuevo DNI, que se irá cambiando de manera paulatina según un cronograma establecido por el RENAPER. La nueva documentación tiene una tecnología compatible con aplicaciones y las nuevas formas de identificación, según se informó. Pero desde hace un tiempo, los siete días hábiles que tardaba la entrega se perdieron, y hay demoras de 60 a 90 días, en casos extremos. Esto porque en el registro se despidieron unos 800 trabajadores, según confirmaron a Política del Sur fuentes del sector.

El problema comenzó con el achicamiento del lugar, y se potenció con una interna vinculada al oficialismo, ya que el nuevo director es alguien cercano a Diego Santilli, y no cuenta con aval de buena parte del gobierno. “Le tiraron la puesta en marcha de los nuevos documentos, sin pruebas, con personal cansado, mal pago y sin experiencia”, agregaron las fuentes. Por eso, lo que antes funcionaba bien para la gente, se volvió un problema.

Algo similar pasa en Migraciones, donde también hubo ajuste, en ese caso la salida de personal calificado. Esto trajo como consecuencia el problema en una tanda importante de pasaportes el año pasado, que salieron con fallas de seguridad y tuvieron que ser reimpresos.

Otro caso de ajuste “que se ve” es el que sufre la CNRT. La motosierra no solo aplica respecto de los despidos o la falta de recursos, sino además a las transformaciones. En este caso, el gobierno pretende transferir algunas funciones esenciales de la comisión a Gendarmería Nacional, lo que tendrá un impacto muy fuerte en su estructura. Esta decisión, alertaron desde ATE en el organismo, no solo implica “un cambio administrativo, significa el desmantelamiento del control de los servicios de transporte de pasajeros y cargas en todo el país, ya que la Gendarmería podría fiscalizar únicamente en rutas nacionales, autopistas y semi-autopistas”.

La CNRT es un organismo especializado, con presencia en todo el territorio nacional a través de 45 sedes, cuya función principal es garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los servicios de transporte automotor y ferroviario. Su rol es insustituible. Entre las tareas que se dejarán de hacer, se encuentran el fin de los controlar servicios de pasajeros y cargas en rutas provinciales, terminales de ómnibus y de combis; los viajes estudiantiles, de egresados y de jubilados saldrán a la ruta sin controles previos; los controles psicofísicos, de alcoholemia y sustancias en conductores.

Además, la eventual transferencia de funciones implicaría el cierre de las 45 sedes de la CNRT, poniendo en peligro la seguridad en las rutas y dejando sin atención a miles de usuarios en todo el país. También se debilitarán herramientas clave para la búsqueda de personas perdidas, prófugas, víctimas de trata y menores, como la alerta Sofí.

Si un micro sin controlar es un peligro, que viaje en rutas sin mantenimiento hace el combo especialmente peligroso. Es que el ajuste en Vialidad Nacional deja a los caminos en situaciones de mucha peligrosidad. Así lo denuncia la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que esta semana realizó una protesta para denunciar la pérdida de puestos de trabajo y de capacidades técnicas del organismo en el marco de un proceso de “vaciamiento del organismo”.

FEPEVINA se pronunció en el marco de los retiros voluntarios impulsados por el gobierno nacional en el organismo, al advertir que esta situación afecta el mantenimiento de rutas y la seguridad vial, en un contexto donde “más del 70 por ciento de la red vial nacional se encuentra en un estado regular a malo”. Desde la puerta de Vialidad Nacional, durante una jornada de micrófono abierto, el Secretario Gremial de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, señaló: “Hoy estamos acá en la puerta de Vialidad Nacional en el marco del plan de retiros voluntarios que hoy están firmando los trabajadores y trabajadoras donde se está perdiendo el 15 por ciento de la dotación del personal”.

En ese sentido, señaló que se concretaron “620 retiros voluntarios en el marco de un proceso de vaciamiento del organismo”. Al respecto, el dirigente advirtió sobre la pérdida de capacidades estratégicas en el organismo: “Hoy se pierden recursos estratégicos como hablar de ingenieros, de personal técnico altamente calificado, topógrafos, laboratoristas, todo aquello que hace al quehacer y a la estructura medular de Vialidad”.

Cattanzaro vinculó esta situación con el estado de la infraestructura: “Hoy se ve altamente afectado por el parate de la obra pública pero también esta es la otra cara del vaciamiento, no solamente del vaciamiento financiero y económico del organismo, sino de sus cuadros técnicos especializados”.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida de FEPEVINA (@fepevinaprensa)

Otras dos agencias claves están en proceso de achicamiento. El cierre de agencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los despidos proyectados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) configuran un escenario que impacta de lleno en el entramado productivo, científico y de prevención de riesgos climáticos en el principal distrito agropecuario del país. Las decisiones se inscriben en una reestructuración más amplia del Estado que, en el caso del INTA, apunta a reducir su despliegue territorial y avanzar con la venta de activos. En paralelo, el recorte en el SMN amenaza con afectar la operatividad de un sistema clave para la anticipación de fenómenos extremos.

El Consejo Directivo del INTA aprobó el cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER), de las cuales 11 están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. En el norte bonaerense dejarán de operar las sedes de Vedia y Rojas, mientras que en el sur el recorte alcanza a Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.

En paralelo, el ajuste alcanza al Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajadores denuncian la inminente concreción de 240 despidos, lo que representaría cerca del 25 por ciento de la planta. De un total actual de 972 empleados, el organismo podría quedar con poco más de 500. El impacto se extiende tanto a la sede central como a las estaciones del interior, incluidas las de Buenos Aires. En La Plata, donde funciona una estación clave, crece la incertidumbre sobre la continuidad operativa, al igual que en otras localidades como Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio.

Desde ATE advirtieron que el recorte “dejará al país sin alertas cuando más se necesitan”, al afectar la precisión y la capacidad de respuesta ante fenómenos severos, como las lluvias que volvieron a azotar al campo bonaerense en los últimos días y complicar los caminos rurales.