Diego Kravetz, arrinconado por la Ley de Inteligencia y la interna en el triángulo de hierro

La proyección de Diego Kravetz como posible candidato a intendente de Lanús en 2027 comienza a tensarse antes de tiempo. Dos fuerzas, simultáneas y potencialmente contradictorias parecen cercar su construcción política: por un lado, los límites que impone la Ley de Inteligencia Nacional 25.520; y por otro, la feroz interna en el oficialismo, donde el llamado “triángulo de hierro” atraviesa una etapa de reconfiguración.

En el centro de esa disputa se ubican Karina Milei, Santiago Caputo y el propio entorno presidencial. Kravetz, identificado con el armado de Caputo dentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aparece hoy en una posición incómoda frente al avance sostenido del karinismo sobre áreas clave del poder.

La metáfora que circula en despachos oficiales es elocuente: Karina Milei quiere la SIDE y todo el poder que concentra Santiago Caputo. En ese tablero, el eventual desembarco del menemista Jorge Anzorreguy —“Corcho” (hombre de Martín Menem y sobrino de don Hugo a cargo de Inteligencia en los ´90)— es la pieza para desplazar el actual esquema operativo que no solo implicaría un cambio de nombres, sino una alteración profunda en los equilibrios internos de poder.

Aunque ese movimiento todavía no se concretó —y el propio Anzorreguy habría rechazado el ofrecimiento—, la señal política es clara: el control de la inteligencia está en disputa. Y en ese contexto, figuras como Kravetz quedan expuestas. Su cercanía a Caputo, que hasta hace poco era un activo, podría transformarse en un pasivo si el reordenamiento interno avanza.

Pero la presión sobre Kravetz no proviene únicamente de la interna oficialista. Su rol dentro de la SIDE abre otro frente igual de delicado: el legal. La Ley de Inteligencia Nacional 25.520 establece límites precisos sobre la actividad de los funcionarios del área. En particular, prohíbe de manera explícita cualquier tipo de participación en política partidaria.

El artículo 4, inciso 4 de la norma es contundente: “Ningún órgano u organismo de inteligencia  podrá Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

En este marco, cualquier intento de Kravetz por construir una candidatura en Lanús entra en una zona gris. Incluso si no formaliza una postulación en el corto plazo, la sola acumulación de poder territorial o la intervención indirecta en la dinámica política local podría ser interpretada como una violación del espíritu de la ley.

Pero esa tensión no es abstracta. En las últimas semanas, el intendente de Lanús Julián Álvarez lo señaló públicamente por su presunta influencia en una movilización vinculada a la inseguridad en el distrito. Más allá de la veracidad o no de esa acusación, el episodio expuso el principal dilema de Kravetz: cómo construir poder político sin quedar atrapado en una incompatibilidad legal.

Y este caso en particular, si la denuncia del intendente se hace efectiva y si la Justicia pudiera probar la participación de Kravetz en el supuesto armado de una marcha de socio-política, los jueces tendrían que interpretar el alcance de la misma Ley de Inteligencia que establece en el artículo 43, que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”.

La combinación de estos factores configura un escenario complejo. Por un lado, la interna del oficialismo redefine alianzas y deja a Kravetz en una posición defensiva frente al avance de Karina Milei que en Lanús, tiene a su propio candidato que es el concejal Nacho Moroni. Por otro, el marco normativo de la inteligencia limita su margen de acción si pretende proyectarse electoralmente y ahora además se ve envuelto en una trampa penal por la acusación del gobierno lanusense.

En ese cruce de presiones, su eventual candidatura a intendente en 2027 aparece condicionada desde el origen. Para avanzar, Kravetz debería resolver una ecuación difícil: o se despega de su rol en la SIDE para construir legitimidad política sin cuestionamientos, o apuesta a sostener su lugar en el aparato de inteligencia, resignando —al menos por ahora— sus aspiraciones territoriales.

El problema es que el tiempo político no suele ofrecer demasiadas pausas. Mientras el “triángulo de hierro” redefine su equilibrio interno, los liderazgos locales también empiezan a consolidarse y/o a diluirse. Y en Lanús, ese proceso ya está en marcha.

Así, más que una plataforma de lanzamiento, la SIDE podría convertirse en una jaula para Kravetz. Una estructura que le dio poder, pero que, bajo la lupa de la ley y en medio de una disputa feroz por el control político, amenaza con dejarlo arrinconado antes de siquiera largar la carrera.