Rechazo gremial al proyecto que propone el Gobierno

Con apoyo de toda la comunidad educativa, los gremios universitarios lograron en 2025 aprobar una ley que no sólo garantiza un mejor presupuesto para el sector, sino que establece una nueva forma de calcular las paritarias.

La idea de la iniciativa fue romper el congelamiento de ingresos establecido por el gobierno para docentes y nodocentes, una medida que generó la pérdida salarial más importante de las últimas décadas.

Pese al amplio respaldo, que incluyó los votos para su aprobación y para rechazar el veto presidencial, la gestión libertaria insiste en desconocer la norma. Es más, antes que cierren las sesiones ordinarias, se presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante esto, hubo una importante reacción, y comenzó un nuevo plan de lucha que pone en peligro el inicio de clases. De hecho, el gremio mayoritario CONADU anunció que desde el 16 de marzo hará una semana de protestas, para pedir que se cumpla con lo que establece la ley vigente.

Los gremios rechazan la iniciativa porque no reconoce la importante deuda salarial que dejó el “techo Caputo”, respecto al modelo de paritarias que decidió dar aumentos sin negociación a los estatales en torno del 1-1,5 por ciento.

“Vamos a seguir pidiendo por los salarios y el cumplimiento de la actual ley”, recordaron desde la Federación de Docentes de las universidades (FEDUN).

El nuevo proyecto para garantizar el financiamiento universitario ya se encuentra en el Congreso, y es la respuesta del gobierno a los reclamos de los gremios a la falta de cumplimiento de la normativa vigente, que incluso generó un fallo judicial contra los funcionarios que no la pusieron en práctica.

Así, el gobierno pretende cambiar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, ratificada en octubre de 2025 tras el intento de veto de Javier Milei.

El informe reciente del Centro CIEN y el gremio FEDUBA sobre el financiamiento universitario analizó el impacto que tendría la reforma de la norma, y alertó por su impacto negativo en los ingresos.

“Para cumplir con la recomposición salarial y presupuestaria prevista por la Ley 27.795, sería necesario incrementar en 2026 al menos 3,1 billones de pesos las partidas destinadas a salarios, funcionamiento, hospitales universitarios y becas, equivalente al 2,1 por ciento del presupuesto nacional”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

“Básicamente el proyecto da por tierra con toda la deuda salarial que el gobierno contrajo con los docentes y no docentes en el año 2024 y 2025, sobre todo 2024, que fue el momento de mayor pérdida salarial producto de la devaluación que provocó Milei, y ofrecernos como contrapartida solo un 12 por ciento a pagar en tres cuotas cuando la ley vigente establece un piso del 50 por ciento de recomposición que sería lo que necesitaríamos para volver al poder adquisitivo del año 2023”m señaló el trabajo.  

A diferencia de la ley sancionada, recalcó el trabajo conjunto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso “no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, propone aumentos parciales del 4, por ciento en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento”.

Esto resulta en “una profundización del ajuste a las universidades y particularmente al salario docente”. En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de 2,7 billones de pesos a las partidas salariales (+63,68 por ciento) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo “reduce dicha suma a 187.744 pesos (4,3 por ciento), lo que implica una diferencia de 2,5 billones de pesos que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública”.

De sostenerse la propuesta del Poder Ejecutivo para 2026, bajo las proyecciones de inflación publicadas en el REM, “la pérdida salarial podría ampliarse en aproximadamente 6 puntos porcentuales adicionales, consolidando una reducción cercana al 37 por ciento frente al nivel previo a diciembre de 2023”.

En cambio, la aplicación plena de la Ley 27.795 “permitiría recomponer el poder adquisitivo de los salarios a niveles similares a los observados en noviembre de 2023”. En términos fiscales, representa poco más del 2 por ciento del presupuesto nacional.

“En términos institucionales, sociales y productivos, implica decidir si el sistema universitario argentino recupera la capacidad de sostener salarios, investigación y extensión con estándares de calidad, o si se consolida un proceso de desfinanciamiento que erosiona progresivamente uno de los principales activos públicos del país”, concluyó CIEN y FEDUBA.

Ante la presentación de la nueva ley, el Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió para consensuar un plan de lucha, y evitar que se termine cambiando esta política que consensuaron los docentes y nodocentes con rectores y organizaciones estudiantiles.

Los gremios del sector realizaron distintas medidas en estos días, y expresaron su rechazo a este nuevo avance del gobierno de Javier Milei. Además, se acordó profundizar los reclamos, tanto por que se cumpla la ley como por la apertura de paritarias. Además, se insiste con el rechazo a la reforma laboral.

Una de las medidas fue marchar con la CGT el lunes a tribunales, para rechazar la reforma laboral. Según le contó a Política del Sur el titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) Daniel Ricci, “a demás de explorar este tipo de medidas, se seguirá pidiendo “por la reapertura de paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Según datos del gremio, el sector lleva 15 meses seguidos de pérdida salarial, lo que ubicó la retracción de los salarios en la peor marca de la historia: 51,43 por ciento. Además de estos pedidos, Ricci ratificó el rechazo a la reforma laboral.

“Se trata de reducir aún más el salario real e imponer condiciones laborales cada vez más precarias, debilitar y fragmentar la organización sindical en la negociación colectiva y la acción gremial, e incrementar las ganancias empresarias con una fenomenal transferencia de ingresos, que por experiencia sabemos no aumentará la inversión sino la fuga de capitales”, sostuvo.

Entre 2023 y 2025, el presupuesto destinado a la educación superior cayó un 28,9 por ciento en términos reales, en el marco de la política de ajuste fiscal implementada por el gobierno de Javier Milei.

Dado que el aproximadamente 88 por ciento de los recursos se destina al pago de salarios docentes y no docentes, este ajuste recayó principalmente sobre los trabajadores: casi 25 de los 28,9 puntos de ajuste se explican por menores remuneraciones al personal universitario. A noviembre de 2025, el salario docente y no docente exhibe una caída del 31 por ciento respecto de noviembre de 2023, ubicándose entre los más afectados de la economía, por debajo del salario público.

En perspectiva histórica, el salario de un profesor adjunto con dedicación simple cayó cerca del 50 por ciento respecto de 2015, medido a precios constantes. En lo que respecta a la partida de funcionamiento universitario, esta cayó un 22,7 por ciento real en 2025 respecto a 2024. Si bien la asistencia a hospitales universitarios registró incrementos reales, representa apenas el 1,1 por ciento del presupuesto total.

El programa de becas a estudiantes Progresar, por su parte, redujo un 62,4 por ciento la cantidad de beneficiarios entre 2023 y 2025, mientras que el poder adquisitivo del estipendio cayó 46,5 por ciento, permaneciendo congelado en 35 mil pesos desde septiembre de 2024. Para que el monto recupere el poder adquisitivo de diciembre de 2023 serían necesarios 187.115 millones de pesos adicionales, un incremento del 63,7 por ciento respecto del presupuesto actual.