Los gremios se movilizaron en medio de represión pero la reforma obtuvo media sanción en el Senado

A medida que las columnas llegaban a la Plaza de los dos Congresos, a partir del mediodía, la sensación que se vivía era de “cosa juzgada”. Desde temprano, el gobierno nacional anunció un “principio de acuerdo” con gobernadores para lograr la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa que incluyó concesiones la CGT, como mantener por dos años la cuota solidaria y los porcentajes de aportes a las obras sociales. Más allá de la multitudinaria marcha –desdibujada por momentos por incidentes aislados provocados por grupos minoritarios –el tema pareció siempre definido.

El gobierno de Javier Milei está cerca de ratificar su buen proceso político, que comenzó con el triunfo legislativo, y está más cerca de su Ley de Modernización Laboral. Ni las marchas en el interior, ni los paros lanzados por buena parte del arco sindical alcanzaron para frenar el proyecto del oficialismo, que pese a las modificaciones sigue siendo especialmente criticada por especialistas y dirigentes sindicales. Desde la CGT apuntaron hasta último momento para lograr acuerdos, y pese a las presiones de los sectores combativos mantuvo su estrategia, que ya adelantaron que seguirá si se aprueba finalmente la propuesta, por la vía judicial.

De aprobarse la normativa, que obtuvo media sanción en el Senado, se puede profundizar la grieta en un movimiento obrero atomizado, que no pudo articular una respuesta concreta ni política ni sindical, y ahora debe buscar como apaciguar el impacto de la derrota.

La marcha de los  gremios y diversos sectores contra la reforma laboral estuvo marcada por la desarticulación. Las versiones de un acto central o la lectura de un documento circularon en la precio a la convocatoria, pero los incidentes temprano fueron desdibujando ese cronograma.

Incluso se habló de la llegada del triunvirato de la CGT a la marcha cerca de las 15, pero la columna de la central obrera retrocedió ante los ataques a la policía cerca de esa hora, lo que disuadió a los dirigentes. Antes, la central obrera buscó darle protagonismo a la jornada, y salió a pedirle a los senadores que actúen “con responsabilidad”, al advertir que el proyecto del oficialismo “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”. “Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre”, advirtió la entidad de la calle Azopardo en un comunicado que difundió antes del inicio de la marcha.

La CGT recordó que “cada legislador tiene un compromiso no solo con el normal funcionamiento de la educación, la salud y la justicia de su provincia, sino también con cada laburante, cuyo futuro está ahora en sus manos”. “Esta central obrera se expresa en las calles contra la pretendida ley de modernización laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional: sin soluciones a la vista para los trabajadores, sin acuerdo de los sectores involucrados”, cerraron en la previa.

La CGT sostuvo que la iniciativa tiene “dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores”. “Una vez más la defensa de la dignidad y las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras nos encuentra en las calles de todo el país. Es nuestro deber y responsabilidad expresar nuestro más absoluto rechazo a esta ley que solo traerá contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario”, continuaron. Y agregaron que “una reforma de esta magnitud requiere del trabajo conjunto de todos los actores, para construir soluciones reales a los desafíos que plantea esta etapa de nuestro país”.

En tanto, el oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2 por ciento de los salarios. Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.

Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos. Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

La marcha se fue desdibujando cuando manifestantes de sectores ajenos a la CGT comenzaron a derribar vallas y a romper las veredas con martillos para lanzar pedradas a los efectivos policiales que estaba a cargo de la seguridad. Luego comenzaron a armar bombas molotov con botellas, trapos y combustible, que arrojaron contra el vallado y la ubicación de los uniformados, quienes respondieron con balas de goma y lanzando agua con carros hidrantes.

Promediando la tarde, y cuando ya se estaba iniciando la desconcentración, se reportaron al menos siete detenidos por los desmanes y cuatro policías heridos, confirmaron fuentes policiales. En tanto, había versiones cruzadas sobre la eventual realización de un acto de los dirigentes cegetistas durante la marcha o, al menos, la lectura del comunicado que dieron a conocer en sus redes sociales.

Algunos fuentes señalaron que eso estaba previsto y que se debió levantar por los incidentes que provocó la izquierda, mientras que otros voceros indicaron que sólo se iba a marchar. No obstante, no es la primera vez que una marcha de la CGT termina teniendo como protagonista los incidentes provocados por los sectores de izquierda: aún está fresco el antecedente del atril con el logo de la entidad de la calle Azopardo que fue destrozado por manifestantes mientras los jefes de la central huían del lugar flanqueados por afiliados que oficiaban de guardaespaldas.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) expresaron públicamente su solidaridad con la movilización contra la reforma laboral convocada por las centrales sindicales afiliadas en Argentina.

Según el comunicado difundido por la CSI, ambas organizaciones respaldan “la lucha de los sindicatos” en defensa de los derechos laborales. En el documento, las centrales advierten que la reforma laboral representa un retroceso en las garantías históricas de la clase trabajadora y reafirmaron su acompañamiento a las organizaciones sindicales argentinas en sus acciones de protesta.

Según la CSI y la CSA, la reforma laboral contempla medidas que “debilitan la negociación colectiva, amplían la precarización y reducen la protección frente al despido”, además de introducir cambios que afectarían la estabilidad en el empleo y el ejercicio pleno de la libertad sindical. Las centrales sostienen que estas modificaciones forman parte de una agenda de desregulación que impacta de manera directa en las condiciones de trabajo.

El comunicado señala además que las centrales internacionales consideran fundamental preservar el marco de derechos laborales vigentes y subrayan la importancia de la movilización sindical como herramienta legítima de expresión democrática. En ese sentido, reiteraron su apoyo a las centrales afiliadas que impulsan jornadas de protesta en varios puntos del país. La CSI y la CSA destacaron que la defensa de los derechos laborales forma parte de su agenda regional e internacional, y remarcaron que seguirán acompañando los procesos de organización y movilización frente a iniciativas.