La estructura del Ministerio de Salud nacional sufrió a fines de enero de este año un nuevo golpe, con el despido de al menos220 empelados. El ajuste sobre el sector sanitario es una constante en los dos primeros años de gestión libertaria, y los gremios de trabajadores y profesionales apuntan a Mario Lugones, el referente del gobierno que llegó para aplicar una brutal motosierra.
Las consecuencias del achicamiento son entre otras cuestiones direcciones y programas virtualmente paralizados, sin capacidad de respuesta por falta de personal y recursos. Este proceso de desarticulación genera problemáticas concretas, como la baja histórica en los índices de aplicación de las vacunas del Calendario Oficial, un tema que alarma a los especialistas.
Además, otros factores graves ponen en peligro conquistas casi permanentes del sistema de salud del país. Una de ellas es el freno a un proceso de 15 años consecutivos de baja de la mortalidad infantil, algo que sucedió en 2024, según los datos oficiales. Ese año, las muertes de recién nacidos crecieron respecto al año anterior, lo que cortó una disminución ininterrumpida desde el 2009.
La gravedad del hecho generó que la cartera sanitaria eliminara el informe oficial, pero trabajadores y profesionales, junto con entidades científicas, siguieron difundiendo las cifras, y las pusieron como ejemplo de las consecuencias cuando se desfinancia el sistema de atención.
La tasa de mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos en 2024, por primera vez desde 2002, pasando de 8 a 8,5 cada mil nacidos vivos, según el informe de Estadísticas Vitales publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. En períodos anteriores (2006-2007, 2018-2019, 2021-2022) había aumentado 0,4. Según el último boletín de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), aumentó un 0,5 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y neonatal, considerada el indicador más sensible de la situación social de un país: pasó de 8 por mil en 2023 (el número más bajo registrado) a 8,5 en 2024.
De acuerdo al anuario de Estadísticas Vitales 2024, es decir, el mapa de los nacimientos y defunciones del país agrupados por edad, género, ubicación geográfica y causa de muerte durante el 2023, con 460.902 nacidos vivos, fallecieron 3.689 menores de un año; en 2024, con 413.135, ese número fue de 3.513. Hubo unos 47 mil nacimientos menos, pero si hubiera habido la misma cantidad, hubieran ocurrido 220 muertes infantiles adicionales.
La tasa de mortalidad infantil (TMI) expresa cuántos bebés mueren antes de cumplir un año por cada mil que nacen vivos en un año determinado. La nutrición, el acceso al agua potable, la vacunación o la atención primaria suelen ser las barreras de protección que fallaron para que la cifra suba.
El reporte, que abarca el primer año completo de gestión del gobierno nacional de La Libertad Avanza, revela un deterioro generalizado: la tasa país aumentó 0,5 puntos, pasando de 8 a 8,5, lo que marca el quiebre de una tendencia descendente que se sostenía desde 2002. El informe oficial, que inicialmente fue publicado y luego borrado de los canales del Ministerio de Salud pero al cual puso acceder Política del Sur, expone también un debilitamiento en el rol rector de la cartera sanitaria nacional.
En las provincias, la situación fue dispar. Mientras que 16 provincias registraron aumentos en sus tasas de mortalidad infantil entre los trienios 2021-2023 y 2022-2024, 8 jurisdicciones lograron reducirlas. En el desagregado, Corrientes, Chaco y La Rioja encabezan las estadísticas, con la mayor tasa de mortalidad infantil del país.
Este indicador mide las muertes de menores de un año, divididas en neonatales (primeros 27 días de vida, vinculadas a condiciones congénitas y atención del parto) y posneonatales (del día 28 al año, relacionadas con condiciones ambientales y socioeconómicas). En la zona "roja" de las provincias se ubicó Corrientes (con una tasa de 14), Chaco (11,8) y La Rioja (11.7). Detrás de La Rioja aparecen Formosa y Santiago del Estero (ambas con 10,7). En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires ostenta la tasa más baja con 4,9.
Para el especialista, las cifras de 2024 "son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias", en un contexto de crisis que se agravó en el último tiempo. Por su parte, desde la Fundación Soberanía Sanitaria advirtieron sobre el impacto del desempleo y las condiciones laborales en el acceso al sistema de salud. "Es probable que ante estas dificultades los controles de salud en general disminuyan y el contacto con el sistema se dé ante situaciones agudas por guardia", señalaron.
En la Argentina, explicaron desde la entidad, la trayectoria histórica de la mortalidad infantil “ha mostrado una estrecha vinculación con los distintos modelos económicos y sociales”. “Los períodos de expansión del empleo, fortalecimiento del sistema de salud y ampliación de políticas de protección social se han asociado con descensos sostenidos del indicador, mientras que los ciclos de ajuste, desinversión estatal y deterioro de las condiciones de vida han coincidido con estancamientos o aumentos en la tasa”, resaltaron en un documento al que tuvo acceso Política del Sur.
Las políticas de ajuste que ejecutan los gobiernos liberales en nuestro país, tienen impacto en la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones de vida. A su vez, suelen incluir la desinversión del sector público en general y de salud en particular. El conjunto de decisiones que se toman en materia de política económica tienen su correlato en la salud de la población y la mortalidad infantil es un indicador “privilegiado” de su impacto.
“Los gobiernos neoliberales de los 90 y comienzos de 2000 produjeron una inversión de la pendiente de descenso esperada para ese indicador, llegando a crecer la mortalidad infantil de un 16,3/1.000 en 2001 a un 16,8/1.000 en 2002”, resaltaron. Desde entonces, “la apuesta por la justicia social y las políticas implementadas entre 2003 y 2015 , como el aumento del empleo, la mejora salarial a través de las paritarias, la AUH y AUE, la incorporación de nuevas vacunas gratuitas y obligatorias al calendario nacional, la implementación del plan nacional de reducción de la mortalidad materno infantil, entre otras, no solo han logrado revertir esa situación, sino que han generado un índice de mortalidad infantil que se acercó al de los países más desarrollados del mundo”.
Durante ese período, la tasa de mortalidad infantil en el país disminuyó un 42 por ciento, pasando del 16,8 en 2002 a un 9,7 en 2015. “Esa baja histórica se ha consolidado los años siguientes a excepción del 2019, último de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, cuando luego de 12 años de descenso ininterrumpido aumenta de 8,8 a 9,2”, agregaron. En el actual contexto de crisis económica y social, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso.
Es probable que ante estas dificultades los controles de salud en general disminuyan y el contacto con el sistema se de ante situaciones agudas por guardia. Del mismo modo, la precarización de las condiciones de vida de gran parte de la población y sobretodo de aquella en situación de mayor vulnerabilidad puede estar generando dificultades para que las personas gestantes puedan hacer los controles del embarazo necesarios para garantizar llegar al parto en las mejores condiciones sanitarias posibles. “Resulta probable que esta sea parte de la explicación del aumento en la mortalidad infantil neonatal que se dio en 2024”, concluyeron.